Florencia Melany Franco Fernández presentó su renuncia como Directora General de Coordinación en la Secretaría de Hacienda (SHCP) este 1 de abril, tras la indignación nacional que provocaron los videos donde aparece asoleándose en un balcón de Palacio Nacional. El escándalo, que inicialmente el Gobierno intentó desmentir mediante la plataforma Infodemia calificándolo como un montaje de Inteligencia Artificial, escaló tras las investigaciones del influencer Vampipe y el portal EMEEQUIS, quienes revelaron un presunto conflicto de interés por asesorías mensuales de 100 mil pesos a un contratista federal
El gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció el inicio del periodo de subsidio eléctrico en Sonora, el cual se aplicará de manera histórica durante siete meses, del 1 de abril al 31 de octubre. Gracias a las gestiones ante la CFE, las familias sonorenses de los 72 municipios contarán con la tarifa 1F y rangos de consumo optimizados, permitiendo un uso mayor de energía a un costo reducido para enfrentar las altas temperaturas sin afectar severamente la economía del hogar
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo formalizó la salida de Juan Ramón de la Fuente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirmando los reportes que desde hace semanas anticipaban este relevo en el gabinete. El académico y exrector se retira por una afección en la columna que requiere rehabilitación integral, dejando la titularidad en manos de Roberto Velasco Álvarez, quien como experto en la relación con América del Norte y figura de continuidad técnica, asume el mando de la Cancillería en un momento estratégico para la revisión del T-MEC y la estabilidad regional
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Florencia Melany Franco Fernández presentó su renuncia como Directora General de Coordinación en la Secretaría de Hacienda (SHCP) este 1 de abril, tras la indignación nacional que provocaron los videos donde aparece asoleándose en un balcón de Palacio Nacional. El escándalo, que inicialmente el Gobierno intentó desmentir mediante la plataforma Infodemia calificándolo como un montaje de Inteligencia Artificial, escaló tras las investigaciones del influencer Vampipe y el portal EMEEQUIS, quienes revelaron un presunto conflicto de interés por asesorías mensuales de 100 mil pesos a un contratista federal
“Prefectos virtuales”: casi 80 millones para videovigilar “la correcta instrucción” en aulas de Semar
Un circuito formado por dos centenares de cámaras de videovigilancia acecha a estudiantes y personal de la Universidad Marítima y Portuaria de México (UPM), a cargo de Semar. El chiste ha costado casi 80 millones de pesos y el contrato se otorgó en una “licitación sin licitantes”, pues sólo el ganador “compitió”.
Florencia Melany Franco Fernández presentó su renuncia como Directora General de Coordinación en la Secretaría de Hacienda (SHCP) este 1 de abril, tras la indignación nacional que provocaron los videos donde aparece asoleándose en un balcón de Palacio Nacional. El escándalo, que inicialmente el Gobierno intentó desmentir mediante la plataforma Infodemia calificándolo como un montaje de Inteligencia Artificial, escaló tras las investigaciones del influencer Vampipe y el portal EMEEQUIS, quienes revelaron un presunto conflicto de interés por asesorías mensuales de 100 mil pesos a un contratista federal
EMEEQUIS.– Desde inicios de 2023, a través de un circuito formado por dos centenares de cámaras de videovigilancia remota en cinco planteles y dos instalaciones administrativas, es ejercida una estricta y permanente supervisión, sobre los alumnos, personal docente y académicos de la Universidad Marítima y Portuaria de México (UMPM), bajo control de la Secretaría de Marina (Semar).
Tomas de aulas, oficinas, pasillos, patios, áreas internas y perímetros exteriores en instalaciones Mazatlán, Tampico, Veracruz, Campeche y Ciudad de México son enviadas en tiempo real a los monitores del cerebro del sistema, situado en las instalaciones del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (Fidena), donde su director, Víctor Pineda Hernández, custodia la observancia de los códigos de honor de la institución.
El organismo le llamó “prefecturas virtuales” a la implementación de esta red de inspiración orwelliana, y su operación durante 9 meses ha costado 80 millones de pesos, cuyo contrato se otorgó en una “licitación sin licitantes”, pues sólo el ganador “compitió” por la asignación.
El equipo de vigilancia.
