Treinta y un años después del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, la Fiscalía General de la República reabre la hipótesis del segundo tirador con la detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN. Aunque su vinculación a proceso genera polémica y acusaciones de “caja china” vinculadas al asesinato reciente del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, las investigaciones muestran que Sánchez Ortega nunca disparó contra Colosio, pese a que su ropa presentó manchas de sangre del priista. La FGR fundamenta la reapertura en nuevas evaluaciones forenses y testimonios, pero mantiene que la evidencia química, los dictámenes de poligrafía y los reportes de testigos no lo implican directamente en el magnicidio
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Durante una reunión de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum para presentar los avances del sistema IMSS-Bienestar en Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que durante este año se han otorgado más de un millón 400 mil consultas generales y de alta especialidad, incrementando a 400 por ciento la atención de las y los sonorenses que no cuentan con seguridad social. Para los próximos dos años, con una inversión de más de 440 millones de pesos se tienen contemplada la construcción de diversas obras del sistema IMSS-Bienestar garantizando la atención digna y de calidad.
Según Ricardo Monreal legisladores de la 4T se reunieron con Sheinbaum para hacer un resumen del trabajo legislativo, pero también acordaron organizar la marcha del 6 de diciembre “para celebrar siete años de gobierno desde AMLO”.
Treinta y un años después del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, la Fiscalía General de la República reabre la hipótesis del segundo tirador con la detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN. Aunque su vinculación a proceso genera polémica y acusaciones de “caja china” vinculadas al asesinato reciente del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, las investigaciones muestran que Sánchez Ortega nunca disparó contra Colosio, pese a que su ropa presentó manchas de sangre del priista. La FGR fundamenta la reapertura en nuevas evaluaciones forenses y testimonios, pero mantiene que la evidencia química, los dictámenes de poligrafía y los reportes de testigos no lo implican directamente en el magnicidio
El segundo tirador de Luis Donaldo Colosio sale de las sombras, ¿con pruebas?
Treinta y un años después del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, la Fiscalía General de la República reabre la hipótesis del segundo tirador con la detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN. Aunque su vinculación a proceso genera polémica y acusaciones de “caja china” vinculadas al asesinato reciente del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, las investigaciones muestran que Sánchez Ortega nunca disparó contra Colosio, pese a que su ropa presentó manchas de sangre del priista. La FGR fundamenta la reapertura en nuevas evaluaciones forenses y testimonios, pero mantiene que la evidencia química, los dictámenes de poligrafía y los reportes de testigos no lo implican directamente en el magnicidio
Treinta y un años después del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, la Fiscalía General de la República reabre la hipótesis del segundo tirador con la detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN. Aunque su vinculación a proceso genera polémica y acusaciones de “caja china” vinculadas al asesinato reciente del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, las investigaciones muestran que Sánchez Ortega nunca disparó contra Colosio, pese a que su ropa presentó manchas de sangre del priista. La FGR fundamenta la reapertura en nuevas evaluaciones forenses y testimonios, pero mantiene que la evidencia química, los dictámenes de poligrafía y los reportes de testigos no lo implican directamente en el magnicidio
EMEEQUIS.– Treinta y un años después del magnicidio del entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio Murrieta, la Fiscalía General de la República (FGR) revivió la hipótesis del “segundo tirador” con la detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega, entre acusaciones de la oposición por una supuesta “caja china” en la coyuntura del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien había acusado temor y amenazas del crimen organizado.
El cumplimiento de la orden de aprehensión y la posterior vinculación a proceso también reabre cuestionamientos sobre la presencia de Sánchez Ortega en el mitin de Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994, su ropa manchada de sangre cuyas muestras de ADN coincidieron con las del priista, así como la prueba forense positiva de rodizonato de sodio para detectar la presencia de plomo y bario, especialmente en residuos de disparo de armas de fuego.
Aunque la FGR no se ha pronunciado al respecto, en esta coyuntura, EMEEQUIS presenta las pruebas, cuestionamientos y posibles omisiones respecto a la teoría del segundo tirador que fueron recabadas inicialmente por la Fiscalía Especializada en el Caso Colosio, que en 2022 reabrió la investigación sobre el asesinato del político sonorense.
En el seguimiento a Sánchez Ortega, el equipo de investigación y litigación encargado del caso reconoció que, cuando se detuvo a Jorge Antonio, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN, hoy Centro Nacional de Inteligencia (CNI)), se omitió hacer la prueba de absorción atómica para confirmar si disparó un arma de fuego, ante la negativa del hoy procesado de haber disparado en dos años.
