A pesar de que Andrés Manuel López Obrador ha insistido en su postura de “punto final”, la cual enarbola cada que le preguntan si va enjuiciar a los expresidentes que hayan incurrido en corrupción, en el gabinete presidencial hay un discreto pero intenso debate sobre hasta dónde deben llegar las investigaciones contra servidores públicos.
Mientras la posición amlista de “no anclarnos en el pasado y ver hacia adelante” ha sido interpretada por algunos sectores como un perdón por adelantado a los expresidentes, las averiguaciones judiciales sobre Emilio Lozoya, Rosario Robles, Juan Collado, Mario Marín, Alonso Ancira… y lo que pueda desprenderse del encarcelamiento de Genaro García Luna en Estados Unidos han generado la impresión de que México está combatiendo firmemente la corrupción y los abusos de poder.
A la par, la impopularidad de los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox ha despertado la tentación de “los duros” del gabinete, quienes en reuniones privadas suelen expresar su simpatía por el modelo brasileño de combatir la corrupción. Esta ala del gobierno, en la que se encuentran los altos mandos de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezados por Alejandro Gertz Manero, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, es partidaria de que no haya “intocables” en la lucha contra la corrupción.
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“Los duros” han recibido recientemente el respaldo de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), quien hasta hace poco favorecía las negociaciones para evitar daños mayores, como ocurrió con la liberación de Ovidio “El Chapito” Guzmán. La detención de García Luna en Dallas, Texas, modificó la postura del exsecretario particular de Vicente Fox. El sonorense no ve con malos ojos que las indagaciones sobre el Cártel de Sinaloa lleguen a Felipe Calderón, con quien tuvo desencuentros en el pasado.
Y aunque Gertz, Nieto y Durazo tienen sus matices y diferencias, los une el cálculo de que sería beneficioso que cayera otro “pez gordo”, para marcar un claro ejemplo de que se están dando pasos en pos de “barrer las escaleras de arriba hacia abajo”. El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, simpatiza con esta postura, aunque se reserva promoverla, porque su jefa está en el otro lado de la ecuación.
El modelo brasileño de combate a la corrupción ha llamado la atención entre los observadores de ese mal que corroe las estructuras de poder. Los fiscales de diversas partes del mundo han visto como objeto de estudio los casos Petrobras y Odebrecht, en los que se descubrieron redes de sobornos que involucran a altos funcionarios de Brasil y otras naciones.
El juicio y encarcelamiento del expresidente Lula da Silva y la destitución de la también exmandataria Dilma Rousseff han incrementado el interés por el modelo brasileño de enfrentar los supuestos excesos de los gobernantes. En palabras llanas, el estilo brasileño es interpretado como una consigna de “caiga quien caiga”.
HAY QUIENES PREFIEREN CAUTELA
En el lado opuesto a “los duros” se encuentran “los moderados”, un ala del gabinete que considera que los expresidentes representan factores de poder apoyados por élites empresariales, políticas y hasta del crimen organizado. La perspectiva de una “desestabilización” los hace actuar con cautela, a pesar de que están en línea con la política de zarandear a los corruptos.
Aunque entrona y con resultados tangibles en el combate a la corrupción, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, se encuentra en este epicentro, donde se recomienda que es mejor pensar bien en las consecuencias. El cálculo político y la prudencia agrupan a “los moderados”, entre los que también se cuenta al general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, y al almirante José Rafael Ojeda, secretario de la Marina.
“Los moderados” encuentran coincidencias con el canciller Marcelo Ebrard, quien parece ser, hasta el momento, el fiel de la balanza para que la lucha contra la corrupción se mantenga en sintonía con la política del “punto final” expresada por el presidente López Obrador. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, también está en este tono.
Aun así, “los duros” y “los moderados” del gabinete mantienen un intercambio discreto de posturas. ¿Qué conviene más al país? ¿Qué le viene mejor a la 4T? ¿Qué realmente querrá el presidente? Los dilemas flotan.
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Algunos recuerdan que la directriz presidencial del “punto final” tiene su “punto final”, expresado por el propio AMLO: si la gente lo pide, podría hacerse una consulta ciudadana para saber si los mexicanos quieren llevar a juicio a los expresidentes. Los más observadores apuntan que las nuevas reglas legislativas para realizar consultas populares hacen posible que México entre en la vía del modelo brasileño.
También llama la atención que dentro de la 4T no se hable de los expresidentes Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, o incluso de Luis Echeverría. Cada que mencionan la posibilidad de llevar a juicio a los exmandatarios, los nombres que surgen son Peña Nieto, Calderón y, en menor medida, Fox.
Así las reflexiones de gabinete, en este primer año de gobierno.
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