La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una etapa de severa tensión luego de que el funcionario estadounidense Michael Kozak devolviera formalmente al embajador Roberto Lazzeri las cartas de reclamo emitidas por la cancillería mexicana, advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración carece de jurisdicción sobre los funcionarios federales norteamericanos y exigiendo que cualquier inconformidad se canalice estrictamente por las vías diplomáticas habituales. Esta acción representa un duro revés para la estrategia legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pretendía interponer demandas civiles y penales con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 18 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —incluyendo los casos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado—, forzando al gobierno mexicano a elevar el caso ante la ONU y a solicitar un pronunciamiento de rechazo multipartidista en el Congreso de la Unión frente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
El delito de agresión cometido por el empresario Octavio Jorge Cortés Jiménez en contra de una recepcionista en Santa Fe, Ciudad de México, destapó un presunto fraude inmobiliario en Sinaloa que podría superar los 200 millones de pesos a través de la firma Grupo Universal Inmobiliaria y de Industrias S.A. de C.V. El esquema de estafa, que acumula decenas de denuncias de compradores de México, Estados Unidos y Canadá, incluye proyectos residenciales inconclusos o abandonados en Mazatlán, como la Torre Triana, cuyos derechos fueron asumidos por la financiera Kapitalizer ante un adeudo millonario. Mientras la Fiscalía General de Sinaloa mantiene bajo investigación 18 carpetas vinculadas al grupo de las cuales tres ya han sido judicializadas, reportes locales y volantes distribuidos en 2024 señalan al imputado bajo el alias de “El Acapulco”, vinculándolo presuntamente como lavador de dinero y socio inmobiliario del cártel de “Los Chapitos”.
Tras registrarse un enjambre sísmico en el Océano Pacífico la mañana de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó un saldo blanco preliminar y la activación de protocolos de emergencia en el sur y centro del país, destacando un terremoto principal de magnitud 7.4 con epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. La alta frecuencia y cercanía de los impactos subterráneos —que incluyeron sacudidas consecutivas de magnitudes entre 5.2 y 6.8— alarmaron a la población y provocaron que la Secretaría de Marina activara una alerta preventiva de tsunami en los litorales de Chiapas y Guerrero. A pesar de la intensidad y de haber sido perceptible de forma moderada en la Ciudad de México, las autoridades confirmaron que las ondas no superaron los umbrales tecnológicos requeridos para activar la alerta sísmica capitalina, mientras expertos de la UNAM y el SSN mantienen bajo monitoreo el fenómeno, asociado al deslizamiento de fallas por el proceso de subducción de las placas tectónicas
La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, rechazaron acusaciones de "justicia selectiva" tras la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por presunta delincuencia organizada y huachicol fiscal derivado de sus operaciones como socio mayoritario en la empresa Ingemar. Las autoridades federales detallaron que la captura es resultado de una investigación de más de un año por parte de la FGR y la FEMDO, originada tras el decomiso de 33 ferrotanques que transportaban más de 15 millones de litros de combustible ilícito, provocando un perjuicio fiscal superior a los 4 mil millones de pesos. Mientras el expresidente Felipe Calderón acusó al gobierno de aplicar una justicia discriminatoria, la administración federal informó que ya se ejecutaron ocho órdenes de aprehensión y que aún quedan detenciones pendientes contra esta red de contrabando, la cual evadía al fisco declarando solo el 10% de su capacidad real
La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una etapa de severa tensión luego de que el funcionario estadounidense Michael Kozak devolviera formalmente al embajador Roberto Lazzeri las cartas de reclamo emitidas por la cancillería mexicana, advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración carece de jurisdicción sobre los funcionarios federales norteamericanos y exigiendo que cualquier inconformidad se canalice estrictamente por las vías diplomáticas habituales. Esta acción representa un duro revés para la estrategia legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pretendía interponer demandas civiles y penales con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 18 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —incluyendo los casos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado—, forzando al gobierno mexicano a elevar el caso ante la ONU y a solicitar un pronunciamiento de rechazo multipartidista en el Congreso de la Unión frente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
Puerto Vallarta: así se vivieron las horas sin ley tras caída de "El Mencho"
“Estas personas prendían fuego y dejaban atravesadas las unidades en cada una de las arterias viales por todo Puerto Vallarta”, cuenta Mauricio Lira Camacho. “Transcurrieron más de 10 horas sin ningún pronunciamiento del gobierno local, la estatal tampoco salió, las unidades de bomberos no salieron, tenían orden de no salir, tampoco las unidades de tránsito”.
