“Prende las alarmas” censura contra activista de Defensorxs, dice experta 

¿Exceso democrático? Quejosos usan órganos electorales para apagar voces como la de Meza.

EMEEQUIS.– El caso del activista Miguel Alfonso Meza, investigado por el Instituto Nacional Electoral (INE) tras una denuncia presentada por un servidor público de alto nivel, ha levantado preocupación sobre el uso de procedimientos electorales para silenciar voces críticas.

El activista presidente de Defensorxs denunció las acciones legales en su contra: “Fui denunciado por Luis Castañeda, exdirector de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y candidato a juez laboral en la CDMX. En su denuncia, argumenta que lo “violenté políticamente” por publicar una investigación, donde mostramos que está acusado por al menos 36 mujeres por acosarlas sexualmente y amenazarlas. También mostramos que atropelló a un motociclista que perdió la vida.La violencia política contra los hombres no existe en ningún lugar de nuestra legislación. Sólo existe la “violencia política contra las mujeres en razón de género”, mencionó el activista a través de la red X. 

Las denuncias de Meza contra Castañeda habrían ocurrido en la red social X el 26 de mayo de 2025, luego de una investigación publicada por Defensorxs durante el proceso electoral de la reforma del Poder Judicial. 

Mónica Calles, abogada y consultora especializada en derecho electoral, constitucional y derechos humanos, alerta en entrevista para EMEEQUIS sobre el uso de procedimientos electorales en México para reprimir la libertad de expresión y silenciar a ciudadanos críticos en el caso de Meza. 

Calles destaca que, el caso enciende las alarmas por el desequilibrio entre el denunciante, respaldado con un fuerte apoyo político, y un activista ciudadano que ha denunciado irregularidades en el proceso electoral, como candidaturas de personas con impedimentos legales o vínculos con el crimen organizado. “Es un caso que tenemos que poner bajo la lupa”, afirmó.

Explicó que es crucial distinguir entre los conceptos de violencia política en general, que afecta los derechos político-electorales sin un elemento de género, y la violencia política en razón de género, que en la legislación y jurisprudencia mexicana se ha desarrollado específicamente para proteger a las mujeres, no así a los hombres. 

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Sin embargo, subrayó que aún no está claro qué conducta específica investiga el INE en este caso, ya que la denuncia podría encuadrarse, por ejemplo, como una infracción de calumnia en materia electoral en lugar de violencia de género. “Tendríamos que revisar si se trata de una investigación preliminar o si ya se emplazó a un procedimiento. Todos estos elementos importan, pero aún no los tenemos”, señaló, destacando la necesidad de mayor información para un análisis profundo.

La experta advierte que el caso Meza refleja un patrón preocupante, donde las instituciones como el INE podrían estar siendo utilizadas para perseguir a ciudadanos críticos. “Que un servidor público de alto nivel denuncie a un activista que ha jugado un papel importante en denunciar irregularidades electorales es un elemento que prende las alarmas”, afirma Calles. 

Aunque reitera que es necesario esperar más detalles para evaluar si la imputación se centra en violencia política, calumnia u otra figura, insistió en que este tipo de acciones subrayan la importancia de vigilar el actuar de las autoridades electorales para garantizar que no se vulneren los derechos de los ciudadanos ni se limite su libertad de expresión.

Por su parte, Meza explicó en entrevista con W Radio: “El Instituto Nacional Electoral (INE) está aplicando un ‘doble rasero’”. 

“Tener que enfrentar ya estas investigaciones o presiones por algo que no tiene ningún sentido, suma a este ambiente donde la verdad es que el mensaje cada vez más es que si se critica a los poderosos va a haber consecuencias”, agregó. 

EL CASO DE CENSURA EN SONORA 

En Sonora, el caso de la diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras, ha añadido otra capa de controversia al debate sobre la censura. Barreras presentó una denuncia por violencia política de género contra Karla María Estrella, una ciudadana que la criticó en redes sociales durante su campaña electoral. 

