La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
Prevén ola de amparos contra impuesto a repartidores de comida en CDMX
Usuarios, repartidores y legisladores de oposición estudian medidas legales para combatir el impuesto de 2% a plataformas de reparto de comida y servicios. Expertos lo consideran una carga adicional a los gravámenes federales y locales ya pagados.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
EMEEQUIS.– En medio de una creciente ola de inconformidad por el impuesto de 2% a aplicación de reparto de comida y mensajería, que fue aprobado por la mayoría morenista en el Congreso local, se espera que en breve se interpongan una acción de inconstitucionalidad y cientos de amparos contra la medida.
El Gobierno de la Ciudad de México intentó convencer –sin éxito– a legisladores, usuarios y repartidores de que el impuesto a plataformas de reparto de bienes y servicios no les causará afectaciones.
Resultado: en los próximos días es de esperarse una cascada de amparos y otras medidas jurídicas en contra la de la iniciativa.
De acuerdo con especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) el cobro propuesto cae en la inconstitucionalidad, pues está “disfrazado de aprovechamiento”.
“Parece que la configuración de presentar esta propuesta como aprovechamiento no va dirigido con los principios tributarios de proporcionalidad y equidad”, consideró Ramiro Ávalos Martínez, vicepresidente Fiscal del instituto en una reunión con medios.
EL PAN CONTRAATACA
Y es por ello que la bancada del PAN en el Congreso de la CDMX alista una acción de inconstitucionalidad, según planteó Christian Von Roehrich, quien hizo cálculos sobre contar con 17 de 22 firmas necesarias para interponer el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que será necesario convencer a otros legisladores de la oposición.
Según el diputado el impuesto viola los principios básicos de los impuestos establecidos como el de proporcionalidad, no discriminación y equidad, y de manera alterna se asesorará a empresarios y ciudadanos, a quienes les harán llegar un formato de amparo para que de forma particular puedan acudir a los tribunales.
La Asociación de Internet Mx (AIMX) reaccionó de inmediato al rechazar y lamentar la aprobación del nuevo impuesto de 2% a las plataformas digitales de entregas, por el uso de la infraestructura urbana en la Ciudad de México.
El organismo en el que participan compañías como Mercado Libre, Amazon, entre otras, estableció que las consecuencias de este nuevo impuesto serán graves, pues representa una carga adicional a los impuestos federales y locales ya pagados, además de alertar que la afectación abarcará a comercios, restaurantes, consumidores y repartidores.
Las organizaciones Ni un repartidor menos, Ni una repartidora menos y el Sindicato de Conductores de Vehículos de Servicio (Siconvese), protestaron el 16 de diciembre contra el nuevo impuesto, ya analizan también la forma de sumarse a esta ola de medidas jurídicas para impugnarla.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.
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