La FGR sumó un nuevo fracaso en el caso Agronitrogenados luego de que una jueza federal rechazara imponer prisión preventiva justificada a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, debido a que el Ministerio Público presentó datos desactualizados y obtuvo información financiera del Afore de la imputada sin autorización judicial. La juzgadora Nora Iliana García Peralta criticó duramente las deficiencias técnicas de la fiscalía —como basarse en notas periodísticas y alertas migratorias tardías—, por lo que determinó que Lozoya Austin, vinculada a proceso por lavado de dinero tras presuntamente triangular 3.4 millones de dólares de AHMSA, llevará su proceso en libertad provisional con el uso de un brazalete electrónico, mientras la FGR mantiene abiertas otras indagatorias que incluyen el caso Odebrecht
Las extrañas “fallas” de la FGR que benefician a Sosa Castelán
Un error de la Fiscalía General de la República (FGR) podría beneficiar a Gerardo Sosa Castelán por los cargos como presunto responsable de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones de pesos.
La FGR sumó un nuevo fracaso en el caso Agronitrogenados luego de que una jueza federal rechazara imponer prisión preventiva justificada a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, debido a que el Ministerio Público presentó datos desactualizados y obtuvo información financiera del Afore de la imputada sin autorización judicial. La juzgadora Nora Iliana García Peralta criticó duramente las deficiencias técnicas de la fiscalía —como basarse en notas periodísticas y alertas migratorias tardías—, por lo que determinó que Lozoya Austin, vinculada a proceso por lavado de dinero tras presuntamente triangular 3.4 millones de dólares de AHMSA, llevará su proceso en libertad provisional con el uso de un brazalete electrónico, mientras la FGR mantiene abiertas otras indagatorias que incluyen el caso Odebrecht
EMEEQUIS.– Después de dos cirugías de corazón y cerebro que lo mantuvieron internado cuando salió de la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano en febrero de 2022, Gerardo Sosa Castelán, jefe del denominado Grupo Universidad, como se conoce al clan que controla política y financieramente a la Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), avizora un nuevo futuro político, similar a su pasado de posiciones y poder al amparo del PRI.
Un error de la Fiscalía General de la República (FGR) podría beneficiarlo por los cargos que enfrenta como presunto responsable de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones de pesos. El político hidalguense sigue este proceso desde una de sus propiedades, tras el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria, por su deteriorado estado de salud, según el argumento de sus abogados.
El error de la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, fue no presentar una orden judicial mediante la cual conoció de las transferencias bancarias con las que sustenta su acusación de lavado de dinero. Esa falla ya dejó en libertad a dos de los supuestos colaboradores de Sosa Castelán en estos ilícitos: María Luisa Montalvo Sierra y Juan Manuel Hernández Gayosso, quienes, con base en la causa penal 263/2020, en la que el principal imputado es Sosa, transfirieron recursos que presumiblemente provenían de la UAEH a una empresa fantasma, Contabilidad del Siglo XXI, y de ahí a cuentas del exrector y sus familiares.
El mismo informe de movimientos bancarios, proporcionado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB), es uno de los elementos con los que la FGR basa la acusación central contra Gerardo Sosa, por lo que, al quedar invalidado en los procesos contra los supuestos coautores y subalternos del también exdiputado federal priísta, también podrían favorecerlo, con una resolución similar.
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En el fallo se establece que la prueba fue considerada ilícita, por lo que no fue valorada. Se precisa que esta determinación no significa que no hubiera responsabilidad en los cargos fincados a dos miembros de la organización La Sosa Nostra, a quien inicialmente la FGR consideró que, de la política, había pasado a la acción criminal, al tener como fin sustraer recursos de las arcas universitarias a través de un esquema que incluía una empresa falsa y cuatro despachos contables al servicio de Sosa Castelán.
Si bien las transferencias muestran que se movilizaron los 58 millones imputados, y que en estas acciones participaron los coacusados, sin la orden judicial careció de validez. Esta orden es referida en las labores de colaboración entre instancias que proporcionaron la información que es parte de la carpeta del caso, uno de los más importantes del sexenio en cuanto a corrupción se refiere, pero no fue presentada.
Cabe recordar que la indagatoria contra el líder del Grupo Universidad, antes diputado local y federal, además de presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo, comenzó en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde 2017 –con la anterior administración federal–, pero se procesó con la llegada de Santiago Nieto Castillo a esta área, hasta que fue judicializada.
Nieto ahora es procurador interino en la administración del morenista Julio Menchaca Salazar en Hidalgo.
Gerardo Sosa Castelán se alió con Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador para la campaña presidencial de 2018. Con el triunfo del movimiento obradorista, consiguió escaños en las Cámaras y luego en las alcaldías a través del partido guinda.
En Hidalgo, además, controla un sector del Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, y es una de las fuerzas políticas que buscará las candidaturas para diputados en las próximas elecciones. Sin embargo, el objetivo es el mismo que cuando este grupo era parte del PRI: obtener la gubernatura.
A la obra de infraestructura más importante de la Universidad Autónoma, el año anterior, le pusieron Torre de Posgrados Gerardo Sosa Castelán. Su poder de negociación política no ha menguado, y con las “fallas” de la FGR estaría cerca de reposicionarse.
@emeequis
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