La resolución del Tribunal Electoral de Sonora obligó a Estrella a pagar una multa de 4,000 pesos, tomar un curso sobre perspectiva de género, publicar la sentencia en sus redes sociales y quedar inscrita por 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas del INE. Barreras ha defendido la denuncia, argumentando que busca proteger los derechos políticos de las mujeres y combatir la violencia de género en el ámbito político, porque, acusa, “invisibilizaron mi trayectoria, por eso solicité al INE que interviniera”. Aseguró que lo suyo no es censura sino defensa del derecho de las mujeres y negó que sea necesario que se disculpe.

Calles califica este hecho como “un precedente gravísimo” que se suma a una serie de acciones de una mayoría de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la cual, según ella, “está dedicada a proteger intereses del oficialismo y de grupos del poder”. En entrevista, Calles señaló que casos similares en Tamaulipas, Campeche, Puebla y ahora a nivel nacional con el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral representan “un riesgo para periodistas, ciudadanos y la sociedad en general”.

Calles advierte que los procedimientos sancionadores en materia electoral no deberían utilizarse para reprimir voces ciudadanas ni al periodismo, como está ocurriendo. “Es muy cuestionable que el INE y el Tribunal Electoral siquiera hayan admitido estas denuncias contra ciudadanos, porque no tendrían que llegar a una resolución de fondo. La Constitución y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos imponen cargas mayores a las autoridades para iniciar procedimientos sancionadores, precisamente para tutelar la libertad de expresión y el derecho a la información, pilares de una democracia”, afirmó. La experta subrayó que las autoridades deben actuar con mayor cuidado cuando se trata de ciudadanos o periodistas, ya que existe un nivel de exigencia superior para siquiera iniciar investigaciones.

La abogada denuncia que las acciones del INE y del Tribunal Electoral, al investigar y sancionar a ciudadanos por sus opiniones, violan derechos humanos y carecen de sustento en la Constitución y los tratados internacionales firmados por México. “Lo que en realidad está ocurriendo es que se está utilizando el aparato estatal para perseguir a ciudadanos por sus opiniones, violentando la libertad de expresión y poniendo en riesgo las bases de nuestra democracia. Son actos abiertamente autoritarios”, sentenció Calles. Además, criticó que las instituciones, en lugar de proteger a la ciudadanía, “pierden el rumbo y se vuelcan contra ella para legitimar a quienes quieren ejercer el poder de manera abusiva”, buscando alinear la opinión pública a un solo pensamiento.

OTROS CASOS DE CENSURA DE LA 4T

En las últimas semanas han ocurrido otros intentos de censura contra ciudadanos y periodistas. En Puebla, la aprobación de la llamada “Ley Censura” ha sido uno de los casos más controvertidos. Esta reforma, impulsada por el gobierno estatal de Morena, establece penas de hasta tres años de prisión para quienes publiquen contenido considerado insultante en redes sociales. Según el artículo 258 del Código Penal local, se castigará a quien “por cualquier medio, ofenda el honor o la dignidad de una persona”, una redacción que críticos consideran ambigua y susceptible de ser usada para criminalizar opiniones disidentes. Organizaciones como Artículo 19 han advertido que esta ley podría generar autocensura, afectando tanto a ciudadanos comunes como a periodistas que investigan o critican al gobierno. En redes sociales, usuarios han denunciado que la legislación parece diseñada para proteger a funcionarios públicos de la crítica, en un contexto donde la rendición de cuentas es esencial para la democracia.

En Campeche, el caso del periodista Jorge Luis González ha intensificado las preocupaciones sobre la libertad de prensa. González fue detenido y vinculado a proceso por el delito de incitación al odio, tras publicar críticas contra la gobernadora Layda Sansores, también de Morena. Este incidente se suma al cierre del medio Tribuna Campeche, que había denunciado presiones del gobierno estatal. Según reportes, el medio enfrentó obstáculos administrativos y económicos que lo llevaron a suspender operaciones, lo que ha sido interpretado como una estrategia para silenciar voces críticas.

