Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Irma Eréndira revisa con lupa desfalcos en el Aeropuerto de Texcoco
De acuerdo con una presentación de la secretaria de la Función Pública ante diputados, en poder de EMEEQUIS, el NAIM acumuló 90% de las irregularidades por más de 20 mil MDP en el último año de Peña Nieto.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
En el último año de la administración de Enrique Peña Nieto hubo posibles desfalcos por más de 20 mil millones de pesos en obras públicas, de los cuales, el 90% del monto corresponde al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), según un reporte que presentó la secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, ante legisladores de Morena.
En esta presentación que mostró a diputados, en poder de EMEEQUIS, la SFP detectó que, en 2018, en el Nuevo Aeropuerto, una de las obras emblemáticas del gobierno de Peña Nieto, hubo presunta malversación de 18 mil 666 millones de pesos, recursos ejercidos por el gobierno federal, principalmente desde la la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuya cabeza era Gerardo Ruiz Esparza.
El proyecto, que fue desmantelado por la actual administración en mayo pasado, había presentado sobrecostos de casi el 70%, por ello, el presidente lo señaló como una obra plagada de corrupción, que ameritaba ser cancelada, aún con los costos que implicaba, bajo el argumento de que era más barato detener su construcción y saldar las cuentas, en vez de continuar construyendo y pagar el mantenimiento anual para garantizar su operación.
El resto de los recursos, el 10% de los 20 mil 598 millones de pesos presuntamente desviados en obras públicas, corresponde a otros cuatro casos de interés. En primer lugar, las carreteras y el Tren México-Toluca, obras desarrolladas por la dependencia de Ruiz Esparza. Luego, las clínicas y hospitales construidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) –organismo que fue comandado por José Antonio González Anaya, Mikel Arriola y Tuffic Miguel Ortega en ese sexenio–. Por último, las obras en la Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía, que dirigía Ildefonso Guajardo.
Las auditorías realizadas a estas dependencias, señaló la funcionaria, son un mecanismo que habrá que seguir impulsando para combatir la corrupción. Como mecanismo de apoyo, apuntó la necesidad de establecer un Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal, así como la capacitación y creación de 302 comités de ética de prevención de conflictos de interés.
Aunque Irma Eréndira Sandoval presentó los cinco casos de desfalco de recursos públicos en dependencias federales que marcaron el último año de gobierno de EPN, estos no fueron los únicos, ni los más numerosos, en cuanto a dinero.
Las auditorías de los Órganos Internos de Control permitieron identificar y corregir mil 267 millones de pesos que fueron desfalcados. Además de otros 46 mil 121 millones por observaciones hechas por la ASF a estados y municipios.
Una mención especial fue directa para el estado de Veracruz, pues, a decir de la secretaria, debe 12 mil millones de pesos en cuotas al ISSSTE, lo cual incide en el desabasto de medicinas.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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