La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una etapa de severa tensión luego de que el funcionario estadounidense Michael Kozak devolviera formalmente al embajador Roberto Lazzeri las cartas de reclamo emitidas por la cancillería mexicana, advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración carece de jurisdicción sobre los funcionarios federales norteamericanos y exigiendo que cualquier inconformidad se canalice estrictamente por las vías diplomáticas habituales. Esta acción representa un duro revés para la estrategia legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pretendía interponer demandas civiles y penales con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 18 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —incluyendo los casos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado—, forzando al gobierno mexicano a elevar el caso ante la ONU y a solicitar un pronunciamiento de rechazo multipartidista en el Congreso de la Unión frente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
Ninguna autoridad asistía a la población durante la quema de autos. Fotos: Mauricio Lira Camacho / NoticiasPV.
EMEEQUIS.- Un paraíso como Puerto Vallarta fue atravesado por las columnas de humo negro. La ciudadanía vio cómo la calma volaba por los aires mientras las llamas consumían automóviles y negocios: era la reacción violenta del Cártel de Jalisco Nueva Generación tras el asesinato de su máximo líder, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
En ese infierno sin ley, en primera fila, estuvo presente Mauricio Lira Camacho, periodista en el medio local NoticiasPV, quien narra en entrevista para EMEEQUIS esas horas de terror vividas en la joya turística de Jalisco.
Cuenta que estaba en la unidad deportiva como parte de su rutina habitual. Sin embargo, a las 8:40 todo cambió: “Escuchamos a esa hora bombazos muy cerca de la unidad y también una gran cantidad de humo por distintos puntos de la ciudad… y de ahí nos fuimos enterando qué estaba pasando”.
Pronto se confirmó que los principales cruceros de la ciudad habían sido bloqueados. En el libramiento que conduce hacia los túneles rumbo a Boca de Tomatlán y en otras vías clave, grupos armados secuestraron taxis, camiones urbanos y vehículos particulares.
“Estas personas prendían fuego y dejaban atravesadas las unidades en cada una de las arterias viales y esto se fue extendiendo por todo el municipio de Puerto Vallarta”, expresa.
En la redacción de NoticiasPV, el monitoreo de medios nacionales e internacionales comenzó a perfilar una explicación: los disturbios eran una reacción a la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
La avenida Francisco Villa, una de las principales vialidades, fue tomada por grupos de motociclistas identificados como halcones.
“Estando en la calle, veíamos cómo lanzaban estas pequeñas bombas Molotov para incendiar tiendas de conveniencia, tiendas de venta de motocicletas y aprovechaban para robar (…) para robar mercancía, (la violencia) también se extendió también a diversos locales comerciales”.
Menciona que llamó la atención el Costco del municipio: “En Puerto Vallarta (la tienda) tiene un extenso estacionamiento. Contabilizamos cuatro trailers, tres motocicletas y más de 50 vehículos quemados”.
Aunque no se reportaron agresiones físicas directas contra civiles más allá de las amenazas para obligarlos a abandonar sus autos, el número de vehículos quemados fue considerable. Camiones urbanos y autos particulares quedaron calcinados en distintos puntos de la ciudad.
El peligro de explosiones estuvo latente. Fotos: Mauricio Lira Camacho / NoticiasPV.
LAS AUTORIDADES DESAPARECIDAS EN MEDIO DEL INFIERNO
El periodista narra esas horas sin ley: “Hay una crítica muy fuerte en Puerto Vallarta porque transcurrieron más de 10 horas sin ningún pronunciamiento del gobierno local, la estatal tampoco salió, las unidades de bomberos no salieron, tenían orden de no salir, tampoco las unidades de tránsito”.
