Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Lealtad originaria. Encuesta interna revela descontento de marinos en la GN
De acuerdo con reportes de dos compañías de Sinaloa que aparecen en los documentos hackeados por el grupo Guacamaya a la Sedena, 39 de 40 marinos encuestados pidieron abandonar la corporación y regresar a la Secretaría de Marina. #GuacamayaLeaksMX
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
EMEEQUIS.–Cuando el alto mando de la Guardia Nacional (GN) preguntó a 40 marinos si querían permanecer en dicha corporación, todos, salvo uno, pidieron salir. Ocurrió en agosto pasado, justo en vísperas de la discusión en el Congreso sobre la iniciativa para formalizar la asimilación de dicha fuerza pública al mando del militar.
La institución decidió consultar a los miembros de la Armada que formaron parte de las transferencias iniciales de efectivos para la formación de la GN, o “pie veterano” de dicha corporación, si deseaban permanecer en ella. Los resultados no se difundieron.
No obstante, de acuerdo con reportes de dos compañías de Sinaloa que aparecen en los documentos hackeados por el grupo Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 39 de 40 marinos consultados, entre los 98 que cumplían la condición de haber formado parte de las transferencias originales y que respondieron la encuesta, pidieron abandonar la corporación.
Cabe señalar que hasta diciembre de 2021, 16 mil 792 marinos habían sido transferidos a la GN, el 15.75% de los 113 mil 833 miembros de la corporación, de acuerdo con su informe anual.
De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), hasta julio de 2020 eran 9 mil 952 los marinos que había en la GN, y que constituían el “pie veterano” aportado por la Armada.
El 27 de agosto, las compañías 464 y 465 del Octavo Batallón de la Guardia Nacional reportaron a su superioridad los resultados de la “Encuesta para Personal veterano de SEMAR asignado a la Guardia Nacional”.
La encuesta fue respondida por 40 de los miembros: 14 guardias, 10 subagentes, 7 agentes, 7 mayores, dos oficiales y un subinspector segundo del batallón señalado, destacado en El Venadillo, Mazatlán, Sinaloa.
De acuerdo con la sábana de Excel adjunto al reporte, 39 marinos optaron por el “no” ante la pregunta: ¿desea permanecer en la GN?
El reporte refiere un total de “98 elementos veteranos procedentes de Semar”, 40 elementos encuestados”, y 58 restaban por contestar.
Personal de distintas corporaciones asignado a la GN.
LA LEALTAD, CON LA CORPORACIÓN DE ORIGEN
En junio de 2019, mediante un Acuerdo para la integración inicial de la GN, fueron asignados los primeros marinos a ese organismo.
Pero desde la reforma de septiembre pasado, los marinos asignados en esa transferencia inicial tienen la opción de quedarse en la GN, o de solicitar su regreso a la Marina, en un plazo de 60 días naturales desde la entrada en vigor de la ley.
En caso de no pedir la reasignación, “se le cancelará el documento que legalmente acredite el grado jerárquico con que cuente y se le expedirá uno nuevo con el grado equivalente que corresponda dentro de la Policía Militar, cesando de prestar servicios en la Armada para pasar a prestarlos en el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos”.
En su arranque, la GN contaba con alrededor de 2 mil 800 elementos de la Policía Naval, pero no está claro si la posibilidad de optar por el regreso a la Armada aplicará sólo a este grupo, o a otros que fueron llegando en 2019, pues al cierre de ese año, ya eran 9 mil 367 los marinos en la GN.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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