El mapa del crimen en Chihuahua en plena disputa política

Dos personas fueron detenidas por conducir un tractocamión cargado con combustible de presunta procedencia ilegal, en hechos registrados el 24 de diciembre de 2025 en Estación Consuelo, Chihuahua.

EMEEQUIS.– La disputa histórica del crimen organizado en Chihuahua se había centrado entre el Cártel de Sinaloa (a través de facciones como Los Cabrera y Los Mexicles) y el Cártel de Juárez (con su brazo armado La Línea). 

Este mapa delictivo ha cambiado en el último lustro, a partir de lo que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Estado y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos ven como una serie de alianzas del Cártel de Sinaloa con el de Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que ha potenciado la guerra interna.

Los acuerdos no sólo implican la concesión de territorios para el tráfico de drogas a través de la frontera, sino que consideran la incursión de nuevos giros criminales, entre los que destaca un delito en crecimiento durante la gubernatura de María Eugenia Campos Galván: el huachicol.

A partir de entonces, la guerra local se ha intensificado, convirtiéndo se en un territorio estratégico para el crimen organizado en el norte del país. 

En este contexto también ocurre la disputa política en Chihuahua entre el partido Morena –que ha presentado formalmente ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político y desafuero en contra de Campos– y la gobernadora panista, quien señala una persecución política orquestada desde el gobierno federal y el partido oficialista.

Se trata de una disputa originada a raíz del presunto despliegue y operación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en la Sierra Tarahumara, pero que tiene a las elecciones de 2027 como otra de sus coyunturas.

A lo que este martes se sumó otro citatorio en su contra, esta vez por parte de la Fiscalía CDMX, por presuntamente haber privado de la libertad a Javier Corral en un operativo de 2024, implementado por la Fiscalía de Chihuahua que, a diferencia de otros estados, no es autónoma y responde al gobierno de la entidad.

Sin embargo, la Fiscalía aclaró que la notificación deriva de una impugnación de Corral al no ejercicio de acción penal, por lo que no se trata de una imputación de delito contra Campos. 

Maru Campos suma otro citatorio: acusa persecución

HUACHICOL, EL CRECIMIENTO SILENCIOSO EN CHIHUAHUA

El problema del “huachicol” en el estado de Chihuahua abarca tanto el robo directo de hidrocarburos a ductos de Pemex –con tomas clandestinas y aseguramientos de tráileres–, como el llamado “huachicol fiscal” mediante el contrabando de combustible a través de la aduana fronteriza de Ciudad Juárez, según informes de la DEA.

En 2021, año en el que María Eugenia Campos Galván asumió como gobernadora (tomó protesta el 8 de septiembre), la entidad concentraba las perforaciones a ductos en dos municipios: Juárez, que tuvo ocho casos, y Chihuahua, con siete. Era, sin embargo, la etapa de contingencia sanitaria por el Covid-19, aunque en esta entidad y a nivel nacional la operación y movilidad delincuencial en cuanto a robo de hidrocarburos siguió.

Para 2022 se sumó un nuevo punto de extracción: Ahumada, que tuvo cuatro tomas clandestinas, sumadas a diez de Chihuahua capital y seis de Juárez registradas también en esos doce meses.

Pero fue 2023 cuando los cárteles más se extendieron en el robo y trasiego de gasolinas, para dejar a Chihuahua capital con 71 picaduras a ductos mediante los cuales extraían crudo, un récord histórico hasta el momento impuesto durante el gobierno de Campos. Además, Juárez, sumó otras 9 “ordeñas”, y Ahumada 8 más. Sin embargo, a esos territorios ya de operación de los huachicoleros se añadieron Jiménez, con 16 tomas; Aquiles Serdán, con 16; Aldama, con 5, e incluso Rosales, donde también Pemex halló una perforación.

Lo anterior muestra un crecimiento superior al 500 por ciento, al pasar de 20 tomas en 2022 a 126 el año siguiente, de un delito, y en un territorio, que anteriormente no figuraba con esa incidencia en el mapa del huachicol nacional.

Para analistas consultados, este acaparamiento de un punto antes aparentemente “virgen” en cuanto a ilícitos en materia de hidrocarburos responde a la movilidad criminal de los cárteles, así como a las alianzas entre ellos. Es decir, cuando una organización arriba a una entidad mediante el pacto con otra, no sólo acuerdan sobre rutas de trasiego de drogas, sino que también pueden amplificar las carteras delictivas.

Pipa con 24 mil litros de combustible ilegal abandonada en la carretera de Juárez. Foto: Puente Libre.

Para 2024, las tomas clandestinas en Chihuahua capital subieron a 87; además, Jiménez sumó 24; Aldama, 15; Aquiles Serdán, 13; Ahumada, 9, y Juárez, 6. Llegó, con ello, a 154, pero 2025 lo cerró con 231 perforaciones mediante las cuales los grupos delictivos extrajeron combustibles, el récord más alto en el mandato de María Eugenia Campos.

