Experto advierte que el programa de Luisa María Alcalde no coincide con las atribuciones que tiene como consejera jurídica, por lo que estaría violando la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal al usar recursos públicos para una labor distinta.
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Experto advierte que el programa de Luisa María Alcalde no coincide con las atribuciones que tiene como consejera jurídica, por lo que estaría violando la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal al usar recursos públicos para una labor distinta.
Una caja con papeles y una llamada. La SCT tiene sus propias formas de “invitar” a empresarios para que participen en proyectos de infraestructura
Experto advierte que el programa de Luisa María Alcalde no coincide con las atribuciones que tiene como consejera jurídica, por lo que estaría violando la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal al usar recursos públicos para una labor distinta.
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Uno de los empresarios que más ha crecido en los últimos años se llevó una sorpresa cuando, al llegar a su oficina, se encontró con una caja que contenía documentación de uno de los proyectos más ambiciosos de la 4T: el Tren Maya.
El presidente del consejo de administración del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), Fernando Chico Pardo, aún no terminaba de revisar los legajos cuando recibió una llamada del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, con quien conversó sobre la posibilidad de invertir en la megaobra que tanto entusiasma al presidente Andrés Manuel López Obrador.
La experiencia del hombre de negocios, que según Forbes vio incrementar su fortuna en el último año, al pasar de 1,000 a 1,500 millones de dólares, debió captar la atención del nuevo gobierno, sobre todo porque la primera estación del Tren Maya se ubicará junto al Aeropuerto Internacional de Cancún, propiedad de ASUR. Este consorcio controla 10 aeropuertos del sur del país, entre los que también se encuentran los de Cozumel, Huatulco, Oaxaca y Veracruz.
Así, a finales del año pasado la empresa hizo público su interés por participar en este plan de infraestructura para apoyar el desarrollo del sureste.
Lo que se comenta entre los cercanos a ASUR es el modo en que la 4T entregó el mensaje: primero con una caja con documentos y luego a través de una llamada del secretario. Este nuevo modo de “invitar” a empresas para que participen en proyectos de infraestructura está llamando la atención en los círculos empresariales.
Seguramente no serán pocos los que ahora estén esperando una caja con legajos o una llamada de alto nivel.
El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, ha mencionado que el esquema para el Tren Maya será una asociación público-privada, donde los empresarios participarán con un 90 por ciento de la inversión que se necesita, pero verán de regreso su dinero al tener una concesión por 30 años. También dijo que se les pagará el capital, los intereses y el mantenimiento.
Con esas condiciones y “nuevos modos”, la administración lopezobradorista está tratando de incrementar la inversión del sector privado.
Experto advierte que el programa de Luisa María Alcalde no coincide con las atribuciones que tiene como consejera jurídica, por lo que estaría violando la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal al usar recursos públicos para una labor distinta.
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