Los funcionarios del Estado de México confirmaron que Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, originario de Tlapa, Guerrero, y residente en el Estado de México, planeó y ejecutó solo el ataque en Teotihuacán. El secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, relató que el agresor llegó en Uber, disparó contra turistas y la Guardia Nacional, fue herido en una pierna y se suicidó a las 11:45. El fiscal José Luis Cervantes Martínez describió un perfil psicopático tipo “copycat”, inspirado en hechos violentos de 1999, y confirmó que el atacante visitó varias veces la zona arqueológica antes del ataque. El arma, un revólver calibre .38 especial, no puede rastrearse por su antigüedad. Las autoridades reportaron 13 lesionados, siete por arma de fuego, y una víctima mortal canadiense, mientras omitieron cualquier referencia a nexos ideológicos o símbolos soviéticos
Beneficiarios fantasma, duplicaciones de domicilios y falta de evidencia de entregas se replican en las ayudas sociales de Tulancingo, Hidalgo. El denunciante cree que, a través de familiares o personas cercanas, se estarían obteniendo recursos de forma indebida.
Agresor de Teotihuacán se trataría de Julio César Jasso, con domicilio en la colonia La Purísima en la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México: siguen las dudas sobre suicidio o abatimiento.
Los funcionarios del Estado de México confirmaron que Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, originario de Tlapa, Guerrero, y residente en el Estado de México, planeó y ejecutó solo el ataque en Teotihuacán. El secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, relató que el agresor llegó en Uber, disparó contra turistas y la Guardia Nacional, fue herido en una pierna y se suicidó a las 11:45. El fiscal José Luis Cervantes Martínez describió un perfil psicopático tipo “copycat”, inspirado en hechos violentos de 1999, y confirmó que el atacante visitó varias veces la zona arqueológica antes del ataque. El arma, un revólver calibre .38 especial, no puede rastrearse por su antigüedad. Las autoridades reportaron 13 lesionados, siete por arma de fuego, y una víctima mortal canadiense, mientras omitieron cualquier referencia a nexos ideológicos o símbolos soviéticos
Denuncian “operación caja chica” con fondos para ayudas sociales en Hidalgo
Beneficiarios fantasma, duplicaciones de domicilios y falta de evidencia de entregas se replican en las ayudas sociales de Tulancingo, Hidalgo. El denunciante cree que, a través de familiares o personas cercanas, se estarían obteniendo recursos de forma indebida.
Los funcionarios del Estado de México confirmaron que Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, originario de Tlapa, Guerrero, y residente en el Estado de México, planeó y ejecutó solo el ataque en Teotihuacán. El secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, relató que el agresor llegó en Uber, disparó contra turistas y la Guardia Nacional, fue herido en una pierna y se suicidó a las 11:45. El fiscal José Luis Cervantes Martínez describió un perfil psicopático tipo “copycat”, inspirado en hechos violentos de 1999, y confirmó que el atacante visitó varias veces la zona arqueológica antes del ataque. El arma, un revólver calibre .38 especial, no puede rastrearse por su antigüedad. Las autoridades reportaron 13 lesionados, siete por arma de fuego, y una víctima mortal canadiense, mientras omitieron cualquier referencia a nexos ideológicos o símbolos soviéticos
Entregas sospechosas en Tulancingo. ¿A dónde se van los recursos?
EMEEQUIS.– Una persona ingresa una solicitud de ayuda social al ayuntamiento de Tulancingo, Hidalgo. Afirma que no tiene trabajo y que necesita dinero para subsistir. Se emite un cheque, pero no hay evidencia de la entrega, porque el supuesto beneficiario pidió que no se le tomara ninguna fotografía por “protección de datos personales”.
El hecho se repite con madres solteras, desempleados, adultos mayores…, que necesitan para alimentos, para la renta, para emprender negocios, y a nombres de quienes se libera el dinero, sin mayor investigación por parte del municipio; sin estudios socioeconómicos y, en varios casos, sin evidencia de la entrega, amparándose en el no resguardo de “datos personales”.
Por un posible esquema de sustracción de recursos públicos a través de la Partida de Apoyos y Ayudas a la Población (441001), la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) recibió una denuncia por peculado agravado, presuntamente operado mediante beneficiarios fantasma, duplicaciones y falta de evidencia de entregas; además, personal del gobierno municipal estaría entre los favorecidos de la dispersión de este recurso.
