Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
¿Año de Hidalgo? La guerra por los verificentros en el terruño de Omar Fayad
El retiro de 49 de 52 permisos de operación de verificentros en la entidad gobernada por Omar Fayad fue visto por empresarios como parte del consabido “año de Hidalgo”, a través de una medida en la que se quitan las concesiones a los responsables actuales, para darlos a otros empresarios alineados con los objetivos del grupo político saliente.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
EMEEQUIS.–La revocación de permisos de 49 de 52 verificentros en Hidalgo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado (Semarnath) por presuntas irregularidades graves generó un nuevo enfrentamiento entre la clase político-empresarial y el gobierno de Omar Fayad Meneses.
Mientras se avivan los rumores desde el grupo de Fayad acerca de que el todavía mandatario tendrá un cargo en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el retiro de los permisos fue visto por los empresarios (algunos hechos al amparo del PRI, al igual que el gobernador), como parte del “año de Hidalgo” (“$%& el que deje algo”), a través de una medida en la que se quitan las concesiones a los actuales responsables, para darlos a otros empresarios alineados con los objetivos del grupo político que termina en este periodo.
La postura del gobierno, en tanto, es que los concesionarios cometieron irregularidades graves en la operación de los verificentros, como alterar resultados para otorgar hologramas que acreditaban la verificación vehicular a unidades que no cumplían con los elementos establecidos en la Norma Oficial Mexicana (NOM).
Con base en información recabada sobre la operación de los centros, entre los empresarios detrás de los verificentros suspendidos se encuentran políticos como Aurelio Marín Huazo, exsecretario de Gobierno de Hidalgo, quien habría sido favorecido con contratos por 5.5 millones de pesos, sin licitación, para dar asesoría especializada “en gestión social” para el que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM). En el currículo de Marín destacan los casi 30 años en cargos políticos a través del PRI, pero ninguna experiencia que lo avale para el servicio que fue requerido.
Lo anterior fue parte de una investigación periodística de RindeCuentas.org. Marín habría sido favorecido por quien fue su jefe político: Manuel Ángel Núñez Soto, exgobernador de Hidalgo.
Entre los titulares de verificentros están empresarios ligados a otros exmandatarios, como Jesús Murillo Karam, así como al alcalde priísta de Tulancingo, Jorge Márquez Alvarado, y a otros personajes de la política, como exfuncionario estatales, más otros ediles y exediles de Tula y Tulancingo, cabeceras de dos de las principales regiones en la entidad.
El actual titular de la Semarnath, Said Javier Estrella García, ha declarado que los permisos fueron cancelados por inconsistencias y malas prácticas.
Entre éstas, la dependencia asegura que se encuentran navegación libre a Internet, con lo cual, acusa, se puede vulnerar el sistema encriptado con el que cuenta la Plataforma Hidalguense de Verificación.
También denuncia que identificó apreturas de gabinete y calibraciones sin dar aviso a la Semarnath; presencia de personas no autorizadas dentro del área de verificación.
¿A DÓNDE IRÁN LOS NUEVOS PERMISOS?
Según la dependencia, tras detectar estas prácticas notificó a los establecimientos a fin de que subsanaran las fallas; sin embargo, afirma que estos nos cumplieron con los lineamientos normativos para el funcionamiento de la Red Estatal de Centros de Verificación Vehicular y Unidades de Verificación Vehicular para el año 2022, en el primer semestre.
Por estas situaciones, representantes legales de los verificentros han presentado amparos, al argumentar irregularidades en la actuación del gobierno.
En manifestaciones tras la implementación de esta medida, los operadores de los centros de verificación con los permisos revocados señalaron que lo que ha sucedido hace pensar si el grupo político saliente puede emprender “el año de Hidalgo”, y asignar los permisos a empresarios afines.
“Lo que no podemos permitir es que siga habiendo irregularidades, eso es lo que está sucediendo… no se trata de atropellar los derechos de nadie sino cumplir con las disposiciones del medio ambiente que normalmente no estamos acostumbrados a cumplir”, dijo el gobernador Fayad, al asegurar que el actuar de su administración no viola derechos de los concesionarios.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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