Autoridades informaron de la balacera de ayer por el caso de Sandra Domínguez, pero no dijeron si la encontraron o si tienen pistas de su paradero. Su madre exige respuestas.
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El nuevo genio de los moches es un personaje que, según nos dicen, no sale de los ágapes de Horacio Duarte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, quien concibió la idea de la certificación obligatoria para el que quiera litigar, y que tendrá un costo de 20 mil pesos
Autoridades informaron de la balacera de ayer por el caso de Sandra Domínguez, pero no dijeron si la encontraron o si tienen pistas de su paradero. Su madre exige respuestas.
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Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Edomex. (Especial)
EMEEQUIS.— Desde que doña Delfina Gómez llegó al palacio de gobierno de Toluca, todos los grandes funcionarios del estado de México se sienten con derecho a inventar sus propios “diezmos”, al estilo del ejecutado por la ex alcaldesa. ¡Y vaya que tienen inventiva!
El nuevo genio de los moches es un personaje que, según nos dicen, no sale de los ágapes del gobernador Horacio Duarte… perdón, del secretario de Gobierno, Horacio Duarte, y, del círculo palaciego de “la maestra”.
Se trata del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, hijo predilecto de Huixquilucan y vástago adoptivo de la 4T, quien llegó a su actual posición en la coyuntura de ascenso del obradorismo en el estado.
Después de mucho devanarse los sesos para ver cómo conseguía el moche de la abogacía mexiquense, Sodi dio finalmente con un método nivel Texcoco: concibió la idea de un curso de certificación obligatoria para todo el que quiera litigar en su comarca, y que tendrá un costo de 20 mil pesos y que venderá su propia institución.
Este negocio del buen magistrado Sodi podría reportar 1,338 millones de pesos, luego de que su gente termine de ordeñar, es decir, de“certificar” a los 66 mil 900 abogados que litigan en la entidad. Claro que, si quieren “certificarse” en las cinco materias de litigio, pues tendrá que multiplicarse la cifra por cinco.
La actual posición política de Ricardo Alfredo Sodi es producto de la connivencia entre la antes todopoderosa jerarquía priísta y el ascenso pactado del obradorismo en la entidad, según versiones del priísmo desplazado de las altas esferas de poder mexiquense.
Sodi Cuellar consiguió la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) en enero de 2020. Cuando salió en la lista de aspirantes, la prensa toluqueña ―para la clase política local no existe otra― se mofó de que “hasta Sodi” se hubiera inscrito.
Pero en realidad estaban dadas todas las condiciones para su promoción. Por entonces, la legislatura local era dominada por Morena y el resto de partidos obradoristas, además de que la cercanía de la administración mexiquense con palacio nacional llegaba a niveles criticados duramente, pero en voz baja, en los círculos de poder locales.
Además, coincidió el hecho de que una decena de magistrados cumplieron su periodo en 2019, y es donde entraron los apoyos principales de Sodi en la judicatura mexiquense. Pues aunque en la judicatura mexiquense se deciden los asientos para magistrados y la presidencia misma a través de votaciones internas, la mano de los grupos en el poder siempre ha tenido voz en dichos movimientos, de modo especial en la presidencia.
Para cuando Delfina Gómez llegó, en 2023, cuentan voces indiscretas, en la oficina principal de Nicolas Bravo 201, sede el TSJEM, se compraron dos botellas de champaña. Una para celebrar con los amigos y otra para enviarla a doña Delfina.
Ahora son un equipo. Comparten tertulias, ágapes, tedeums y, desde luego, el poder.
En noviembre de 2023, dos meses después del ascenso de Delfina, el Poder Judicial del Edomex ordenó que todo abogado que pertenezca a barras, colegios y demás organismos profesionales de juristas ―o sea todos―, tendrán que cumplir con la ya mencionada certificación.
El esquema de negocio se dio a conocer a través de una circular del Poder Judicial, el 21 de noviembre en 4 puntos:
“PRIMERO. Se aprueba el proceso de certificación a través de la Escuela Judicial, en las materias penal, familiar, laboral, civil y mercantil, de licenciados en derecho y/o abogados en el ejercicio de la abogacía afiliados a una asociación, barra o colegio de abogados que hayan celebrado convenio de colaboración con el Poder Judicial, así como a servidores públicos adscritos a instituciones operadoras de seguridad, procuración y administración de justicia en el estado de México, los lineamientos generales para su regulación, y convocatoria. SEGUNDO. Se emiten los Lineamientos Generales para el proceso de certificación voluntaria. TERCERO. Las convocatorias correspondientes a cada materia se emitirán por el Consejo de la Judicatura, donde se especificarán los costos y demás requisitos con base en los lineamientos. CUARTO. Lo no previsto en los Lineamientos, estará sujeto a la determinación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México. QUINTO. Por tratarse de un acuerdo de interés general, publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del estado de México, en el Boletín Judicial y para su mayor difusión, en la página web institucional del Poder Judicial del Estado de México”.
El 4 de diciembre, Sodi mandó publicar otra circular (93/2023), en la que corrige la fecha de inicio de cursos. Originalmente era el 5 de enero, y después se pasó al 25. La alarma para el gremio de los abogados cundió apenas, debido a la proximidad del arranque del negocio, pues se enteraron de que Sodi cobraría 20 mil pesos por cada diplomado.
Hubo protestas públicas en Toluca y en Ecatepec, además de reuniones de abogados de barra en Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, que ya planean una estrategia contra el negocio millonario de Ricardo Sodi Cuéllar.
Y es que se quejan en general, según nos confían, de la actitud hostil de Sodi hacia el gremio. En complicidad con Horacio Duarte y Delfina, armaron una iniciativa de ley para regular nuestros honorarios de los abogados. El gremio le reclama que aunque se diga litigante, Sodi no es sino un miembro de la acaudalada élite diazordacista que nunca se ha ganado el pan como defensor, ni es capaz de comprender las dificultades que enfrenta un abogado “de a pie” para llevar el sustento a su casa.
Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar es hijo de Manuel Sodi del Valle y Elena Cuéllar, una familia metida hasta el tuétano en la oscura administración presidencial de Gustavo Díaz Ordaz.
La familia ha dado gobernadores de Oaxaca, Procuradores Generales de la República, décadas y décadas de diputados locales y federales, senadores, y con los cambios de régimen, los Sodi siempre caen de pie. Al menos los más desinhibidos.
Porfirio Díaz hizo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Demetrio Sodi Guergué, éste sí litigante, que años después sería defensor del asesino de Álvaro Obregón, José de León Toral.
Aunque nunca les faltaron diputaciones ni senadurías, fue durante el gobierno del chacal de Tlatelolco cuando los Sodi volvieron las glorias que no gozaban desde porfiriato.
Según el libro Derecho de Sangre, historias familiares del poder público (Esteban David Rodríguez, Grijalbo, 2004), en 1925, “Alfredo Sodi, ‘uno de los hombres más ricos de Oaxaca’, primo de Don Carlos Sodi y tío de Demetrio, estableció compadrazgo con don Ramón Díaz Ordaz y doña Sabina Bolaños Chaco, al convertirse en padrino de bautizo del tercer hijo de la pareja, el pequeño Gustavo Díaz Ordaz”.
Ricardo Sodi fue rector de la Universidad Anáhuac desde 2004 y hasta antes de asumir como magistrado. Si litigó, sería a nivel corporativo. Después de todo, los Sodi han tenido despachos en Palmas desde tiempos del porfiriato.
@emeequis
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