Autoridades de la CDMX y del Estado de México le siguieron la pista a los presuntos homicidas desde la alcaldía Azcapotzalco hasta Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde fueron capturados. Uno de los implicados respondió a balazos y resultó herido. Los agresores aparentemente conocían a las víctimas.
Pemex admite en auditoría interna que “se detectaron incumplimientos a las especificaciones contractuales, al no instalarse componentes y accesorios previstos, y al suministrar equipos que no cumplen con las características técnicas pactadas”.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
Autoridades de la CDMX y del Estado de México le siguieron la pista a los presuntos homicidas desde la alcaldía Azcapotzalco hasta Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde fueron capturados. Uno de los implicados respondió a balazos y resultó herido. Los agresores aparentemente conocían a las víctimas.
Adán Augusto vuelve a ser tema de debate (y censura) en la Permanente
Federico Döring se refiere al “grupo parlamentario de La Barredora” y es callado por Imelda Castro, haciendo las funciones de Fernández Noroña de la semana pasada.
Autoridades de la CDMX y del Estado de México le siguieron la pista a los presuntos homicidas desde la alcaldía Azcapotzalco hasta Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde fueron capturados. Uno de los implicados respondió a balazos y resultó herido. Los agresores aparentemente conocían a las víctimas.
EMEEQUIS.– Tal como ocurrió el pasado 23 de julio, cuando Gerardo Fernández Noroña aplacó cuestionamientos sobre Adán Augusto López, esta vez le tocó a Imelda Castro proteger al exgobernador de Tabasco y sus ligas con Hernán Bermúdez Requena, prófugo por ligas con el narco.
“Estamos en contra de la trapacería legislativa, de la censura legislativa. De que los que tienen imputaciones de narcotráfico se vengan a esconder al grupo parlamentario de La Barredora para no darle la cara al pueblo de México. Sobre los nombramientos no tenemos objeción, pero vamos a evidenciar la falta de convicción democrática de quienes se dicen inocentes pero no vienen a dar la cara. ¿Si no tienen nada que esconder por qué no dan la cara?”.
Döring fue llamado al orden.
Intervino Castro: “Permítame, diputado Döring. Les recuerdo que estamos en el tema de discusión de dictámenes, por lo que, de conformidad con las atribuciones que me otorga el reglamento del Senado, le pido, diputado Döring, que se apegue al tema que nos ocupa, ya que tenemos una lista de oradores”.
Döring se quejó de que le “apagaron el micrófono” y que pretenden no dar la cara para que a la gente se le olvide lo que hicieron. “Son un narco partido, hicieron un cártel desde el gobierno. Le daban contratos a la empresa de Hernán Bermúdez, el prófugo”.
Insistió que el tema es “el mamut del narcotráfico” que la 4T quiere evadir. “Cuando quieren discutir un nombramiento es para arrebatarnos tiempo. No hay más tema que la ficha roja de Hernán Bermúdez y todos los contratos que le dieron los gobiernos de la 4T”.
“Concluya, por favor”, le pedía Imelda Castro. Cabe mencionar que este miércoles se analizó el nombramiento de personas embajadoras que representarán a México en Haití, Líbano y Kenya.
Por su parte, el senador por Puebla, Ignacio Mier Velazco, respaldó el liderazgo de Adán Augusto López Hernández al frente del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República.
“Tenemos un coordinador. Es un coordinador consistente, sólido, fuerte, que tiene el respaldo de las y los senadores”, manifestó Ignacio Mier.
Asimismo, ratificó la unidad del Movimiento Transformador. “Las voces de nosotros, las diputadas, diputados, las y los senadores de Morena, es respaldar a nuestros coordinadores que nosotros elegimos”.
Previamente, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que denunciaron a Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, además de que pidieron su renuncia. En la denuncia ante la FGR también están incluidas otras figuras de la 4T por supuestos vínculos con el crimen organizado.
“Aquí también quiero mostrarles porque a la oposición ni nos van a doblar ni nos van a amedrentar. Nos asiste la razón, la ley y el derecho que tenemos de defender este país. Quiero decirles que presentamos la solicitud de renuncia hace unos momentos para que el senador Adán Augusto López Hernández se separe de su posición en el Senado de la República, renuncie a la Junta de Coordinación Política porque denigra al Senado de la República”.
Autoridades de la CDMX y del Estado de México le siguieron la pista a los presuntos homicidas desde la alcaldía Azcapotzalco hasta Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde fueron capturados. Uno de los implicados respondió a balazos y resultó herido. Los agresores aparentemente conocían a las víctimas.
Pemex admite en auditoría interna que “se detectaron incumplimientos a las especificaciones contractuales, al no instalarse componentes y accesorios previstos, y al suministrar equipos que no cumplen con las características técnicas pactadas”.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
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