Luego de que el presidente Donald Trump amenazó con imponer un arancel de 5% a todas las importaciones mexicanas, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se tuvo la certeza de que oponerse a contener a los migrantes centroamericanos implicaría “ir a la guerra sabiendo que íbamos a ser derrotados”. Por eso aceptaron desplegar mano dura en la frontera sur, a cambio de no recibir el castigo económico de Estados Unidos.
La confidencia la hizo ante diputados federales de Morena el propio comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, un político de mano dura que conoce las entrañas del sistema carcelario del país. Durante una reunión privada realizada a finales de enero, el guanajuatense reconoció que los funcionarios de la 4T estaban conscientes de la “intimidación” del gobierno estadounidense.
Garduño llegó al INM luego de que Tonatiuh Guillén López renunciara al cargo en junio del año pasado, por oponerse a endurecer las acciones contra los migrantes, como lo exigía Trump. A partir de entonces se privilegió el uso de la fuerza, en detrimento del respeto a los derechos humanos, un asunto que tiene encolerizado al veterano legislador Porfirio Muñoz Ledo. Y a la oposición.
Desde junio pasado, el canciller Marcelo Ebrard anunció una serie de acuerdos entre México y Estados Unidos para frenar el flujo de migrantes que ingresan a territorio mexicano por la frontera sur con la intención de cruzar el país y así llegar a Estados Unidos.
La Guardia Nacional se convirtió en el organismo encargado de blindar la frontera. Los choques entre centroamericanos y las fuerzas de seguridad no se hicieron esperar. Las postales acapararon las portadas de los medios nacionales e internacionales. A principios de este año, hubo un nuevo encontronazo cuando la Caravana Migrante fue detenida y dispersada por esta corporación.
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Lo que no se ha dicho abiertamente es que para el gobierno mexicano “no había de otra” más que ceder ante las presiones de Donald Trump. Garduño Yáñez, sin embargo, reconoció en privado la existencia de dichas presiones y la decisión del gobierno federal de aceptar endurecer las medidas contra los migrantes a cambio de no recibir el castigo arancelario.
No se trataba sólo de ceder, dijo, sabíamos que se trataba de “ir a la guerra sabiendo que íbamos a ser derrotados”. Varios diputados de Morena quedaron boquiabiertos ante la infidencia.
El 30 de mayo de 2019 fue la primera vez que Trump se lanzó contra el gobierno mexicano, incluso dio una fecha límite. “El 10 de junio, Estados Unidos impondrá un arancel del 5% a todas las importaciones que lleguen desde México, hasta que los inmigrantes ilegales dejen de llegar a nuestro país”, escribió en Twitter.
A partir de entonces el gobierno mexicano se puso a temblar. Garduño Yáñez habló ante diputados de su partido de la “intimidación” del presidente estadounidense, pero defendió la decisión de atender esta problemática. “Fue una acción responsable”, recalcó.
En un mundo económicamente globalizado, un conflicto arancelario hubiera significado la derrota porque México es el segundo socio comercial de Estados Unidos. Aguacate, cerveza, aparatos electrónicos, tomate, oro, petróleo, una infinidad de productos son parte de las mercancías que México exporta al país del norte. Y esos ingresos significan más del 70 por ciento del comercio exterior mexicano.
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Garduño Yáñez le dijo a los legisladores que en aquella negociación, que implicó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur, jamás se planteó la posibilidad de que México se convirtiera en un tercer país seguro. “Eso significaba ceder soberanía”, mencionó. Por ello, desde el gobierno de la 4T nunca se sugirió la posibilidad de recibir a los migrantes que fueran rechazados en EU, para así aliviar la carga del país vecino en las solicitudes de asilo recibidas.
La única opción que quedó para apoyar a los migrantes, pero mantener a raya las amenazas del gobierno estadounidense, fue crear condiciones, “un rescate de los migrantes”, principalmente de los más vulnerables, para evitar que sean atrapados en redes de tráfico humano o por grupos del crimen organizado.
Así, el ahora llamado “zar antimigración” admitió que tuvieron que sacrificar el respeto a los derechos humanos, a cambio de no recibir un castigo de 5% a todas las importaciones mexicanas. “No había de otra”, dijo ante los legisladores de su partido.
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