Valentina Gilabert estuvo al borde de la muerte tras recibir 14 puñaladas en un acto de brutalidad motivado por celos. Contra todo pronóstico, su espíritu inquebrantable y el amor de quienes la rodean la mantuvieron en pie. Hoy, su historia no es solo la de una víctima, sino la de una sobreviviente que lucha por sanar, física y emocionalmente. Su renacer es un testimonio de fortaleza, esperanza y el poder de la vida
Cuando los menores delinquen… ¿qué es lo que sigue?
Especialistas ahondan en cuáles son las fallas del Estado para la prevención y atención de la violencia juvenil y abordan los riesgos de la Ley Mya. México ocupa el primer lugar a nivel mundial de acoso escolar
Valentina Gilabert estuvo al borde de la muerte tras recibir 14 puñaladas en un acto de brutalidad motivado por celos. Contra todo pronóstico, su espíritu inquebrantable y el amor de quienes la rodean la mantuvieron en pie. Hoy, su historia no es solo la de una víctima, sino la de una sobreviviente que lucha por sanar, física y emocionalmente. Su renacer es un testimonio de fortaleza, esperanza y el poder de la vida
El Sistema de Justicia Penal para menores y sus huecos.
EMEEQUIS.– Dos casos de violencia juvenil encendieron las alarmas mediáticas y sociales en torno a lo que ocurre con los menores en México cuando delinquen: el caso de Marianne “N”, una joven influencer de 17 años que apuñaló a Valentina, y el de Fátima, una niña de 13 años víctima del acoso de sus compañeros de la misma edad y presuntamente arrojada de las escaleras de su escuela.
Ante esto, especialistas ahondan en cuáles son las fallas del Estado para la prevención y atención de la violencia juvenil, así como la interrogante de qué medidas seguirán para los menores víctimas y victimarios, y cómo el sistema abordará estas situaciones en el futuro.
MARIANNE: ¿LA LEY MYA ES VIABLE?
A inicios de febrero un caso tomó notoriedad en la Ciudad de México: Marianne “N”, una joven influencer de 17 años, agredió más de 10 veces con un arma blanca a Valentina, novia de su ex.
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, explica en entrevista con EMEEQUIS, que el caso de esta joven es reflejo de las conductas patriarcales y machistas en México.
“En el caso específico de la adolescente que agredió de manera terrible a otra joven lo que podemos observar es cómo la cultura machista está tan inmersa y sigue enseñándose en generaciones jóvenes donde se asume que en las relaciones de pareja existen conceptos de propiedad y se debe dañar a otras”, explica.
Pero luego de la controversia en redes sociales y parte de la sociedad pues al ser menor de edad, su proceso judicial es distinto al de una persona adulta se desataron comentarios de odio y la exigencia de sanciones mayores, como la aplicación de la “Ley Mya” -que toma el nombre por la joven Mya Villalobos que de igual forma fue atacada a puñaladas por un joven menor de edad en octubre de 2022-, una iniciativa que busca agravar los delitos de homicidio y feminicidio, así como la modalidad en tentativa de ambos cuando sean perpetrados por menores que fue aprobada en Chihuahua y Morelos.
Además de agravar estos delitos se proponía aplicar la prisión preventiva a adolescentes que cometan delitos graves y modificar a nivel nacional el artículo 145 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Juan Martín explica que para que esta ley sea viable primeramente tendría que ser aprobada por el Congreso de la Unión para que se pueda modificar una ley federal.
“Desde los defensores de los derechos de niñas, niños y adolescentes quisiera externar que no compartimos la visión de que medidas punitivistas sean lo más óptimo para detener este tipo de casos de violencia física por parte de menores y que nuevamente al aumentar las penas no está solucionándose el problema de raíz y el Estado omite toda responsabilidad. Además quisiera agregar que si se aprobara una ley de este tipo, ésta sería contraria a los acuerdos internacionales que México ha firmado en la materia”, explica.
Por su parte, Leslie Jiménez, especialista en Derecho Penal y profesora de Derecho en la UNAM señala que es necesario discutir y poner el tema sobre la mesa con respecto a los delitos de tentativa y el internamiento, sanción y proceso judicial de los casos.
Sin embargo, en el caso específico de Marianne, la especialista explica que una de las causas por la cual la Fiscalía no buscó que la joven influencer fuera juzgada por el delito de tentativa, fue porque era más viable investigar por lesiones calificadas para que permaneciera internada la joven.
“Si vamos a cambiar las reglas del procedimiento (con la Ley Mya) tiene que ser en aras de que se le dé la certeza a las personas adolescentes como víctimas, por lo que es muy importante también el papel de las personas abogadas que representan a las víctimas como a las personas juzgadoras para que el proceso sea en apego a sus derechos y a la certeza legal”, detalla.
REFORMA JUDICIAL, LOS PENDIENTES
Esto además, deja otro pendiente con la reciente reforma judicial pues quienes atienden los casos de menores y adolescentes son jueces especializados, lo cual no se detalló en la reforma y es uno de los temas clave, explica Leslie.
