El Comité de la ONU no afirma que exista una política federal deliberada para desaparecer personas. Pero sí señala que estos hechos ocurren con participación o tolerancia de autoridades en distintos niveles. Esa es la verdadera dimensión del señalamiento.
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El Comité de la ONU no afirma que exista una política federal deliberada para desaparecer personas. Pero sí señala que estos hechos ocurren con participación o tolerancia de autoridades en distintos niveles. Esa es la verdadera dimensión del señalamiento.
La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.
El Comité de la ONU no afirma que exista una política federal deliberada para desaparecer personas. Pero sí señala que estos hechos ocurren con participación o tolerancia de autoridades en distintos niveles. Esa es la verdadera dimensión del señalamiento.
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POR JUAN ORTIZ / LUPA LEGISLATIVA
EMEEQUIS.- Los municipios son el nivel de gobierno más cercano a la gente. Ellos recogen la basura, arreglan calles, dan agua, dan permisos de comercio local, atienden emergencias de protección civil y muchas veces enfrentan solos la inseguridad.
Por eso resulta grave que Morena insista en debilitar justo esa parte del Estado, en vez de fortalecerla con recursos, reglas claras y protección frente al crimen organizado.
La Constitución reconoce al municipio libre como base de la división territorial y de la organización política del país. El artículo 115 deja a las leyes estatales buena parte de las reglas municipales.
Por eso el Plan B levantó alarmas por su sesgo “anti-federalista”. En lugar de atacar los problemas reales de los ayuntamientos, decide meterse en cómo se integran los cabildos desde una reforma impulsada desde el centro.
La minuta aprobada en el Senado fija que cada ayuntamiento tenga una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías. Es decir, la Federación pone un techo a un órgano que antes se definía en el ámbito local.
Pero… ese cambio solo pega en unos cuantos municipios. Distintos análisis hablan de alrededor de 60 municipios. Pero también hay que decirlo: la versión original de Palacio nacional tiene una redacción en los artículos transitorios que permitía aumentar regidurías en municipios pequeños, algo que chocaba con el discurso de austeridad.
Así de mal hecha estaba el Plan B. Después corrigieron, pero el mensaje es el mismo. El centro decide sobre el resto.
La presión sobre los municipios no empezó con el Plan B. También llegó por la vía del presupuesto. Morena eliminó el FORTASEG, que era un subsidio federal para fortalecer policías municipales. Eliminó la bolsa federal de Pueblos Mágicos, el 3×1 para municipios migrantes. También eliminó el Fondo Minero, que antes dejaba recursos en territorios de extracción para obras locales.
También desaparecieron fondos de infraestructura del Ramo 23. Era una bolsa plagada de corrupción, sí, pero no hubo un sustituto con reglas claras.
El resultado es conocido por alcaldes de todo el país. Menos margen de decisión, más dependencia de la Federación y menos herramientas para responder a problemas inmediatos.
Eso pesa más en municipios con baja recaudación propia. El predial, por ejemplo, recauda muy poco por falta de capacidad, rezago tecnológico y temor al costo político, entre otros factores. Ahí sí podría la Federación ayudar a mejorar la recaudación local. Pero ni eso.
Así que hoy el municipio depende de transferencias, convenios y apoyos para patrullas, obra pública o atención de emergencias. O termina recurriendo a deuda pública.
Eso se traduce en patrullas sin gasolina, calles llenas de baches, mala iluminación y deficiente servicio de recolección de basura, entre otros males.
Mientras Morena debate sobre cuántos regidores deben existir en cada mesa, deja fuera el problema más grave.
En muchos municipios, el crimen organizado impone candidaturas, amenaza funcionarios, mata aspirantes y captura presupuestos. Esa violencia político criminal sí altera la representación local y también reduce la participación electoral.
Ahí estaba la verdadera urgencia. Blindar candidaturas, proteger ayuntamientos y cortar la captura criminal de gobiernos locales. Nada de eso apareció en el Plan B, menos en el Plan A de Shienbaum. La prioridad presidencial y legislativa fue otra.
El municipio carga con los servicios, con la presión ciudadana y con la violencia. Pero cuando llega la hora de decidir, el poder federal le quita margen, dinero y autonomía. Hasta que perdamos el control de la mayoría de municipios entenderán.
@Juan_OrtizMX
El Comité de la ONU no afirma que exista una política federal deliberada para desaparecer personas. Pero sí señala que estos hechos ocurren con participación o tolerancia de autoridades en distintos niveles. Esa es la verdadera dimensión del señalamiento.
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El rescate del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, Juan Vega Arredondo, marca un punto crítico en la lucha contra la gobernanza criminal de La Familia Michoacana, tras un operativo de élite que culminó con su localización en Zacualpan, Estado de México. La crisis, que se activó mediante un reporte "verbal" de un funcionario municipal ante la ausencia de una denuncia formal, ha revelado filtraciones sobre un presunto intento de canje por la libertad de "El Gokú", jefe de plaza recientemente capturado. Este hecho, enmarcado por el secretario Omar García Harfuch como un ataque directo de la estructura de los hermanos Hurtado Olascoaga, subraya la peligrosa transición política en Taxco, donde la nueva administración busca romper con un pasado de vínculos criminales atribuidos a la gestión anterior, mientras las víctimas permanecen bajo resguardo en el 27 Batallón de Infantería en Iguala
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