En un comunicado de enero de 2024, la FGR planteó que el CISEN, que en 1994 dependía de la Secretaría de Gobernación (Segob), mandó a Sánchez Ortega al lugar de los hechos “para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia”, con lo que consideró que su liberación en el momento de los hechos fue “un evidente encubrimiento delictivo”.
La Fiscalía Especializada en el Caso Colosio reconocía desde 1995 que las hipótesis de un segundo tirador que involucraban al exagente del CISEN se basaban en dos factores fundamentales: el primero, que fue positiva la prueba de rodizonato de sodio y, en consecuencia, se afirma que efectuó disparo con arma de fuego; el segundo, que la chamarra que vestía resultó manchada con sangre de Colosio Murrieta.
Aceptó desde entonces que hubo una diferencia de segundos entre los dos disparos y varios testigos dijeron que huyó tras los tiros y no ayudó a trasladar al candidato. Sin embargo, la Subprocuraduría concluyó que quien efectuó ambos disparos en contra de Luís Donaldo Colosio fue Mario Aburto Martínez, “y por lo tanto, se tiene la absoluta certeza de que Jorge Antonio Sánchez Ortega no atentó materialmente en contra del candidato”.
“Debemos dilucidar, sí es posible, si Jorge Antonio Sánchez Ortega efectuó un disparo en un lapso no mayor de 12 horas antes de ocurrir el atentado. En su caso tendría que razonarse en qué circunstancias pudo ocurrir esto. Si no es así, necesitamos una explicación convincente sobre si la positividad de la prueba se da como consecuencia de una contaminación (falsa positiva)”, razona también la Fiscalía.
Con base en el dictamen de prueba, la mancha de sangre en la chamarra, ubicada un poco abajo del hombro izquierdo, tenía una extensión no mayor a dos centímetros y resultó ser de Colosio.
Sánchez Ortega ha negado siempre haber tenido alguna participación en el homicidio. La Fiscalía justificaba que se le habían aplicado varias pruebas de poligrafía y que el resultado siempre había sido que no mentía al dar su versión de los hechos.
Sin embargo, la propia Subprocuraduría reconoció que en el examen practicado a solicitud y por conducto de la misma, Jorge Antonio Sánchez Ortega trató de manipular la prueba.
“De la interrogante del resultado positivo de la prueba de rodizonato de sodio que se le practicó el 23 de marzo de 1994 a Sánchez Ortega, se buscó establecer con el auxilio de instituciones extranjeras el verdadero alcance, validez y confiabilidad de la prueba de rodizonato de sodio. Se ha establecido por expertos del FBI que no existe en el mundo una prueba 100 por ciento confiable para determinar si una persona efectuó o no un disparo con arma de fuego”, justificó el área encargada de esclarecer el magnicidio.
“En todo caso se requiere el concurso de otros elementos para establecer una conclusión válida. En México la prueba de rodizonato de sodio se caracteriza por ser una prueba de orientación… Más aún, ni siquiera en el caso de que se haya localizado antimonio significaría la ejecución de un disparo”, añadió también para defender que la prueba no era definitiva.
Por estos criterios, la Fiscalía había determinado no ejercer acción penal contra Sánchez Ortega. Sin embargo, hace dos años, aun en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la FGR solicitó la liberación de una orden de aprehensión, y después de una batalla jurídica el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, la concedió.
La orden fue ejecutada en Tijuana el sábado 8 de noviembre en la colonia Los Reyes, delegación Los Pinos, cerca de las 16:37 horas. El sitio en el que se cumplió la medida se ubica a menos de 15 kilómetros de Lomas Taurinas, donde Colosio recibió los dos disparos letales.
El caso también fue reabierto por la Recomendación 48VG/2021, en la que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sostuvo que acreditó violaciones graves, actos de tortura y faltas al debido proceso cometidos contra el principal indiciado en el magnicidio, Mario Aburto Martínez, desde su detención el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California.
Aunque la Fiscalía Especializada en el Caso Colosio desvalorizó la propia prueba de rodizonato, la perito encargada de practicarla a Sánchez Ortega, determinó en el primer momento que esta persona sí había hecho un disparo con arma de fuego.
No obstante lo anterior, la propia perito dijo que el material de prueba no se había conservado, sin que se explicaran las razones de cómo un dictamen de esta índole no fue preservado por la institución, por lo que “sólo se cuenta con su testimonio”.
