EMEEQUIS.– La trama preparada por el fiscal Alejandro Gertz Manero para perseguir la corrupción ejercida en Pemex durante la administración de Enrique Peña Nieto, parece escrita por una pluma experta en novelas de intriga.
La ubicación del exdirector de la petrolera paraestatal, Emilio Lozoya Austin, en Europa, ha constituido sin duda uno de los momentos culminantes de esta historia, y otro de mayor espectacularidad tendrá lugar cuando, librados los trámites de extradición ante las autoridades españolas, Lozoya sea trasladado a México, en cosa de unos meses.
Imagine usted el deleite de los espectadores ante la escena: Lozoya descendiendo del avión, esposado, bajo los relámpagos de las cámaras fotográficas de la prensa, los close up de las tomas televisivas, el tumulto de los reporteros, el convoy policíaco hacia el reclusorio…
Sin embargo, ese apenas será el escenario de apertura para el verdadero momento cumbre: la implicación en el caso de otros personajes que aparecen en la robusta carpeta de investigación que ha armado la Fiscalía General de la República (FGR).
Quienes conocen las tripas de esos legajos aseguran que Alejandro Gertz tiene elementos suficientes para involucrar no sólo al expresidente Peña Nieto, como señaló hace unos días The Wall Street Journal, sino tamién a figuras como Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, y al excandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña. También hay documentos y testimonios que señalan que el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se habría beneficiado de recursos vinculados a la trasnacional Odebrecht.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, y el fiscal Gertz han tenido sus diferencias pero tienen una coincidencia: quieren a la plana mayor del peñanietismo rindiendo sus respectivos testimonios ante los jueces.
La semana pasada, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer el probable involucramiento de Peña Nieto en la trama de corrupción de Odebrecht.
EL PAPEL DE MEADE Y OSORIO CHONG
Son dos los ganchos para implicar a Meade, y ambos tienen que ver con su participación en el Consejo de Administración de Pemex, en momentos diferentes, durante la gestión presidencial de Felipe Calderón.
El primer momento fue de enero a septiembre de 2011, cuando Meade se desempeñó como secretario de Energía, y como tal, presidente del Consejo de la petrolera. En ejercicio de ese cargo, Meade habría dado su aval para que Pemex mantuviera un contrato con la empresa Braskem, filial de Odebrecht, suscrito en 2010.
Como resultado de ese contrato, Pemex se comprometió a comprar gas en el extranjero por los siguientes 18 años, y a venderlo a Braskem con un descuento de entre 10 y 20%. Meade no firmó el contrato, pero desestimó las objeciones de dos de los consejeros que señalaron el daño patrimonial a la petrolera estatal mexicana, como se relata en una de las actas de Consejo.
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El segundo momento que liga a Meade con el caso Lozoya, es cuando fue secretario de Hacienda, entre septiembre de 2011 y noviembre de 2012, y por tanto, también, miembro destacado del Consejo de Administración de Pemex. Bajo su gestión, el 15 de noviembre de 2011, se aprobó el Paquete Económico 2012, incluidos los planes de inversiones energéticas, en los que se estarían cumpliendo compromisos contraídos por Lozoya con ejecutivos de Odebrecht.
Al menos ese fue el testimonio de Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, ante autoridades brasileñas, y que difundió Quinto Elemento Lab, la organización que destapó la conexión del escándalo de Odebrecht con Pemex.
Según Meneses, cuando Lozoya les pide “contribuir” para la campaña de Enrique Peña Nieto, le recuerda que los ha venido apoyando desde 2009. El ejecutivo de Odebrecht lo admite: “siempre nos apoyaba para formular nuestros planes, y presentarnos empresas y empresarios”.
