“Estamos tranquilos, no va a pasar nada. Ya hablé con la presidenta”, dice Rocha Moya. Sin embargo, Sheinbaum ha mantenido un extraño silencio.
Luego de las denuncias de corrupción entre funcionarios mexicanos por parte del embajador Johnson en Sinaloa, Sheinbaum reaccionó con una sonrisa. Hoy se materializaron esas acusaciones contra Rocha Moya.
"Este momento es muy importante en la historia de México, empiezan a señalarse con nombre y apellido los mafiosos de Morena", dice Lilly Téllez. Algunos morenitas hacen tímida defensa de Rocha Moya y otros se escabullen.
El gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa ha sido expuesto por la justicia de Estados Unidos como el soporte financiero de la "Red Química de Los Chapitos", tras documentarse la entrega de más de 35.7 millones de pesos en contratos públicos a empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro. Esta colusión, que permitió el suministro de precursores para fentanilo bajo la fachada de insumos para hospitales y universidades, ha provocado la revocación de la visa del gobernador y el despliegue de sanciones contra más de 120 entidades locales, confirmando la existencia de un "gobierno paralelo" donde el erario sinaloense alimentó directamente la estructura logística del Cártel de Sinaloa.
“Estamos tranquilos, no va a pasar nada. Ya hablé con la presidenta”, dice Rocha Moya. Sin embargo, Sheinbaum ha mantenido un extraño silencio.
La Alcaldía Benito Juárez arrastra desde 2012 pagos por laudos laborales que superan los 41 millones 536 mil pesos, derivado de 98 expedientes resueltos en contra del gobierno local. La deuda afecta tanto a trabajadores despedidos injustificadamente como a la administración, que no cumple con las resoluciones judiciales. Expertos advierten que esta práctica vulnera derechos humanos fundamentales y constituye un patrón sistemático en dependencias gubernamentales
“Estamos tranquilos, no va a pasar nada. Ya hablé con la presidenta”, dice Rocha Moya. Sin embargo, Sheinbaum ha mantenido un extraño silencio.
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Por Sandra Romandía y Maricarmen Gutiérrez
EMEEQUIS.- La Alcaldía Benito Juárez arrastra pagos por laudos laborales desde 2012. La deuda, que se ha acumulado con el paso de las administraciones, supera los 41 millones 536 mil pesos y proviene de 98 expedientes que los tribunales resolvieron en contra del gobierno local. Algunos casos datan de hace más de una década.
De acuerdo con información pública obtenida vía transparencia, la demarcación, hoy gobernada por Luis Alberto Mendoza Acevedo, enfrenta obligaciones de pago desde 2012, como el expediente 0978/08, que mantiene un saldo pendiente de 496 mil 692 pesos. Otros casos más recientes también se encuentran sin liquidar, como el expediente 3825/19, resuelto en mayo de 2023, que obliga a la alcaldía a pagar 11 millones 275 mil pesos a los trabajadores demandantes.
El registro incluye resoluciones tan recientes como agosto de 2024, con montos superiores a 700 mil pesos aún sin cubrir. La deuda coloca a Benito Juárez como la cuarta alcaldía con mayores pasivos laborales en la Ciudad de México.
La lista es encabezada por Magdalena Contreras, con 89 millones de pesos; le siguen Gustavo A. Madero, con 82 millones, e Iztacalco, con 48 millones.
Los laudos laborales surgen cuando un trabajador gana una demanda por despido injustificado u otras violaciones a sus derechos laborales. En las alcaldías, este tipo de conflictos tiende a multiplicarse con cada cambio de gobierno, cuando los equipos entrantes sustituyen a personal de confianza sin seguir los procedimientos legales.
Con los cambios de gobierno se dan de baja a personal que ya labora para colocar a otros; sin embargo, al no hacer correctamente dicho cambio terminan en demandas laborales que, al ser resueltas contra las administraciones, se convierten en una carga financiera.
Sobre este tipo de adeudos, la especialista en derecho del trabajo y justicia laboral, Alma Elena Rueda Rodríguez, explica que el vencimiento de laudos “no es un problema exclusivo de las alcaldías”, sino una práctica extendida también en dependencias de gobierno.
“Implica jurídicamente que la institución o la alcaldía no está cumpliendo una resolución judicial, una resolución que tiene que ser cumplida porque son firmes. Ya estando así emitidas, se tienen la obligación de acatar”, señala.
De acuerdo con la experta, el incumplimiento puede generar consecuencias legales: “Se puede interponer un amparo indirecto para pedir que se cumpla, pero si ya estando el amparo indirecto tampoco se cumple, puede haber sanciones”, advierte.
Cada expediente se traduce en la afectación a la vida de un trabajador que fue despedido injustificadamente, logró demostrarlo, pero aún así, el Estado no es capaz de pagar la indemnización justa o regresarlo a su empleo.
Rueda explica que, en la mayoría de los casos, se trata de despidos injustificados donde se ordena la reinstalación del trabajador o el pago de salarios caídos. “Desde 2012 que no se cumplen esas sentencias, se tendría que ver por qué se ha tardado tanto. Muchas veces es por falta de presupuesto; cada año deberían tener una partida para cumplir los laudos, y si no lo logran ese año, solicitarla para el siguiente. Ahí es donde fallan los recursos”, subraya.
El problema del incumplimiento de laudos ha sido reconocido a nivel nacional. En la Recomendación General 41/2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que la falta de cumplimiento de sentencias firmes por parte de autoridades federales y locales constituye una violación a derechos humanos fundamentales como la legalidad, la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y el trabajo decente.
Según la CNDH, la justicia no se agota con la emisión del laudo, sino con su ejecución efectiva. Ignorar resoluciones firmes vuelve ineficaz todo el proceso judicial y vulnera el derecho al trabajo digno, ya que la reinstalación o el pago ordenado por el tribunal no se concretan.
El organismo también señaló que el incumplimiento no es un hecho aislado, sino una práctica recurrente y sistemática en diversas instancias gubernamentales.
Mientras tanto, casos como el de Benito Juárez exhiben cómo el rezago laboral se ha convertido en una carga millonaria que sigue creciendo año con año, sin que haya una estrategia clara para resolverlo.
@Sandra_Romandia
@MarRome259
“Estamos tranquilos, no va a pasar nada. Ya hablé con la presidenta”, dice Rocha Moya. Sin embargo, Sheinbaum ha mantenido un extraño silencio.
Luego de las denuncias de corrupción entre funcionarios mexicanos por parte del embajador Johnson en Sinaloa, Sheinbaum reaccionó con una sonrisa. Hoy se materializaron esas acusaciones contra Rocha Moya.
"Este momento es muy importante en la historia de México, empiezan a señalarse con nombre y apellido los mafiosos de Morena", dice Lilly Téllez. Algunos morenitas hacen tímida defensa de Rocha Moya y otros se escabullen.
El gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa ha sido expuesto por la justicia de Estados Unidos como el soporte financiero de la "Red Química de Los Chapitos", tras documentarse la entrega de más de 35.7 millones de pesos en contratos públicos a empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro. Esta colusión, que permitió el suministro de precursores para fentanilo bajo la fachada de insumos para hospitales y universidades, ha provocado la revocación de la visa del gobernador y el despliegue de sanciones contra más de 120 entidades locales, confirmando la existencia de un "gobierno paralelo" donde el erario sinaloense alimentó directamente la estructura logística del Cártel de Sinaloa.
