Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
“Me denunciaron ante la Fiscalía General de la República por llevar médicos y enfermeros a las colonias de Chihuahua”, dice la legisladora morenista, quien se sale por la tangente con un chiste.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
Hace un rato panistas la denunciaron por adelantarse a los tiempos de campaña por Chihuahua.
EMEEQUIS.– La senadora morenista Andrea Chávez respondió a la denuncia en su contra interpuesta ante la FGR por actos anticipados de campaña y el uso indebido de recursos públicos.
“Hace unos minutos, los panistas corruptos me denunciaron ante la Fiscalía General de la República por llevar médicos y enfermeros a las colonias de Chihuahua, y ¿qué creen? Mis poderosos amigos espías me enviaron, en exclusiva, el video de la reunión que tuvieron después, acá se los muestro”, dijo la legisladora en un video subido a sus redes sociales.
A continuación, puso un fragmento de la película animada Ratatouille, en donde se ve a tres ratas. Una de ellas, Remy, dice el siguiente diálogo: “Somos lo que somos, somos ratas”.
En el copy de la publicación, la chihuahuense también dijo: “Hace unos minutos, todo el circo panista se reunió en la Fiscalía para denunciarme por llevar médicos a las colonias. En el distinguido elenco se encontraba el líder del Cártel Inmobiliario, un golpeador de mujeres, la sobrina de Calderón y la eterna pluri”.
Este martes, el Partido Acción Nacional (PAN), a través de su presidente nacional, Jorge Romero, presentó una denuncia formal ante la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero contra la Chávez por presuntos actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos en Chihuahua.
La acusación surge a raíz de la utilización de ambulancias rotuladas con su imagen, las cuales serían parte de una estrategia de promoción electoral fuera de los plazos establecidos por la ley. Estas unidades han sido vinculadas a su iniciativa “Caravanas de la Salud”.
Las ambulancias en cuestión, que prestan servicios médicos gratuitos en comunidades vulnerables de Chihuahua, llevan la imagen de Chávez, lo que ha generado sospechas de que las está utilizando para fines electorales.
El PAN considera que este uso es ilegal, ya que se estaría promocionando de manera anticipada con recursos públicos. Según los acusadores, este tipo de acciones violan la normativa que prohíbe el uso de bienes y recursos del gobierno para fines políticos fuera de los periodos electorales.
La denuncia también aborda los presuntos donativos que Chávez ha recibido para la implementación de las “Caravanas de la Salud”. Se mencionó que la senadora podría estar involucrada en la comisión de al menos 15 delitos relacionados con estos fondos, que incluyen defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El abogado Roberto Gil Zuarth, quien respalda la denuncia, ha calificado el caso como “probablemente el mayor escándalo de corrupción política” en la historia reciente.
Desde la perspectiva del PAN, la senadora no solo estaría violando la ley electoral, sino que también estaría manejando recursos públicos de manera inapropiada.
En particular, se critica que las ambulancias y otras unidades de salud, que se presentan como un beneficio social, podrían ser parte de un esquema de financiamiento ilegal.
Además, se cuestiona el origen de los fondos destinados a operar estas caravanas, dado que los costos mensuales de cada unidad se estiman en 10 millones de pesos.
Por su parte, Andrea Chávez ha defendido las caravanas, asegurando que son una iniciativa de gestión social destinada a mejorar el acceso a la salud en zonas marginadas.
La senadora ha explicado que los recursos provienen de donativos y convenios con empresas privadas, aunque no ha presentado documentación que respalde esta afirmación. Esto ha generado aún más dudas sobre la legalidad de sus acciones y ha intensificado las acusaciones en su contra.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
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