Y es el momento en que Meneses relata un aspecto clave: “A partir de 2011 empezamos a supervisar un gran proyecto anunciado por el gobierno federal (…). Se trataba de una nueva refinería en el estado de Hidalgo. Comenté con Emilio Lozoya que teníamos interés en ese proyecto (…) que generaría muchos contratos. Me reuní con él (…) y me recomendó que me asociara con una empresa local (…), Tapia Construcciones (…), y después nos presentó al dueño, Juan Carlos Tapia. (…) Nos reunimos con Juan Carlos Tapia, acordamos que la asociación no se limitaría a la refinería, sino a cualquier obra en el estado de Hidalgo. Y en el cambio de 2011 a 2012, el gobierno federal publica su programa plurianual de inversiones prioritarias 2012, y confirma la construcción de la nueva refinería”.
La participación de Miguel Ángel Osorio Chong puede advertirse al revisar las finanzas de su antiguo casero, Carlos Aniano Sosa Velasco. El subcontratista de Odebrecht es propietario de dos residencias que ocupó el exsecretario de Gobernación, una en Bosques de Las Lomas y otra en Lomas de Chapultepec, a partir de 2011, cuando terminó su periodo como gobernador de Hidalgo y se fue a vivir a la Ciudad de México para apoyar la campaña presidencial de Peña Nieto. Osorio también habría dado seguimiento y apoyo puntual al proyecto de refinería en su estado natal.
EL INVOLUCRAMIENTO DE PEÑA NIETO Y VIDEGARAY
El gancho para implicar al expresidente Enrique Peña Nieto no provendría de los funcionarios de Odebrecht, sino de Lozoya. De hecho, la descripción que hace Luis Alberto Meneses sobre el esquema de transferencias a Lozoya, parece sugerir que se trataba de un “negocio” personal del exdirector de Pemex: “Éramos él y yo, nada más. Mi relación era con él”.
Como se recordará, las acusaciones contra Lozoya consisten en haber recibido sobornos por 13 millones de dólares de Odebrecht, presuntamente para “apoyar” la campaña presidencial de Peña Nieto; para favorecer a la constructora brasileña con contratos de Pemex, y por la compra con sobreprecios, por parte de la paraestatal, de las empresas Agronitrogenados y Fertinal.
La denuncia de que las órdenes de comprar esas empresas venían de Peña Nieto fueron hechas “por exconsejeros de Pemex, Bancomext y Nafín” a la revista Proceso, pero de manera off de record.
No obstante, en julio de 2019, Javier Coello, abogado de Lozoya, anunció que su representado grabaría un video en que daría a conocer una versión sobre la adquisición de las empresas señaladas, así como del “saqueo a Pemex que cometieron el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el expresidente Enrique Peña Nieto”.
Al cabo, el video no se difundió, pero ahora hay una nueva oportunidad.
LA PUNTILLA
Así que la posibilidad de juzgar a Peña Nieto depende del momento en que las autoridades presenten a Lozoya ante tribunales mexicanos, para lo cual falta muy poco.
De modo que una de las manzanas más deseadas por México parecen hoy al alcance de la mano: poner en manos de la justicia a un expresidente del país. Esto sienta un precedente invaluable que bien podría servir de disuasor de las locuras que suele desatar el poder presidencial en quienes lo ejercen, con matices de estilo y magnitud.
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En el gabinete de AMLO hay dos posiciones: los negociadores, quienes consideran que el asunto debe quedar en un castigo ejemplar a Lozoya (para que las fuerzas oscuras del viejo régimen no desestabilicen al gobierno de la 4T) y los duros, quienes consideran que el mejor momento para comenzar a involucrar en serio a Peña Nieto, Videgaray y Meade es a principios de 2021, cuando comienza la carrera por las elecciones intemedias, donde se renovará la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas, entre otros cargos políticos locales.
El caso es que ahora sólo resta armar bien el caso para el procedimiento de extradición de Lozoya. Después de la detención, el país solicitante cuenta con 45 días para presentar los delitos por los cuales pretende juzgar al reo solicitado, para luego recibir el visto bueno del gobierno ibérico e, incluso, del mismísimo Rey de España.
Y aunque esos trámites están en curso, el optimismo para ver llegar a Lozoya esposado se disipa cuando se recuerda que el empresario Alonso Ancira, presunto socio del exdirector de Pemex, lleva ya ocho meses en libertad condicional en España, sin que hasta ahora haya fecha para su extradición.
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