Sin embargo, la tendencia no decrece: al primer trimestre de 2026, el estado de Chihuahua ya suma 80 perforaciones a ductos, 29.03 por ciento más que las que contabilizada hasta el mismo periodo de 2025 (62). Por este ritmo con el que los ordeñadores pican un ducto para robarle el combustible, cada día 3 con horas aparece una toma clandestina en una entidad que, hasta hace cinco años, no figuraba entre los territorios principalmente explotados por los huachicoleros, pero que hoy se sitúa en el décimo lugar nacional.

Todos los datos sobre tomas clandestinas corresponden a un informe de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Pemex obtenido por EMEEQUIS a través de una solicitud de información.

EL NUEVO MAPA CRIMINAL

El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, asegura que en el norte del país opera una red del Cártel de Sinaloa (CDS) que ingresa dinero del narcotráfico mediante negocios y criptomonedas. Aunque sitúa en Sinaloa a las principales firmas, asegura que el mecanismo de lavado pasa por la entidad gobernada por Maru Campos.

Por ello, apenas en días pasados sancionó al restaurante Gorditas Chiwas, que abrió en 1997 en un local de Plaza Mirador, en Chihuahua, por ser propiedad de supuestos testaferros del CDS, pero presume que las operaciones de blanqueo alcanzan a más personas físicas y morales que tiene bajo investigación.

En Baja California, la pugna histórica se situaba entre los cárteles de Sinaloa y de Juárez; no obstante, con la tercera y última captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ocurrida el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, comenzó una fractura interna en la primera organización. 

Esta división se volvió en guerra en septiembre de 2024, con un crecimiento acelerado de la violencia que tiene a Sinaloa como el estado con mayores índices delictivos 

Esto por las repercusiones de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, que ha alcanzado su punto más álgido a raíz de la trama mediante la cual fue entregado Ismael “El Mayo” Zambada por Joaquín Guzmán López, hijo del “Chapo”, a Estados Unidos en julio de 2024.

En aquel país, inteligencia ubica una alianza operativa y estratégica entre la facción de los hijos del Chapo Guzmán y el CJNG en Chihuahua, que ve activa pese al abatimiento el 22 de febrero último de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, antes líder absoluto del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los Chapitos y el CJNG han buscado combatir conjuntamente a la facción de los herederos del “Mayo” Zambada, con quien en Chihuahua se identificaban células como Los Rusos. Ambos se disputan el control de plazas clave como Mexicali y el Valle de Mexicali, una extensa región agrícola de aproximadamente 3 mil 709 kilómetros cuadrados, famosa por sus tierras de cultivo y motor primario agrícola.

A su vez, autoridades de seguridad del estado han identificado posibles indicios de que el CJNG y remanentes del Cártel de los Arellano Félix también colaboran en plazas como Tijuana. Lo anterior crea tanto alianzas simultáneas como también disputas múltiples; es decir, un posible fuego cruzado por tener varios frentes abiertos.

En este escenario también sobreviven facciones como Los Mexicles, una banda cuyo origen fue el robo de autopartes, a transeúntes y a casa habitación, que se refugiaban en colonias marginales de Juárez. Su primera formación era integrada por pandilleros centroamericanos deportados de Estados Unidos y migrantes mexicanos también expulsados del país norteamericano, hasta que, para usar su estructura y por la organización que tenían en barrios vulnerables con nivel de captación de reclutas, fueron absorbidos por el Cártel de Sinaloa.

Aunque su bastión histórico y principal zona de operaciones es Ciudad Juárez, Los Mexicles tienen presencia en otras partes del estado de Chihuahua y el norte de México. Además, han sido ubicados como operadores del narcotráfico, narcomenudeo, extorsión, secuestro, asalto y tráfico de personas.

Asimismo, mantienen una estructura de tipo paramilitar y ejercen influencia tanto en las calles como dentro del sistema penitenciario, y disputan el control con grupos rivales como La Línea y Barrio Azteca.

En este escenario de disputa entre organizaciones estalló el conflicto político en Chihuahua tras un operativo de seguridad contra el crimen organizado en el que fallecieron elementos de inteligencia norteamericanos que vestían uniformes de la Policía Estatal.

Presuntamente, los agentes estadounidenses operaban clandestinamente junto a autoridades ministeriales de Chihuahua y habrían participado en al menos tres redadas y el desmantelamiento de narcolaboratorios. Para camuflarse, supuestamente portaban uniformes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) local.

La presencia encubierta de agentes de la CIA se descubrió tras un accidente automovilístico el 19 de abril de 2026 en la sierra Tarahumara, cuando un vehículo de la Fiscalía Estatal cayó a un barranco, y los dos miembros de la agencia estadunidense, así como dos funcionarios de Chihuahua, fallecieron.

Legisladores de Morena han acusado que la administración de la gobernadora permitió de forma deliberada el ingreso de estas agencias sin el aval ni el conocimiento del gobierno federal, con lo cual –afirmaron– habría violado la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución.

Además, la Fiscalía General de la República (FGR) citó formalmente a la gobernadora a declarar en calidad de testigo. Esta disputa igualmente ocurre en la antesala de la sucesión electoral del estado en 2027, donde el Partido Acción Nacional busca mantener uno de sus bastiones históricos, lo cual lo convierte en un punto de defensa central de este instituto político, mientras que Morena pretende ganarlo por primera vez.

@axelchl