Esta instancia siguió con el razonamiento de no considerar la prueba como probatoria suficiente al argumentar que el FBI había reportado que desde hacía aproximadamente 50 años había prescindido de ésta por su obsolescencia.
TESTIMONIOS Y DESCARTES
La Fiscalía Especializada planteó desde los meses de inicio de la investigación que cuando existen dudas de los resultados positivos o negativos de la prueba de rodizonato de sodio, debe procederse a realizar estudios de confirmación como la Espectrofotometría de Absorción Atómica, la cual se caracteriza por ser altamente sensible y posibilita la identificación de partículas en parte por millón, además de ser sumamente específica para el o los elementos que se buscan; sin embargo, no la practicaron al exagente del CISEN.
“La posibilidad de hacerla existió, pues pudieron analizarse bajo esa técnica las muestras que se recolectaron de la prueba de rodizonato de sodio. Sin embargo, las muestras no se conservaron”, justificó la Fiscalía.
Asimismo, descartó a Sánchez Ortega como “segundo tirador” no sólo porque él les dijo que no había disparado un arma en dos años, sino por “investigación de campo”, que consistía en una serie de testimonios.
TESTIMONIOS DE HERMANAS Y POLICÍAS
Entre estos se encuentran los de las hermanas Rosa María y Margarita González Herrera, quienes declararon haber atendido en su negocio a Jorge Antonio minutos antes del atentado y afirmaron ministerialmente que no lo vieron armado cuando estuvo consumiendo una sopa instantánea.
Añadió que al momento de ser detenido no se le encontró ningún arma de fuego y que ninguno de los policías tanto municipales como judiciales que intervinieron en su detención y traslado vieron que estuviera armado.
Además, que René Gómez Michel, entonces delegado territorial del PRI en Tijuana, “quien intercedió ante la policía en favor y a petición expresa de Sánchez Ortega al momento de ser detenido en Lomas Taurinas, aseguró ante esta autoridad que no vio que portara arma de fuego”, aunado a que dentro del Volkswagen que tripulaba el exagente del CISEN el día de los hechos no se encontró ningún arma.
PRUEBAS QUÍMICAS NEGATIVAS
Tampoco en el portafolio que portaba ni en las ropas, cuando fue desnudado en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Baja California.
La Fiscalía que no ejerció acción penal contra Sánchez Ortega sostenía que el dictamen químico practicado a la chamarra Members Only talla 36 que portaba el agente –la misma en la que se encontraron residuos de la sangre de Colosio– dio negativo en las pruebas para detectar la presencia de derivados nitrados
Igualmente destacaba que el FBI había practicado un dictamen pericial de la chamarra para detectar la presencia de pólvora y/o residuos por disparo de arma de fuego y dio negativo, pero lo hizo tres años después del magnicidio, el 15 de mayo de 1997.
AUSENCIA DE TESTIGOS CERCANOS
Insistía en que ningún testigo situaba a Sánchez Ortega cerca del candidato y que en las más de 5 mil fotografías y en los 13 videos del evento de Lomas Taurinas con que contaba, no lo veía cerca de Luis Donaldo, “ya que, de haber disparado al candidato, debió estar muy cerca de él; recuérdese que se ha establecido que los disparos fueron de contacto y a quemarropa, respectivamente”.
LA SANGRE EN LA CHAMARRA
¿Cómo Jorge Antonio Sánchez Ortega maculó la manga izquierda de su chamarra con dos centímetros de sangre que, a la postre, se determinó era de Luis Donaldo Colosio? La Fiscalía Especializada en esclarecer el caso se planteó esta pregunta, para la que concluyó descartar al exagente del CISEN como responsable de disparar.
Una de las versiones que consideró fue la de Edmundo Salas Garza, entonces director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, quien a través del oficio Dl/126/94 del 17 de mayo de 1994, dijo al fiscal Miguel Montes García que Jorge Antonio Sánchez Ortega realizaba “actividades” en Tijuana el 23 de marzo de 1994 y fue este directivo quien le “informó” que Sánchez Ortega se manchó su chamarra con sangre al ayudar a trasladar a Luis Donaldo Colosio de una camioneta Blazer a la ambulancia.
El propio Jorge Antonio contradeciría esta versión en más de una ocasión, mientras la narrativa fue variando.
DECLARACIONES MINISTERIALES
El 24 de marzo de 1994, al rendir su primera declaración ministerial, aseguró que al tratar de acercarse a Luis Donaldo, alguna de las personas que ahí se encontraban haciendo el traslado del candidato le mancharon de sangre la manga izquierda de la chamarra de color blanco que traía puesta, sin percatarse de ello.
