Tras el hallazgo del cuerpo de Edith Guadalupe sepultado bajo arena en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, la Fiscalía capitalina capturó a Juan Jesús "N", vigilante del inmueble que presuntamente asesinó a la joven con un desarmador tras atraerla con una falsa oferta de trabajo. El caso, que ha provocado la destitución de funcionarios por intentar extorsionar a la familia de la víctima y exigir sobornos para agilizar la búsqueda, evidencia una grave cadena de negligencias institucionales que obligó a los deudos a realizar su propia investigación privada para localizar la escena del crimen.
Hidalgo: 113 millones de pesos "desaparecidos" mientras el campo cae en la miseria
En Hidalgo, 113.6 millones de pesos, destinados a apoyos rurales, son considerados un "daño probable" al erario, según la ASF. “Se necesita que las comprobaciones sean verificables en campo. Si no, debe procederse”, exige líder agrario.
Tras el hallazgo del cuerpo de Edith Guadalupe sepultado bajo arena en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, la Fiscalía capitalina capturó a Juan Jesús "N", vigilante del inmueble que presuntamente asesinó a la joven con un desarmador tras atraerla con una falsa oferta de trabajo. El caso, que ha provocado la destitución de funcionarios por intentar extorsionar a la familia de la víctima y exigir sobornos para agilizar la búsqueda, evidencia una grave cadena de negligencias institucionales que obligó a los deudos a realizar su propia investigación privada para localizar la escena del crimen.
Expedientes vacíos, visitas de campo inexistentes, actas de entrega que carecen de la firma de las beneficiarias… Imagen ilustrativa: Campesinos de la región de Tula y transportistas bloquearon en noviembre pasado la autopista Arco Norte, a la altura de la caseta Tula I, para exigir un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz. FOTO: FRANCISCO VILLEDA/CUARTOSCURO.COM.
EMEEQUIS.– Mientras la agricultura de Hidalgo se resquebraja por la falta de lluvias y las productoras rurales estiran el gasto para hacer rendir sus proyectos, el dinero destinado a protegerlos no tiene huella de haberse ejercido.
El más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puesto el dedo en la llaga: el gobierno de Hidalgo no ha podido comprobar el destino de 721 millones de pesos del ejercicio 2024.
En su mayoría el gasto no comprobado corresponde a pagos indebidos a trabajadores, con 593 millones 643 mil pesos de los que no existe certeza de que los hayan recibido los empleados correspondientes.
El sector agropecuario es otro de los afectados, donde 113.6 millones de pesos, destinados a seguros catastróficos y apoyos a mujeres rurales, hoy son considerados un “daño probable” al erario.
Se trata de una cifra superior a los 100.3 millones de pesos que debió servir de salvavidas para agricultores y ganaderos golpeados por el clima, pero de los cuales no existe evidencia de entrega a los afectados, además de existir inconsistencias en las firmas.

A esto se suman 13.2 millones de un programa para mujeres rurales donde la opacidad es la regla: expedientes vacíos, visitas de campo inexistentes y actas de entrega que carecen de la firma de las propias beneficiarias.

EL SEGURO QUE NO LLEGÓ
En entrevista para EMEEQUIS, el dirigente nacional de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos, aseguró que en comunidades afectadas por fenómenos climatológicos recientes, como Chapula, en el municipio de Tianguistengo, no hay registro de que el seguro catastrófico haya aterrizado.
“El dinero se supone que se invierte en un seguro general y cuando ocurre un fenómeno, como el ciclón de octubre que afectó Hidalgo, Puebla y Veracruz, ese seguro debería activarse. Pero hasta ahora no ha habido nada”, afirmó.

Álvaro López Ríos.
López Ríos relata que estuvo recientemente en la comunidad más golpeada: viviendas destruidas, ausencia de empleos y familias sobreviviendo con lo mínimo. “La gente está en el abandono. No hay apoyo municipal, estatal ni federal. Las condiciones son muy precarias”, dijo.
El dirigente recordó que hace 15 años esa misma zona fue arrasada por un huracán. Hoy, denuncia, el panorama vuelve a ser crítico, con propuestas de reubicación a 20 kilómetros de distancia que, asegura, desarraiga a las familias de sus tierras y fuentes de trabajo.
LAS MUJERES DEL CAMPO TERMINAN EN EL AIRE
El informe de la ASF también exhibe irregularidades en el Programa Productivo para la Mujer Rural. Los más de 13.2 millones observados no cuentan con expedientes completos ni evidencia fotográfica de supervisión. Las actas de entrega, además, carecen de la firma de las beneficiarias.

Para la UNTA, no se trata de un hecho aislado. “Es común en todo el país. Hay poca vigilancia en la aplicación de recursos federales. Se alteran actas, se fotocopian firmas. Eso habla de deshonestidad en la administración pública”, sostuvo López Ríos.
El impacto, advierte, es directo: “Si se inventa que se apoyó a un grupo de mujeres indígenas del Valle del Mezquital, pero el dinero no llega, se perpetúa la marginación ancestral. Son recursos que deberían impulsar proyectos productivos y terminan en el aire”.

“CUBRAOS LOS UNOS A LOS OTROS”
Más allá del presunto boquete financiero, el panorama del campo hidalguense es adverso. Hidalgo produce maíz en regiones como el Valle del Mezquital, el Valle de Tula, Tulancingo y Apan. Sin embargo, la caída de precios internacionales, derivada de una superproducción en Estados Unidos, ha desplomado la rentabilidad, a esto se suman los desastres naturales y la “desaparición” de apoyos.
“Nos orillan a dejar de sembrar porque no es rentable”, señaló el dirigente, quien también se asume como productor de trigo y sorgo.
A ello se suma la crisis ganadera por el gusano barrenador y la importación de ganado contaminado en años recientes. “La ganadería está postrada. Hay pérdidas graves y restricciones para exportar”, afirmó.
Según estimaciones de la organización, alrededor de 300 mil productores en Hidalgo podrían estar siendo afectados por la combinación de bajos precios, falta de apoyos y fenómenos climatológicos. A nivel nacional, la cifra ascendería a cinco millones de familias dedicadas a la agricultura y la ganadería, deacuerdo con López Ríos.
La ASF otorgó un plazo de 90 días para que el gobierno estatal aclare el destino de los recursos observados. López Ríos se muestra escéptico.

“Se necesita que las comprobaciones sean verificables en campo. Si no, debe procederse contra quienes ejercieron esos recursos y simularon su aplicación”, afirmó y agrega la frase “cubraos los unos a los otros” en ironia refiriéndose a que el plazo de 90 días, termina el 18 de mayo, que da la ASF no aparecerán las evidencias faltantes.
El dirigente, exprofesor de primaria en Hidalgo durante 15 años, sostiene que el problema de fondo es la falta de sensibilidad y ética en los tres niveles de gobierno.
“Si lo que ven es negocio, se dedican a hacer negocio. El campo necesita funcionarios con vocación y principios. No solo discursos”, concluyó.
Mientras tanto, en los surcos de Hidalgo, la sequía no solo es climática. También es presupuestal.
@MarRome259

