“Si me invitan, regreso. Sería un gran honor ir a la UNAM”, dice Yasmín Esquivel, a pesar de que tiene demandado al exrector Graue por el tema del plagio de tesis.
Tras opinar de la elección judicial en Sonora, Sheinbaum dice que no le han notificado sobre la prohibición del INE. El Código Civil dice que “la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento”.
Sheinbaum opina de elección judicial este domingo, a pesar de prohibición del INE y artículos de la LGIPE y la Constitución. Dice que se van a elegir jueces porque los otros “eran bien corruptos”.
Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, ministras de la Corte identificadas con la 4T, arrancan campaña en pos de uno de los nueve cargos en la SCJN. Hay 881 puestos del Poder Judicial en disputa y más de 3,400 candidatos.
“Si me invitan, regreso. Sería un gran honor ir a la UNAM”, dice Yasmín Esquivel, a pesar de que tiene demandado al exrector Graue por el tema del plagio de tesis.
Se permitió que exdiputado local de Hidalgo, Alejandro Enciso Arellano, también exsecretario particular del hoy embajador de México en Noruega, Omar Fayad Meneses, se retirara cuando su camioneta Jeep volcó en la carretera Pachuca-La Estanzuela. Luego, pagó una multa de 2,200 pesos, similar a pasarse una luz roja
“Si me invitan, regreso. Sería un gran honor ir a la UNAM”, dice Yasmín Esquivel, a pesar de que tiene demandado al exrector Graue por el tema del plagio de tesis.
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EMEEQUIS.– Por cobros de infracciones de tránsito, el gobierno de Pachuca, Hidalgo, a cargo de Jorge Alberto Reyes Hernández, postulado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha cobrado 10.1 millones de pesos en seis de los siete meses que lleva en funciones.
Mientras ciudadanos reclaman el endurecimiento de intervenciones policiales con posibles fines recaudatorios, la misma corporación actuó con criterio preferente en favor del exdiputado local de Hidalgo, Alejandro Enciso Arellano, también exsecretario particular del hoy embajador de México en Noruega, Omar Fayad Meneses, cuando su camioneta Jeep volcó la madrugada del viernes 14 de marzo en la carretera Pachuca-La Estanzuela, pero le permitieron que se retirara, sin recibir ninguna sanción.
Aunque dos unidades de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de la capital hidalguense arribaron al sitio, no cumplieron con el protocolo, que establecía remitir el vehículo al corralón y el levantamiento del acta correspondiente. Los dos tripulantes tampoco fueron intervenidos.
Después de que imágenes del incidente y el actuar de los elementos se dio a conocer en redes sociales, con críticas sobre el trato preferencial al político, el ayuntamiento de Pachuca informó que había iniciado una investigación por las posibles facilidades que otorgó su personal al expriista.
Mientras tanto, Enciso Arellano publicó el 15 de marzo un video en el que aseguró que su Jeep era conducido por un amigo, que realizó una “mala maniobra”, lo que, supuestamente, ocasionó la volcadura, y que su “error” personal fue “no exigir que se me aplicara el protocolo al pie de la letra”, lo cual implicaba que la camioneta fuera remolcada al corralón y se levantara un acta. El estado de los tripulantes tampoco fue corroborado.
Posteriormente, Enciso dijo en su grabación que el martes 18 “personalmente” llevaría su vehículo al corralón de Pachuca, “y si hay que pagar una multa, la pagaré con toda responsabilidad”. ¿La pregunta es? Por qué después de que el asunto se hiciera viral.
El director de Tránsito y Vialidad, Óscar Sánchez López, informó que el exparticular de Fayad acudió, como mencionó, cuatro días después de los hechos y tras la viralización de los acontecimientos, además de que pagó una multa de alrededor de 2 mil pesos, pero consideró que la actuación policial, que “prestó auxilio” para liberar la vía, fue correcta, en defensa de los elementos a quienes se sigue un proceso en la Comisión de Honor y Justicia porque, a decir de la alcaldía en un comunicado, se presumía que “no actuaron de acuerdo a protocolos establecidos en el reglamento, favoreciendo con su conducta al exdiputado Alejandro Enciso”, por lo cual también habían sido suspendidos.