En su ampliación de declaración de 13 de enero de 1995 aseveró que “el de la voz no ayudó en ningún momento a pasar el cuerpo de Luis Donaldo Colosio de un vehículo a otro y sólo observó”.
Hasta tres años después del atentado hubo otra ampliación de declaración, el 5 de febrero de 1997, en la que Sánchez Ortega fue inquirido sobre la sangre de Colosio en su ropa. La comparecencia duró aproximadamente 40 horas, en tres sesiones.
INFORMES DEL CISEN
A Jorge Antonio se le mostró el informe de su jefe en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que había sido considerado un elemento para liberarlo, y él sólo respondió “que lo asentado en él es como una interpretación que da quien elaboró dicho informe, quien interpretó que yo ayudé a cargar al candidato, lo cual no es cierto, porque yo nunca lo toqué, aunque estuve cerca del candidato al momento del traslado, como a metro y medio. En ese lugar había personas probablemente también impregnadas con sangre y me pudieron haber manchado”.
Tras ello, luego de ser cuestionado sobre las versiones contrapuestas, el entonces director del CISEN declaró sobre su informe que “los hechos ahí contenidos no me constan y son resultados de informes enviados a la Dirección de Investigación por la Subdelegación (CISEN) en Tijuana”, pero más adelante en la misma diligencia señaló de nuevo que fue el propio Sánchez Ortega quien le afirmó que ayudó al traslado de Luis Donaldo Colosio de un vehículo a otro y que fue ahí cuando se manchó de sangre.
Aunque aceptó que ni el propio exagente había “podido explicar las circunstancias en que se manchó de sangre, la Fiscalía sostuvo que el motivo por el que se encontraba en Lomas Taurinas el 23 de marzo de 1994 fue con objeto de cubrir el evento en cumplimiento a una comisión de trabajo, según se corrobora con las manifestaciones de sus superiores jerárquicos y compañeros de trabajo”.
RESOLUCIÓN INICIAL Y VINCULACIÓN ACTUAL
Un día después del magnicidio, la situación jurídica de Sánchez Ortega fue resuelta, porque el agente del ministerio público de la federación consideró que no había indicio de que estuviera relacionado con el ataque, por lo que fue liberado con las reservas de ley.
La FGR, que en enero de 2024, a tres décadas del magnicidio, afirmó que tenía elementos para sostener la hipótesis del segundo tirador, y el expresidente López Obrador en sus conferencias matutinas siguientes a esa versión, vincularon a Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, en el supuesto encubrimiento para Sánchez Ortega, sacado de Tijuana “de manera urgente” tras ser liberado.
García Luna era subdirector de Operaciones del CISEN. Desde oficinas de esta dependencia hubo una llamada reconocida en el expediente del Caso Colosio, pero, según la anterior Fiscalía Especializada, no fue de oficinas centrales, sino de la delegación de Baja California, efectuada por Jorge Tello Peón para conocer la situación jurídica de Sánchez Ortega, el mismo 23 de marzo de 1994.
REAPERTURA DE LA HIPÓTESIS 31 AÑOS DESPUÉS
La hipótesis del segundo tirador se reabre 31 años después con la detención y vinculación a proceso. El 30 de octubre de 2023 se emitió una nueva orden de aprehensión en su contra, pero un juzgado en procesos penales federales rechazó asumir competencia.
La detención también ocurre tras la reforma al poder judicial y la primera elección popular de jueces y magistrados impulsada por el expresidente López Obrador y tras el asesinato de Carlos Manzo en Michoacán, que sucedió a los de Alejandro Torres Mora –sobrino del otrora líder de las fuerzas de autodefensa de La Ruana, Hipólito Mora–, y el líder limonero Bernardo Bravo, presidente de una asociación de citricultores, ultimados tras haber hecho referencias o advertido sobre riesgo o amenazas por parte del crimen organizado.
Treinta y un años después del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, la Fiscalía General de la República reabre la hipótesis del segundo tirador con la detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN. Aunque su vinculación a proceso genera polémica y acusaciones de “caja china” vinculadas al asesinato reciente del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, las investigaciones muestran que Sánchez Ortega nunca disparó contra Colosio, pese a que su ropa presentó manchas de sangre del priista. La FGR fundamenta la reapertura en nuevas evaluaciones forenses y testimonios, pero mantiene que la evidencia química, los dictámenes de poligrafía y los reportes de testigos no lo implican directamente en el magnicidio
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