“Me querían entregar cuerpo que no era de mi hijo”: madre denuncia negligencia en Nayarit

A más de dos años de la desaparición de Pablo Joaquín Gómez Orozco, su madre, Alejandrina Fabiola, denuncia una cadena de omisiones, negligencias e irregularidades cometidas por las fiscalías de Nayarit, Jalisco y Zacatecas, así como por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Afirma que estas fallas no sólo impidieron que su hijo fuera buscado a tiempo, sino que derivaron en un manejo indebido de restos humanos y en un proceso de revictimización

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EMEEQUIS.–  A más de dos años de la desaparición de Pablo Joaquín Gómez Orozco, su madre, Alejandrina Fabiola, denuncia una cadena de omisiones, negligencias y presuntas irregularidades cometidas por las fiscalías de Nayarit, Jalisco y Zacatecas, así como por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que, asegura, no solo impidieron que su hijo fuera buscado a tiempo, sino que derivaron en un manejo indebido de restos humanos y en un proceso revictimizante.

Pablo Joaquín desapareció el 30 de marzo de 2023, en Tepic, Nayarit. Tenía estudios de preparatoria, cursaba programación y los fines de semana tomaba talleres de liderazgo y superación personal. 

 Ese día salió alrededor de las 10 de la mañana para buscar trabajo temporal por Semana Santa y no regresó.

Alejandrina acudió de inmediato a la Fiscalía de Nayarit, donde le dijeron que debía esperar 72 horas para levantar la denuncia. Cuando regresó, afirma que intentaron disuadirla bajo el argumento de que “probablemente (su hijo) estaba de vacaciones”

“Yo exigí que se levantara la denuncia, pero no activaron ninguna búsqueda”, relata.

LA LLAMADA QUE PUDO SALVARLE LA VIDA

Para dar con su paradero pegaba fichas de búsqueda en el centro de Tepic, sin embargo no surtió efecto. El 7 de abril, recibió una llamada: era Pablo Joaquín.

“Me dijo que se lo habían llevado a Zacatecas, que tenía mucho miedo, que un cártel lo tenía y que por favor fuera por él”, cuenta.

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La madre llevó esa información a la fiscalía estatal, pero le respondieron que no podían actuar basándose solo en una llamada telefónica. Alejandra solicitó entonces la sábana de llamadas, la cual le fue negada.

Ante la negativa, viajó a la Ciudad de México y se manifestó frente a la Suprema Corte. Sólo así logró que se obtuviera el registro telefónico, que arrojó ubicaciones en Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes. Solicitó colaboración entre estados. Dice que ninguno respondió.

“En Jalisco me dijeron que tenían más de 15 mil desaparecidos como para ponerse a buscar un celular”, recuerda.

La misma zona donde se ubicó el teléfono fue donde, posteriormente, fue localizado un cuerpo que presuntamente correspondía a su hijo, en Encarnación de Díaz, Jalisco, en la comunidad de San José del Bajío. Según la madre, Pablo fue llevado primero a Tala, cerca del Rancho Izaguirre.

A ella le notificaron hasta el 21 de septiembre del 2025, más de dos años después.

“La nueva comisionada de búsqueda me llevó a Lagos de Moreno y primero me dijeron que no tenían ningún cuerpo. Luego hicieron llamadas y resultó que sí estaba en Jalisco”.

Sin embargo, al llegar al SEMEFO, volvió a recibir negativas. Después, funcionarios le preguntaron de manera “grosera y prepotente” si quería o no los restos.

El director del instituto forense le aseguró que el cuerpo estaba plenamente identificado y trató de convencerla de que lo recibiera. Ella pidió que fuera trasladado a la FGR para una nueva prueba genética. Ahí descubrió algo más grave.

“La mandíbula no correspondía a mi hijo, era de una persona de alrededor de 40 años, y había un hueso duplicado: uno sí era de él y otro no”.

Alejandrina solicitó que también se analizaran los otros dos cuerpos localizados junto al de su hijo. Posteriormente, revisó un oficio fechado el 26 de septiembre, donde autoridades de Jalisco reconocen que no están 100% seguras de la identidad del cuerpo. “Pero a mí me habían dicho que estaba plenamente identificado y que me lo iban a entregar. Si yo lo hubiera aceptado, me entregan a alguien que no era mi hijo”.

Desde entonces, denuncia que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se ha negado a entregar información completa del procesamiento, pese a solicitudes formales de la Fiscalía de Jalisco y de la CNDH.

“El cuerpo estuvo en SEMEFO desde abril de 2023 y a mí me avisaron dos años y medio después”, afirma.

AMENAZAS Y SILENCIO 

Alejandrina asegura haber recibido amenazas para que deje de hablar del caso y afirma que personas han llamado a medios de comunicación para pedir que bajen las notas. “Me dicen que saben dónde estoy, que tengo otra hija. Por eso no he podido volver a Jalisco”.

La madre solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que integre una carpeta única contra las fiscalías de Nayarit, Jalisco y Zacatecas, por no aplicar el protocolo homologado de búsqueda (especialmente tratándose de un menor de edad) y por no rastrear el teléfono desde el cual su hijo pidió ayuda.

También pidió a la FGR que continúe con la investigación para determinar responsabilidades administrativas y penales. “Si ellos hubieran actuado conforme al protocolo, mi hijo tal vez estaría vivo. No solo me lo quitaron, lo revictimizaron incluso después de muerto”.

Alejandrina exige sanciones a los servidores públicos involucrados y una disculpa pública del gobierno de Jalisco.

“Nos hicieron un daño irreparable. Me dijeron ‘sí es’, luego ‘siempre no’. Revolvieron restos, ocultaron información. Yo nunca voy a encontrar a quien lo mató, pero sí quiero que paguen quienes lo dejaron morir”.

@emeequis



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