La narrativa de Sánchez López coincide con la del político: el coche funcionaba y podían liberar la vialidad de forma rápida, además de asegurar que no había heridos ni daños a la vía pública, por lo que los oficiales consideraron que los tripulantes podían retirarse. Enciso es parte del llamado Grupo Plural Independiente (GPI), cuyo líder es Omar Fayad y ahora está adherido a la denominada Cuarta Transformación (4T), misma filiación política que el gobierno municipal.
El monto por el altercado de Enciso es similar a las sanciones de 2 mil 200 pesos por pasar una luz roja. En este sentido, automovilistas han denunciado, también por redes sociales, el incremento de intervenciones de la policía por multas. Además, de haberse cumplido el procedimiento y con base en las tarifas vigentes, al menos debió pagar no dos mil, sino cinco mil 500 pesos por arrastre y corralón, sin considerar la sanción de la que debió ser acreedor, según las situaciones que explicaran la volcadura.
Desde el primero de septiembre de 2024, cuando inició el gobierno de Jorge Alberto Reyes Hernández, hasta el 28 de febrero de 2025, el monto recaudado por las infracciones vehiculares asciende a 10 millones 178 mil 334.50.
Lo anterior lo reveló el ayuntamiento, en respuesta a la solicitud de información con folio 130223000006525, dirigida por EMEEQUIS.
Además de la intervención por situaciones viales como pasos de luz roja y estacionamiento en lugares no permitidos, el municipio reanudó sanciones por uso del carril confinado del Tuzobús.
Aunque ese sistema de transporte es de competencia estatal, la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca está facultada para aplicar multas a los automovilistas que transitan por el carril confinado.
En redes sociales, usuarios han exhibido en imágenes y videos a destacamentos de policías motorizados y en patrullas que, tras apersonarse en las inmediaciones de puntos del centro al sur de la ciudad contiguas al trazado del carril confinado, “cazan” automovilistas que circulan por el tramo, para multarlos.
Los mismos automovilistas se han quejado por los embotellamientos que se hacen en trayectos de la ruta troncal, donde originalmente –en el sexenio del gobernador Francisco Olvera Ruiz (2011-2016) – se quitó un carril para que circulara el sistema de transporte masivo. El tránsito, además, se ha ralentizado cuando hay accidentes viales y bloqueos a causa de manifestaciones.
Por la solicitud 130223000006625, el ayuntamiento respondió que desde el inicio del actual gobierno ha recibido 27 quejas por presuntas actuaciones irregulares de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca.
Las acusaciones son por “la comisión de conductas contrarias al régimen disciplinario y que de ellas deriven acciones u omisiones”, que no incluyen a los agentes suspendidos por favorecer al exlegislador Enciso. Todos los 27 casos, afirmó, “se encuentran en etapa de integración”, sin que algún agente haya sido sancionado.
Enfatizó, al responder otro requerimiento de información (solicitud 130223000006925), que contra su titular Juan Manuel Ayala Guarro, quien cursa su segundo periodo al frente de la policía, ya que fue incorporado en el mandato del expriista Sergio Baños Rubio, no cuenta con ningún procedimiento en su órgano de control interior por responsabilidades administrativas.
@emeequis
“Si me invitan, regreso. Sería un gran honor ir a la UNAM”, dice Yasmín Esquivel, a pesar de que tiene demandado al exrector Graue por el tema del plagio de tesis.
Tras opinar de la elección judicial en Sonora, Sheinbaum dice que no le han notificado sobre la prohibición del INE. El Código Civil dice que “la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento”.
Sheinbaum opina de elección judicial este domingo, a pesar de prohibición del INE y artículos de la LGIPE y la Constitución. Dice que se van a elegir jueces porque los otros “eran bien corruptos”.
Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, ministras de la Corte identificadas con la 4T, arrancan campaña en pos de uno de los nueve cargos en la SCJN. Hay 881 puestos del Poder Judicial en disputa y más de 3,400 candidatos.