La alcaldesa Lorena García Cázares, señalada.
El probable delito fue denunciado penalmente por el síndico procurador hacendario de Tulancingo, Pedro Hiram Soto Marquez, de extracción morenista, al igual que la alcaldesa Lorena García Cázares, quien es referida como posible responsable de este móvil por el cual –según estimaciones del síndico– se podrían haber extraído hasta 4 millones de pesos anuales, a partir de la toma de posesión de la presidenta el 5 de septiembre de 2024.
El esquema, de acuerdo con la denuncia a la que accedió EMEEQUIS, operaría a través de la Secretaría Particular de la edil, oficina que está a cargo de Fernando Vital Licona, quien, además, es pareja sentimental de la alcaldesa.
Con base en las documentales que posee la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, sólo entre los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2025 –entre todo el universo de beneficiarios– 78 personas fueron anotadas, pero sin evidencia fotográfica de la entrega de dinero.
Casos como el de Esaul muestran que se liberaron 2 mil pesos porque dijo ser desempleado y no tener para los gastos domésticos, pero no se probó, mediante imagen del momento, que se le hubiera entregado el dinero. Tampoco hubo estudio socioeconómico para acreditar la necesidad. Asimismo, el domicilio en la colonia Huapalcalco que se anota a su nombre es el mismo que el de Sbethy, “madre soltera con dos pequeños y de bajos recursos”, que aparece como beneficiaria de otros 2 mil pesos.
Los casos, en los que no hay prueba fotográfica de la entrega, se repiten, como el de Liliana, que recibió 3 mil 500 pesos para comprar material para un negocio de uñas; José Francisco, a quien ya no le dan empleo por ser adulto mayor y recibió 1 mil 900 pesos; Catalina, una personas de escasos recursos beneficiaria de 3 mil 100 pesos; Edna, quien pide apoyo para comprar una vaporera y con ella poder vender tamales, por lo que supuestamente se le entregaron 2 mil pesos, o Luciana, que quiere emprender un negocio de antojitos y a cuyo nombre está autorizada –por la oficina a cargo de la pareja sentimental de la alcaldesa– 2 mil 900 pesos.
En ningún caso, además, se prueba la necesidad, mediante el estudio socioeconómico, además de que no existe evidencia del momento en el que recibieron el apoyo, aunque los cheques están expedidos a sus nombres y fueron cobrados.
El síndico que presentó la denuncia cree que el dinero de esta partida posiblemente se estaría entregando de manera subrepticia para un “bono” en beneficio “de algunos integrantes del ayuntamiento”. Cada uno de estos bonos, estimó, alcanzaría los 200 mil pesos.
Soto Márquez lo cree porque, ante el ministerio público, recordó lo siguiente: después de la toma de protesta de los integrantes del ayuntamiento, en octubre y diciembre de 2024, hubo votaciones para cambios en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2024, tanto al interior de la Comisión de Hacienda como en el pleno. Él y otros integrantes votaron en contra.
Pedro Hiram, el denunciante.
Después de eso, rememoró que el 17 de diciembre de aquel año, “aproximadamente a las 15:00 horas, acudí a una reunión con un enviado de la Presidenta Municipal de nombre Pedro Canales Vega, quien entre otras cosas planteó que existía por parte de la presidenta la solicitud de que le ayudara a destrabar las cosas en el ayuntamiento, y planteó verbalmente el ofrecimiento de ‘un bono’ de 200 mil pesos a cada integrante del ayuntamiento, que pudieran ser para apoyos sociales, gestión, o como aguinaldo, lo que cada quien decidiera”.
Canales Vega es regidor con licencia y actualmente es coordinador en Hidalgo de la Secretaría de Economía federal. Para concretar el asunto del “bono” había una reunión siguiente, a la que Pedro Hiram Soto Márquez afirma que ya no acudió.
Este testimonio es parte de la carpeta de investigación 12-2026-04645, iniciada el pasado 13 de abril, en la cual también se detalla un supuesto modus operandi detectado tras el análisis de la partida, al menos en el ejercicio fiscal 2025.
“Una vez cambiado el cheque se dispersa el apoyo en efectivo, en ocasiones fuera de presidencia, a veces en presidencia, y otras tantas ocasiones no existe evidencia fotográfica de la entrega del dinero”; denunció Soto Márquez, para después exponer que el beneficiario aparentemente firma que recibe el dinero, se adjunta copia del INE y CURP, sin que exista evidencia suficiente en el municipio de que la transacción se llevó a cabo adecuadamente y, además, que partía de una necesidad justificada y real.