“PREFECTOS VIRTUALES”
El 29 de diciembre de 2022, en la recta final de las fiestas de fin de año, la Secretaría de Marina (Semar) asignó un contrato de 77.25 millones de pesos a la empresa Wynnmex Technologies para instalar el circuito de cámaras de videovigilanci en las escuelas náuticas mercantes de Mazatlán, Tampico y Veracruz, el Centro de Educación Náutica de Campeche, y en las oficinas centrales del Fidena, a partir de una licitación electrónica (LA-013J4V001-E466-2022).
De hecho, fue Fidena la institución que contrató el “servicio integral de videovigilancia y de prefecturas virtuales, entendiendo estas últimas como un sistema de video y monitoreo colaborativo que permita gestionar las aulas de capacitación de los cinco centros (…), visualizando el contenido desde los centros de monitoreo locales y uno remoto que estará ubicado en las oficinas centrales del fideicomiso” ubicadas en la Ciudad de México.
De acuerdo con el anexo técnico, estas prefecturas virtuales proveerán al Fidena de “las herramientas necesarias para la correcta instrucción, capacitación y video, que permita tener contacto y control en todo momento del personal académico, docente y alumnos, favoreciendo la seguridad de estos”.
Según la dependencia, el circuito de videovigilancia cumple con el propósito de “mitigar los riesgos”, ofrece “seguridad intra y extramuros”, “favorece la seguridad física de personal y alumnos”, así como de los bienes muebles e inmuebles.
De acuerdo con los anexos técnicos, la red para vigilar a la comunidad universitaria se compone de más de 200 ojos electrónicos, 19 cámaras perimetrales tipo PTZ, 104 cámaras tipo bala o bullet, 42 cámaras tipo domo, 5 cámaras tipo PTZ con estrobo, 2 cámaras tipo 180 grados; 62 estaciones de sala virtual, 10 estaciones para prefecturas; 30 pantallas videowall, 12 pantallas para el centro de monitoreo, 54 monitores para estaciones de trabajo, 62 cámaras web HD.
Las pantallas videowall son monitores profesionales que concentran imágenes, a través de un dispositivo, y conforman así la matriz que simula la pantalla gigante, de acuerdo con manuales técnicos.
Todo ello, además de gabinetes, consolas, sets de audio, dispositivos de grabación digital, fibra óptica y otros implementos de operación.
Cabe señalar que, de acuerdo con la documentación disponible en los acervos de Compranet, a la licitación electrónica no se presentaron otros pretendientes del jugoso contrato.
Wynnmex Technologies tenía dos contratos previos con Fidena, uno para propósitos semejantes y otro para arrendamiento de telefonía:
El contrato DAF/049/18 que ampara el arrendamiento plurianual de cámaras de circuito cerrado durante 2018, por 13.8 millones de pesos.
Y el DAF/051/18, por el “servicio plurianual consistente en el arrendamiento de telefonía IP” en 2018, para los planteles de la institución, por 8.3 millones de pesos.
ACECHANZA, PRIMEROS PASOS INSTITUCIONALES
La UMPM proporciona la formación de oficiales de la marina mercante, maquinistas navales y pilotos navales; pero también ofrece las licenciaturas en administración portuaria, comercio marítimo, derecho, derecho marítimo, docente en ingeniería electrónica, pedagogía, y diseño gráfico. También imparte la maestría en administración de empresas navieras.
La institución es operada por Fidena, una entidad paraestatal creados en noviembre de 1972, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) como Institución Fiduciaria, y encargado “de la formación teórica – práctica de los profesionales del mar, la continuidad operativa de las Escuelas Náuticas Mercantes y el Centro de Educación Náutica”.
El fideicomiso se inscribía dentro del sector Comunicaciones y Transportes hasta 2021, pero no era universidad.
Por disposición presidencial, en enero de ese año se determinó: “Queda agrupado al sector coordinado por la Secretaría de Marina el fideicomiso público considerado entidad paraestatal, denominado “Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional”.
Y en 2022 tomó forma la UMPM. Uno de sus primeros pasos ha sido el descrito: acechar a su personal y al alumnado.
Florencia Melany Franco Fernández presentó su renuncia como Directora General de Coordinación en la Secretaría de Hacienda (SHCP) este 1 de abril, tras la indignación nacional que provocaron los videos donde aparece asoleándose en un balcón de Palacio Nacional. El escándalo, que inicialmente el Gobierno intentó desmentir mediante la plataforma Infodemia calificándolo como un montaje de Inteligencia Artificial, escaló tras las investigaciones del influencer Vampipe y el portal EMEEQUIS, quienes revelaron un presunto conflicto de interés por asesorías mensuales de 100 mil pesos a un contratista federal
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Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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