“Recordemos que el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes es un sistema especializado. No cualquiera puede litigarlo, se debe de contar con la especialidad, incluso la ley lo nombra. Entonces, si se pensó con esta reforma en remodelar todo el sistema de juzgadores, ésto debe considerarse por el impacto diferenciado que se va a tener”.
FÁTIMA, EL BULLYING Y LAS FALLAS DE LAS AUTORIDADES
Apenas unos días después de lo ocurrido con Marianne y Valentina, la Ciudad de México nuevamente se sacudió con otro caso en el que Fátima, una niña de 13 años fue hostigada por otros menores quienes presuntamente la aventaron desde el tercer piso de la Secundaria Diurna 236 ubicada en Iztapalapa.
La menor, acosada por su gusto por el K-Pop, había sido previamente bulleada física y virtualmente por lo que su familia ya había hablado con las autoridades escolares sin que nadie les prestara atención.
El caso tomó notoriedad y tanto actores sociales (como los fandoms de grupos de K-Pop), diplomáticos de la embajada de Corea del Sur y autoridades locales y federales comenzaron a pronunciarse.
Las últimas autoridades en pronunciarse fueron las mexicanas luego de que el titular de la SEP, Mario Delgado hablara frente a los medios señalando que todavía no podía asegurarse con pruebas de que la menor fuera arrojada.
Y 10 días después de los hechos, ocurridos el 4 de febrero, la Fiscalía capitalina notificó que se abrió una carpeta de investigación tras la denuncia.
Sin embargo, la respuesta por parte de las autoridades educativas no fue bien recibida por la familia de Fátima ni por jóvenes en redes sociales por lo que publicaron un comunicado en conjunto exigiendo justicia para la menor.
Al respecto, Leslie Jiménez señala la negligencia por parte de las autoridades educativas, pues el caso de Fátima no es el único en el país sino que se trata de una constante como el caso del niño Juan Lorenzo quien se suicidó a los 7 años de edad a causa del bullying que recibía.
“Las escuelas no tienen no cuentan con protocolos claros para actuar en casos de acoso escolar. Y esos protocolos tendrían que estar encaminados no solamente a decirle a la víctima ‘lo vamos a ver, lo vamos a resolver’, sino dar medidas claras como por ejemplo, la investigación, las medidas de no repetición, evitar en la medida lo posible que la víctima se sienta desamparada.
“Aquí prácticamente hubo una negligencia en donde no se actuó y la Secretaría de Educación Pública no ha implementado la creación de unidades específicas para atender el acoso escolar ni ha implementado protocolos con su personal y dejan en una completa indefensión a las víctimas y de pronto escalan a estos niveles de violencia donde ya tiene que intervenir otra autoridad además de la administrativa”, señala.
MENORES QUE DELINQUEN, LAS CIFRAS
Ambos casos tienen en común el hecho de que involucran a menores que, en circunstancias extremas, actúan de manera violenta.
De acuerdo con la organización Bullying sin fronteras, México ocupa el primer lugar a nivel mundial de acoso escolar en 2023, tras registrar más de 270 mil casos, esto por encima de países como Estados Unidos, España, Brasil y Argentina.
Por otra parte, el Inegi a través del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios 2024 destaca que mil 508 adolescentes fueron ingresados a estos centros a nivel nacional. De esta cifra, 117 eran mujeres y mil 391 eran hombres.
Esta cifra, destaca la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) ha disminuido puesto que en 2010 fueron 11 mil 239 los menores adolescentes ingresados, esto también en consecuencia a las leyes por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014 y la del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en 2016.
En el caso de las mujeres adolescentes, los principales delitos por los que se encuentran internadas son: secuestro, homicidio, delitos en materia de armas y narcomenudeo. Mientras que en el caso de los hombres adolescentes, están internados por homicidio, robo, violación, delitos en materia de armas y narcomenudeo.
SOCIEDAD Y ESTADO, EN DEUDA CON MENORES
Para estos casos y otros en los que los menores delinquen, Juan Martín destaca que en el caso de los adolescentes es necesario comprender que están reproduciendo la violencia que viven y aprenden de sus entornos, al tiempo en el que las redes sociales se encuentran en un momento sumamente complejo.
“La sociedad debería de comprender que lo que vemos en redes sociales no es necesariamente la ley y que reaccionar de formas tan punitivas y de venganza no abonan a la reinserción y aprendizaje de los menores que han cometido un crimen. Vamos a seguir teniendo adolescentes que vivieron aislados socialmente que se enfrentarán a cambios de paradigma y al mismo tiempo reciben discursos peligrosos desde corrientes ultraderechistas”, advierte.
En ese sentido, Leslie destaca la necesidad de que la sociedad se familiarice más con el sistema de justicia para comprender los procesos con personas adultas y con adolescentes “para no crear malas expectativas de justicia”.
“Recordemos que en el caso de menores no podemos buscar castigos excesivos sin tomar en consideración que los elementos básicos del sistema buscan una mínima intervención del derecho penal y apuestan por entender el desarrollo progresivo de los adolescentes, un fortalecimiento a la familia y la reinserción social”, concluye.
@FridaMendoza_