Al inspeccionar la lista de beneficiarios se detectó que 87 apoyos fueron entregados fuera de presidencia municipal –lo cual es indebido porque se trata de sitios no autorizados para ello–; asimismo, hay personas que supuestamente accedieron a éstos, pero tienen domicilios en otros municipios: seis en Santiago Tulantepec, tres en Cuautepec de Hinojosa y uno en Pachuca; incluso, hay cheques que corresponden a una persona en Guanajuato y otra en Tabasco.
Del análisis de la movilidad de recursos como parte de la partida 441001 se identificó a personas probablemente vinculadas familiarmente a integrantes del ayuntamiento, como la regidora Abril Chávez Reyes, con “ayudas sociales” a nombre de Nohemi Reyes Soto (mamá) y Marco Antonio Chavez Tolentino (papá), o su compañero asambleísta Ángel Jack Tenorio Mendoza, porque, de acuerdo con la denuncia, entre los beneficiarios está su papá Félix Horacio Tenorio Toriz.
Entre las posibles relaciones familiares de la regidora Catalina Lemus Salinas están Daniela Zuleyma Lemus Mendoza, Hugo Lemus Salinas, José Jorge Lemus Salinas, María Eugenia Lemus Salinas, Gustavo Adrián Flores Lemus, María Fernanda Flores Lemus y Luis Daniel Flores Lemus.
En tanto, con la regidora Bronia Esperanza Vargas Ibarra están Yadira Vargas Tapia, Karla Isabel Cuanalo Vargas, Yadira Cuanalo Vargas, Carmen Salvador Vargas Ibarra, Nieves Vargas Ibarra (mamá) y Modesta Guadalupe Vargas Ibarra.
De la regidora Anay Castro Barrón están –siempre con base en el rastreo de beneficiarios incorporado a la carpeta de investigación– su mamá Maura Barron Allende y su papá Anastacio Castro Rojas, así como Natalia Castro Rojas, Eulalia Castro Barron, Juanita Castro Cruz, Rafael Castro Rojas, Juana Castro Allende y Marcela Allende Villa.
El denunciante cree que, a través de familiares o personas cercanas, se estarían obteniendo recursos de forma indebida, o que terminan –sin probar una necesidad real– en personas que no tienen una condición de vulnerabilidad; otra posibilidad es que podrían ser capitalizados con fines políticos.
Entre los regidores con posibles relaciones familiares entre beneficiarios de esta partida también están Beatriz Adriana Elizondo Flores, con María Fernanda Rodríguez Elizondo, Giovana Mayte Zambrano Corte (auxiliar de la presidenta e hija de su esposo), Agustina Elizondo Flores, Jesús Elizondo Vega, Jesús Alberto Rodríguez Elizondo, Gabriel Zambrano López y Juan Carlos Zambrano López (director de panteones y su cuñado).
Asimismo, con el regidor Julio Cesar Marquez Parrasales hay supuesto parentesco con ocho personas a cuyos nombres se expidieron cheques por ayudas sociales: Luis Daniel Márquez Osorio, Vania Guadalupe Parrasales Hernández, Bryan Rocardo Marquez Islas, José Alfredo Marquez Rosales, Gael Marquez Elizalde, Carlos Marquez Elizalde, Jonathan Arturo Santillan Parrasales y Hortencia Parrasales Ramírez.
Un mapeo incluido en la denuncia también muestra posibles irregularidades entre domicilios registrados y personas aparentemente favorecidas. Por ejemplo, a nombre de Daniela Zuleyma Lemus Mendoza se liberan 3 mil pesos, aunque no hay estudio socioeconómico que fundamente la necesidad; además, el domicilio en la colonia Lindavista que incluyó es el mismo que Hugo Lemus Salinas, que recibió otros 3 mil. Ambos, con posible relación familiar con la regidora Catalina Lemus Salinas.
En un domicilio en la calle Chiapas, igualmente en la colonia Lindavista de Tulancingo, se anotó como beneficiario a un hombre, Gerardo Flores, por ser de bajos recursos y avanzada edad, además de no tener empleo. Se expidió un cheque por 3 mil pesos. Sin embargo, esta dirección es la misma que la de otros favorecidos con ayudas sociales como Rosalía Flores y María Eugenia Lemus, además Gustavo Adrián, María Fernanda y Luis Danuel Flores Lemus.
