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“Las armerías permiten que terceros puedan adquirir armas de fuego de manera legal para después venderlas de manera ilícita”, acusa Alejandro Celorio. La Suprema Corte de Estados Unidos discute la demanda de México.
Tras ser repudiada en redes durante varios días, Ximena Pichel, mejor conocida como #LadyRacista, por fin muestra señales de arrepentimiento.
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La Suprema Corte discute la demanda de México. En la imagen, un decomiso de armas dado a conocer este martes por Omar García Harfuch.
EMEEQUIS.– La Suprema Corte de Estados Unidos analiza este 4 de marzo el futuro de la demanda presentada por el gobierno de México, que busca responsabilizar a los fabricantes de armas estadounidenses por su presunta contribución a la violencia en territorio mexicano.
Los jueces de la Suprema Corte se encuentran escuchando los argumentos de las compañías de armas, las cuales buscan desestimar la demanda. Sin embargo, el gobierno mexicano las acusa de operar de manera negligente y permitir la venta de armas a terceros, lo que, sostiene, tiene una relación directa con la violencia en el país.
Por ello, la tarea de la Suprema Corte será determinar si existe un nexo causal entre las prácticas de empresas como Smith & Wesson e Interstate Arms.
En entrevista con EMEEQUIS, Alejandro Celorio, abogado que inició el litigio contra las armas en Estados Unidos en 2021, menciona que:
“Un juez de justicia de los Estados Unidos analiza el día de hoy una decisión de la Corte de Apelaciones, que reconoció los argumentos del gobierno de México respecto a la no aplicación de una ley de inmunidades que protege a las empresas que manufacturan, distribuyen y venden armas”.
Esto frente a los deseos de los distribuidores de armas de desestimar la demanda y alegar que los argumentos del gobierno mexicano, no tiene validez porque no hay relación entre la forma que operan y las consecuencias de las que son señalados por el gobierno mexicano.
Los abogados de las empresas argumentan que el involucramiento de diferentes actores entre la fabricación y el uso final de las armas diluye su responsabilidad. Sin embargo, México sostiene que las compañías han diseñado y promovido estratégicamente sus armas para el mercado criminal, incluyendo publicidad que asocia sus productos con el ejército y las fuerzas del orden.
Celorio menciona que México en su demanda de 2021 “presentó argumentos señalando que la ley de inmunidades no podía ser invocada por las empresas demandadas”.
Previamente, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston falló por unanimidad que las empresas no podían ampararse en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), argumentando que existían indicios de que las compañías habían facilitado e instigado el tráfico ilegal de armas.
Por lo que “la Corte de Apelaciones coincidió en señalar que la conducta de las empresas demandadas podría constituir un auxilio o instigación para la exportación ilícita de armas y la venta de armas sin licencia”.
El experto señala que las empresas que venden armas, principalmente en la frontera con México: “comercian negligentemente sus productos y permiten que terceros puedan adquirir armas de fuego de manera legal para después venderlas de manera ilícita, traficarlas de manera ilícita a delincuentes”, este punto es señalado por autoridades mexicanas como el inicio de la crisis de violencia en territorio mexicano.
“Por lo que La Suprema Corte tiene ante sí, entonces, el análisis del nexo causal, la relación de causalidad entre la conducta que cuestiona el gobierno de México y el daño sufrido en territorio mexicano”, señala el experto.
México busca una compensación económica de 10 mil millones de dólares y una orden judicial que obligue a las compañías a modificar sus prácticas de distribución para evitar que sus armas terminen en manos de criminales.
Al parecer del Estado mexicano, las armerías estadounidenses tienen una responsabilidad directa en los daños derivados del tráfico de armas, principalmente la violencia de los cárteles.
Este litigio se desarrolla en un contexto tenso para las relaciones entre Estados Unidos y México, el mismo día que entran en vigor los aranceles del 25% a productos mexicanos en EE.UU. AA., la Suprema Corte debe evaluar si avanza o no el caso contra las empresas armamentísticas.
Donald Trump ha acusado reiteradamente a México de no hacer lo suficiente para frenar el tráfico de drogas y la migración ilegal, mientras que el gobierno mexicano insiste en que las armas fabricadas en territorio estadounidense han alimentado la violencia en su territorio.
La decisión de la Suprema Corte no se espera hasta el verano, y su resolución podría tener un impacto significativo en futuras demandas de esta naturaleza.
Mientras tanto, México también avanza con una segunda demanda contra tiendas de armas en Tucson, Arizona, como parte de su estrategia de litigio para frenar el flujo de armas ilegales.
Justo en el día que se está discutiendo el tema en la Suprema Corte de Estados Unidos, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer un enfrentamiento de fuerzas de seguridad contra presuntos criminales en el que uno de ellos perdió la vida y se decomisaron armas.
“Nuestro reconocimiento a los compañeros de @SEMAR_mx, quienes tras repeler una agresión cuando fueron atacados por delincuentes en San Fernando, Tamaulipas, detuvieron a 11 personas y aseguraron armas largas, municiones, vehículos y equipo táctico. Tras estos hechos cuatro agresores resultaron heridos y uno perdió la vida”.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado en reiteradas ocasiones que más del 70% de armas decomisadas por crímenes en México provienen de Estados Unidos. Repitió esa declaración el día de hoy al referirse a los aranceles de 25% impuestos por el gobierno de Donald Trump a México y Canadá por supuestamente no hacer lo suficiente para frenar el tráfico de fentanilo.
@MarRome259
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