Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
En duda, imparcialidad de Colmenares en ASF sobre auditorías a alcaldías de CDMX
En la Cuenta Pública 2022, las alcaldías con mayores señalamientos fueron Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Cuajimalpa, encabezadas por políticos emanados del PAN y el PRI. En cambio, alcaldías como Iztacalco e Iztapalapa (esta última fue la que Clara Brugada gobernó durante tres periodos), tuvieron la menor cantidad de observaciones
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
EMEEQUIS.- Desde que una cámara de teléfono cachó a David Colmenares comiendo con Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, se reforzó el historial de cuestionamientos sobre la imparcialidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
A esta percepción se sumó la nueva edición de las revisiones de la ASF, que cayeron con todo su peso sobre alcaldías opositoras. Algunas de las oficialistas, en cambio, disfrutaron de una estrellita de buena conducta, ¿será casualidad?
Estos signos de manejo discrecional pueden verse en números concretos. Sobre todo en que las alcaldías con mayores señalamientos fueron Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Cuajimalpa, encabezadas por políticos emanados del PAN y el PRI. En cambio, alcaldías como Iztacalco e Iztapalapa (esta última fue la que Clara Brugada gobernó durante tres periodos), tuvieron la menor cantidad de observaciones.
Para dar más detalles, la alcaldía Álvaro Obregón, gobernada por Lía Limón, tuvo observaciones por 128 millones 860 mil 700 pesos; la Magdalena Contreras por 69 millones 519 mil 300 (que tiene como alcalde a Luis Gerardo Quijano Morales) y para Cuajimalpa, gobernada por Adrián Rubalcava (que renunció al PRI en diciembre), hubo observaciones por 33 millones 975 mil 200 pesos. Benito Juárez tuvo observaciones por 14 millones 371 mil 700 pesos.
Lo extraño llega con Iztapalapa, que tuvo cero montos sin aclarar. Un gran empuje para la campaña morenista en la ciudad, porque las cosas llegan cuando más se necesitan, ¿no? Para dar otros datos, en otras alcaldías morenistas, se manejaron los siguientes números:
Gustavo A. Madero, gobernada hasta hace poco por Francisco Chíguil Figueroa (quien pidió licencia para coordinar la campaña de Brugada), tuvo observaciones por 30 millones 236 mil 200 pesos. Iztacalco, gobernada por Armando Quintero Martínez, tuvo 999 mil 800 pesos sin aclarar, según datos de la ASF.
Ya Clara Brugada ha explotado las buenas noticias. El 24 de febrero, celebró que todas las obras entregadas, “todas las Utopías, todos los caminos seguros, todos los programas sociales que se entregaron, se hicieron de manera transparente, y hoy podemos presumir que Iztapalapa fue la única alcaldía que dio mejores resultados de manera legal, transparente y honesta”.
Señaló que otras alcaldías “siguen con las mismas prácticas de corrupción, y en caso de no solventar cada una de las observaciones, deberán asumir su responsabilidad ante la autoridad correspondiente”.
Hay que tener por seguro que estas buenas nuevas serán aprovechadas por Brugada para hacer frente a la campaña de su principal competidor, Santiago Taboada, de la Benito Juárez. Como ha ocurrido con otros miembros de órganos autónomos, ¿será Colmenares es parte estratégica de los sutiles movimientos de la Cuarta Transformación? ¿Será la ASF un instrumento más?
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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