EMEEQUIS.– El gabinete federal también ha sido víctima del ataque del coronavirus. Uno de los signos más alarmantes de su “cuadro clínico” es la elevada temperatura que ha alcanzado la lucha entre el ingeniero Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), y el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina (SEMAR). El motivo de la disputa es el control de los puertos del país, donde han surgido, para colmo, presuntos “brotes” de corrupción.
Se trata de un escenario de tres pistas: el combate concreto a la epidemia en las franjas costeras; el traslado de funciones tradicionales de la SCT a la SEMAR, y el combate a la corrupción, que en algunos puertos se desató de modo más desinhibido en la actual administración. Por ejemplo, en Tuxpan, Veracruz, donde esta semana cayó el director de la Administración Portuaria Integral de ese muelle, al ser descubierta una red financiera extralegal enfocada en la extorsión.
La red expuesta habría sido presuntamente montada por funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García, en Veracruz, y con la posible implicación de la Administración Portuaria de Tuxpan.
LA ARMADA AL RESCATE
Todo comenzó a finales de febrero, cuando la SEMAR, que conduce el almirante Rafael Ojeda Durán, tomó la batuta en las costas y puertos mexicanos para prevenir el contagio de COVID-19, a través de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM), jefaturada por el vicealmirante Gerardo de Jesús Toledo Guzmán.
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El día 25 de marzo se formalizó, cuando inició la Fase 2 de la pandemia en el país, y se anunció la transferencia de 500 millones de pesos a SEMAR para acciones para el combate a la epidemia. Al arranque de abril, la Armada de México ya alistaba su Plan Marina, en su fase de Auxilio, con el cual implementaría un Sistema de Comando de Incidentes (SCI), utilizado para la administración de emergencias en salud.
Y es que, según se comenta con cierta sorna entre algunos lobos de mar, los “anticuerpos” de la SCT, que dirige Javier Jiménez Espriú, pues no sólo no combatieron para retener el control en sus áreas usuales, sino que ¡salieron huyendo!
Resulta que el señor Francisco Javier Fernández Perroni, titular de la Dirección de Marina Mercante de SCT, más tardó en enterarse de que ya venía la Fase 2 de la pandemia, que en salir de la oficina para correr a encerrarse a piedra y lodo en su domicilio, bajo declaración de cuarentena preventiva y, según nos dicen, nadie ha conseguido sacarlo de ahí. Eso sí, los depósitos de su quincena no han fallado.
JIMÉNEZ ESPRIÚ, MENOS PODER
Aunque no ha sido poca la molestia en la oficina principal del edificio de la SCT en la avenida Xola, Jiménez Espriú no tiene demasiados argumentos para defender a su colaborador ausente. De hecho, según se dice con toda energía en el puente de mando, esas actitudes y vacíos justifican más la transferencia de los asuntos de la Marina Mercante a la SEMAR, como se le propuso a esta dependencia a fines de 2019, una iniciativa que por la irrupción del COVID-19 se quedó en stand by, como tantos otros cambios.
Algo se concretó de facto, es el control de la Armada ya maneja las capitanías, es decir, se encarga del proceso de marina mercante: la inspección de los buques y de las instalaciones portuarias.
El hecho es que la SCT sigue perdiendo margen de maniobra. Ante esas condiciones, luce cada vez más inviable el proyecto de “carreteras marítimas”, consistente en la implementación de rutas en las que camiones de carga sean transportados por barcos, que impulsó el coordinador general de Puertos y Marina Mercante (CGPMM) de SCT, Héctor López Gutiérrez.
Sobre todo porque en la Administración General de Aduanas que encabeza Ricardo Ahued, no están seguros de que vayan a liberar los muelles de Veracruz para hacer cabotaje sin que pasen las mercancías sin revisión, aunque se trate de tráfico en rutas que enlacen puertos nacionales (Progreso-Yucatán-Veracruz).
Y es que aun cuando las famosas “carreteras marítimas” se realicen en aguas nacionales, no se descarta que los barcos puedan ser utilizados para actividades ilícitas, como el transporte de drogas o productos de comercio exterior, sin pasar por aduanas.
LOS MOCHES DE TUXPAN
Los cuestionamientos a la coordinación de Puertos son crecientes, además, por probables casos de corrupción. Uno de los más sobresalientes es el del Puerto de Tuxpan: esta semana, Marcial Guzmán Díaz dejó la dirección de la Administración Portuaria Integral, después de que se descubrió lo que podría constituir una estructura financiera del gobierno para presuntamente extorsionar a las empresas navieras que hacen uso de servicios portuarios en ese puerto.
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La red habría sido montada por Bartolo Avendaño, director de Protección Contra Riesgos Sanitarios del gobierno de Veracruz, quien se inventó una serie de “tarifas de sanidad” aplicadas a los navieros por casi 50 mil pesos, que se aplicarían a por lo menos 50 barcos que llegan al puerto de Tuxpan. Avendaño emitió el oficio SESVER-DRPS/SOS/7361/2019 para notificar a los navieros la “disposición oficial”, de su propia inspiración.
En la trama también habría intervenido Roberto Ramos, secretario de Salud del gobernador Cuitláhuac García. Desde su área habría surgido la indicación de que los aproximadamente 7.5 millones de pesos recaudados entre los navieros por las “cuotas sanitarias” fueran depositados en una cuenta particular, la de un Carlos Herrera Guillén (0471999567). La documentación sobre estas transferencias circula discretamente por oficinas gubernamentales.
Todo acabó por las denuncias de los navieros, que vienen quejándose de Marcial Guzmán Díaz y de sus amigos del gobierno veracruzano desde que empezaron los cobros indebidos, pero en la SCT no les habían hecho caso. Esta semana, Guzmán Díaz ha sido sustituido por Francisco Pastrana, quien una de dos: tendrá que limpiar el batidillo u ocultarlo muy bien.
Nos dicen, sin embargo, que en la SCT aún dudan si iniciarán una investigación formal al respecto. Algunos comentan que Marcial se caerá para arriba, porque el titular de la Marina Mercante, Héctor López, lo integrará a su equipo, que para que le ayude en el emprendimiento de proyectos portuarios. Y para que no haya más preguntas, están diciendo que es un asunto acordado con Jiménez Espriú. ¿Será?
De modo que, ante esas situaciones, en el puente de mando de SEMAR, según nos comentan, se sienten más seguros de que la Armada seguirá absorbiendo muchas más funciones de la Marina Mercante, y le seguirá ganando batallas a la SCT, como la del control de las costas y puertos en materia del combate al coronavirus.
Y mientras todo se derrumba para la SCT en el sector portuario, Francisco Fernández Perroni lleva casi un mes en su casa para protegerse del COVID-19, desde donde se reporta sin novedad.
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