Tampoco se observó presencia de policía estatal, Guardia Nacional o Ejército durante el momento más crítico. “Hasta esta hora (la mañana del 23 de febrero) cuando (las autoridades) han hecho un reconocimiento en Puerto Vallarta, cuando apenas salen unidades del ejército a patrullar; hay que destacar que ayer por la tarde, como a las 5, empezaron a sobrevolar algunos helicópteros, pero fue todo lo que ocurrió”.
En contraste, en el municipio cercano de Bahía de Banderas, Nayarit, sí se implementaron operativos contra motociclistas durante la noche. En Puerto Vallarta, en cambio, los comunicados oficiales llegaron muy tarde y sin presencia directa de las autoridades.
Cabe señalar que la Bahía de Banderas abarca ambos estados: la parte norte pertenece al estado de Nayarit (donde se encuentra el municipio de Bahía de Banderas con Nuevo Nayarit y Sayulita) y la parte sur pertenece a Jalisco (donde se encuentra Puerto Vallarta). Es un punto geográfico dividido entre dos entidades.
El periodista Mauricio Lira Camacho captó imágenes en un recorrido en bicicleta.
“(El gobierno) emitió un boletín de prensa en el que informó que (se detuvieron personas) por actos vandálicos, ya que, cuando se consumieron los incendios y la quema de vehículos, algunas tiendas quedaron sin consumirse totalmente y la gente entró a saquear la mercancía; nos informaron que solamente hubo 12 personas detenidas”.
Ninguna de estas personas estaría involucrada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
El amanecer posterior mostró una ciudad en suspenso. Desde las seis de la mañana las unidades deportivas y las calles permanecían vacías. Poco a poco comenzaron a salir algunos turistas al malecón, sorprendidos por la escena de vehículos calcinados que aún no habían sido retirados.
El aeropuerto operaba de manera limitada y, ante la ausencia de transporte público, algunos viajeros caminaban desde sus hoteles hacia la terminal aérea. “Ahorita lo que está llamando la atención es que, como muchos OXXOS y kioscos y tiendas fueron dañadas, muy pocas están abiertas, pero hay larga fila de ciudadanos, sobre todo extranjeros, para comprar algunos víveres: agua, café, pan para los niños”.
Explica que entre los visitantes predomina la extrañeza y la molestia por la persistencia del problema de los cárteles en México, especialmente en un destino turístico de playa.
DURANTE LAS HORAS CRÍTICAS, LOS PERIODISTAS SE RESGUARDARON
En las primeras horas de la violencia, el propio reportero recorrió la ciudad en bicicleta para documentar los hechos, junto con apenas otros dos colegas. Narra que, por seguridad, la mayoría de los periodistas optó por resguardarse y trabajar a partir de videos enviados por terceros.
“La mayoría de los colegas se mantuvo en resguardo en sus domicilios, en sus centros de trabajo, no quisieron salir”.
La sensación de riesgo fue real: detonaciones al aire, creciente presencia de motociclistas y un ambiente de tensión que finalmente lo llevó a retirarse a su domicilio tras varias horas de cobertura.
Lo ocurrido superó antecedentes recientes en la ciudad. “Yo creo que fue peor que con el caso del COVID que pegó en Vallarta, que también las calles estaban vacías, pero aquí la diferencia es que las calles estaban bajo un cielo bastante negro”, que provenía de las largas humaredas de los autos y negocios que ardían en las llamas provocadas por la furia del cártel.
Esta tarde arribó a #PuertoVallarta un buque de la @SEMAR_mx como parte del blindaje en seguridad que busca la Federación dar a esta ciudad. Extraoficialmente se ha señalado que traslado efectivos para resguardar este destino turístico. pic.twitter.com/2oNynGAvy2
Los reportes más recientes indican que continúa el proceso de retirar autos quemados de las vialidades, mientras el gobierno estatal anunció el lunes la llegada de 2 mil militares para resguardar la zona.
Por la tarde del mismo lunes arribó a Puerto Vallarta un buque de la Marina para resguardar este paraíso que por unas horas se convirtió en un infierno.