Como este caso, hay 38 apoyos concentrados en 11 domicilios, ubicados en las colonias y fraccionamientos Lindavista, Jardines del Sur, Campo Alegre, Huapalcalco, San Nicolás, Carrillo Puerto y Atlaltpan Santa Ana. Sólo en Calle Chiapas 200, Colonia Lindavista, hay cinco apoyos registrados.
También se encontraron expediciones de cheques como los relacionados con Karla Isabel Cuanalo Vargas, a quien mediante solicitud de compromiso 9734 se le entregaron 2 mil 500 pesos como apoyo a personas de escasos recursos; de la misma solicitud, su hermana Yadira Cuanalo Vargas recibió otros 2 mil 500 pesos más, y su familiar Yadira Vargas Tapia dispuso de otros 2 mil 500 pesos.
De la solicitud de compromiso 14635 hubo otra aportación de 3 mil 200 pesos a Karla Isabel, 3 mil a Yadira Cuanalo Vargas y 2 mil 500 a su familiar Yadira Vargas Tapia, con quien Karla Isabel comparte domicilio. Asimismo, 10 mil pesos más mediante el programa Mujer Emprende y Transforma. Finalmente, Karla Isabel fue contratada en la administración municipal en septiembre de 2025, como auxiliar.
Además, entre los apoyos a funcionarios del ayuntamiento está el director del Panteón Municipal, Juan Carlos Zambrano López; Giovanna Mayte Zambrano Corte, auxiliar en la oficina de la presidenta, y Agustina Elizondo Flores, empleada de DIF municipal, siempre con base en la evidencia de la cual también dispone la PGJEH.
“Esa forma de operar se ha convertido en una verdadera forma de sustraer y desviar recursos públicos de manera sistemática, opaca, irracional, ineficiente y sin criterios definidos para otorgar dicho apoyo, convirtiendo esa partida en una verdadera caja chica de la Secretaria Particular de la Presidenta Municipal, de personal de la Tesorería y de algunos integrantes del Ayuntamiento”, denunció el síndico.
Además, afirmó que “existen evidencias que en ocasiones se buscaban conocidos, familiares y amigos para que les prestaran sus documentos e incluso se tomaban fotografías recibiendo el dinero, sin que exista evidencia de la necesidad del dinero”.
Pero otros casos, afirmó, debido a que no existe evidencia fotográfica de la entrega del apoyo, es posible que se hayan falseado las solicitudes, “pues basta que alguien firme en lugar del beneficiario, que se entregue copia del INE y CURP para recibir el dinero, y el supuesto beneficiario ni se entere”.
En todos estos movimientos, los montos se autorizaron por parte del secretario particular Fernando Vital –pareja de la alcaldesa morenista Lorena García Cázares–, luego fueron validados por el tesorero José María Guevara Hernández y, tras ello, se expidieron cheques con los que se liberó el recurso que debía estar destinado a ciudadanos en condición de vulnerabilidad.
Los funcionarios del Estado de México confirmaron que Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, originario de Tlapa, Guerrero, y residente en el Estado de México, planeó y ejecutó solo el ataque en Teotihuacán. El secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, relató que el agresor llegó en Uber, disparó contra turistas y la Guardia Nacional, fue herido en una pierna y se suicidó a las 11:45. El fiscal José Luis Cervantes Martínez describió un perfil psicopático tipo “copycat”, inspirado en hechos violentos de 1999, y confirmó que el atacante visitó varias veces la zona arqueológica antes del ataque. El arma, un revólver calibre .38 especial, no puede rastrearse por su antigüedad. Las autoridades reportaron 13 lesionados, siete por arma de fuego, y una víctima mortal canadiense, mientras omitieron cualquier referencia a nexos ideológicos o símbolos soviéticos
Beneficiarios fantasma, duplicaciones de domicilios y falta de evidencia de entregas se replican en las ayudas sociales de Tulancingo, Hidalgo. El denunciante cree que, a través de familiares o personas cercanas, se estarían obteniendo recursos de forma indebida.
Agresor de Teotihuacán se trataría de Julio César Jasso, con domicilio en la colonia La Purísima en la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México: siguen las dudas sobre suicidio o abatimiento.
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