Organizaciones de derechos humanos han señalado que estas acciones violan los principios de libertad de expresión consagrados en la Constitución mexicana y en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En plataformas como X, usuarios han calificado estos hechos como un ataque directo a la prensa independiente, acusando al gobierno de la 4T de buscar impunidad frente a investigaciones periodísticas.

Otro episodio que ha generado indignación es el relacionado con un ciudadano que, durante un evento público, gritó consignas contra el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, conocido por su cercanía con la 4T. Según reportes, el individuo fue presionado para ofrecer una disculpa pública, lo que desató críticas sobre el uso de mecanismos de coerción para inhibir la libre manifestación de opiniones. En redes sociales, este caso ha sido citado como evidencia de una intolerancia creciente hacia las críticas dentro del movimiento de la 4T. Algunos usuarios han comparado estas acciones con prácticas de regímenes autoritarios, mientras que defensores del diputado argumentan que el incidente no representa censura, sino una reacción a un acto de provocación. Sin embargo, la obligatoriedad de la disculpa ha sido vista como una medida desproporcionada que podría disuadir a otros ciudadanos de expresar su descontento.

Sin embargo, críticos han cuestionado si estas sanciones no constituyen una forma de censura, especialmente porque limitan la capacidad de una ciudadana de expresar opiniones sobre una figura pública. En plataformas como X, se ha señalado la ironía de que una mujer, Estrella, sea sancionada por otra mujer, Barreras, bajo el argumento de violencia de género, lo que ha generado debates sobre el uso de este marco legal para restringir la libertad de expresión.

LAS MEDIDAS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEL INE 

Asimismo, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió dos medidas cautelares, “una por hechos que podrían constituir Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) y otra por la presunta difusión de propaganda electoral y entrega de un libro, en el marco del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025”. 

El instituto no especificó a qué caso se refiere, pero argumentó: “Una persona que solicitó la protección de sus datos denunció a diversos usuarios de Instagram, así como a quien resulte responsable, por la difusión de publicaciones en esa red social, que, a su decir, constituyen VPMRG en su contra”. 

“El colegiado determinó procedente la adopción de medidas cautelares respecto de una publicación en la cuenta de Jenifer Luján García, al considerar que contiene expresiones ofensivas y estigmatizantes que refuerzan estereotipos de género, así como centrarse en la vida personal de una candidata y no en su trayectoria profesional. Por ello, se ordenó a la usuaria denunciada y a la red social Instagram retirar la publicación en un plazo no mayor a 12 horas. Finalmente, se determinó improcedente la adopción de la medida cautelar en su vertiente de tutela preventiva, toda vez que, de los hechos denunciados no se advierte una evidente ilegalidad”, agregó. 

En dicha cuenta se puede observar cómo la usuaria lanzó acusaciones de alcoholismo y otro tipo de señalamientos personales contra una representante del Poder Judicial cuyo nombre se omite. 

También, en otro asunto, el INE explicó que “una ciudadana denunció a una excandidata a Magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, por la presunta difusión de propaganda prohibida y entrega de beneficios en especie, lo anterior, al colocar espectaculares en la ciudad de Xalapa, Veracruz y difundir contenido en redes sociales, incluido un enlace para descargar un libro digital”. 

La Comisión determinó en este caso que es improcedente la “adopción de medidas cautelares, ya que la propaganda en espectaculares fue retirada y, por tanto, los hechos denunciados constituyen actos consumados de manera irreparable. Respecto a la publicación en la red social para la descarga de un libro electrónico, se concluyó que su difusión no representa un riesgo para los principios de la función electoral, al haberse celebrado ya la jornada electoral. También, se declaró improcedente la tutela preventiva”. 

@ciudadelblues