PUERTO VALLARTA, JALISCO, 23FEBRERO2026.- Decenas de autos y camiones que fueron quemados por parte del crimen organizado, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación, permanecen atravesados en vialidades importantes de la ciudad, esto como resultado de ola de violencia que se suscitó tras conocerse la muerte del líder criminal Nemesio Rubén Oseguera “El Mencho”, quien fue abatido en un operativo encabezado por el Ejército Mexicano en la comunidad de Tapalpa. La ciudadanía poco a poco comenzó a salir en búsqueda de víveres. Elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno resguardan las zonas de mayor conflicto. Cuerpos de hombres aun permanecían abandonados en algunos puntos de la ciudad. FOTO: HÉCTOR COLÍN/CUARTOSCURO.COM
La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una etapa de severa tensión luego de que el funcionario estadounidense Michael Kozak devolviera formalmente al embajador Roberto Lazzeri las cartas de reclamo emitidas por la cancillería mexicana, advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración carece de jurisdicción sobre los funcionarios federales norteamericanos y exigiendo que cualquier inconformidad se canalice estrictamente por las vías diplomáticas habituales. Esta acción representa un duro revés para la estrategia legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pretendía interponer demandas civiles y penales con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 18 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —incluyendo los casos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado—, forzando al gobierno mexicano a elevar el caso ante la ONU y a solicitar un pronunciamiento de rechazo multipartidista en el Congreso de la Unión frente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
El delito de agresión cometido por el empresario Octavio Jorge Cortés Jiménez en contra de una recepcionista en Santa Fe, Ciudad de México, destapó un presunto fraude inmobiliario en Sinaloa que podría superar los 200 millones de pesos a través de la firma Grupo Universal Inmobiliaria y de Industrias S.A. de C.V. El esquema de estafa, que acumula decenas de denuncias de compradores de México, Estados Unidos y Canadá, incluye proyectos residenciales inconclusos o abandonados en Mazatlán, como la Torre Triana, cuyos derechos fueron asumidos por la financiera Kapitalizer ante un adeudo millonario. Mientras la Fiscalía General de Sinaloa mantiene bajo investigación 18 carpetas vinculadas al grupo de las cuales tres ya han sido judicializadas, reportes locales y volantes distribuidos en 2024 señalan al imputado bajo el alias de “El Acapulco”, vinculándolo presuntamente como lavador de dinero y socio inmobiliario del cártel de “Los Chapitos”.
Tras registrarse un enjambre sísmico en el Océano Pacífico la mañana de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó un saldo blanco preliminar y la activación de protocolos de emergencia en el sur y centro del país, destacando un terremoto principal de magnitud 7.4 con epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. La alta frecuencia y cercanía de los impactos subterráneos —que incluyeron sacudidas consecutivas de magnitudes entre 5.2 y 6.8— alarmaron a la población y provocaron que la Secretaría de Marina activara una alerta preventiva de tsunami en los litorales de Chiapas y Guerrero. A pesar de la intensidad y de haber sido perceptible de forma moderada en la Ciudad de México, las autoridades confirmaron que las ondas no superaron los umbrales tecnológicos requeridos para activar la alerta sísmica capitalina, mientras expertos de la UNAM y el SSN mantienen bajo monitoreo el fenómeno, asociado al deslizamiento de fallas por el proceso de subducción de las placas tectónicas
La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, rechazaron acusaciones de "justicia selectiva" tras la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por presunta delincuencia organizada y huachicol fiscal derivado de sus operaciones como socio mayoritario en la empresa Ingemar. Las autoridades federales detallaron que la captura es resultado de una investigación de más de un año por parte de la FGR y la FEMDO, originada tras el decomiso de 33 ferrotanques que transportaban más de 15 millones de litros de combustible ilícito, provocando un perjuicio fiscal superior a los 4 mil millones de pesos. Mientras el expresidente Felipe Calderón acusó al gobierno de aplicar una justicia discriminatoria, la administración federal informó que ya se ejecutaron ocho órdenes de aprehensión y que aún quedan detenciones pendientes contra esta red de contrabando, la cual evadía al fisco declarando solo el 10% de su capacidad real
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