La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.
La carrera por Hermosillo en 2027 plantea un dilema entre la nostalgia de lo conocido y el potencial de lo nuevo, enfrentando el "techo de cristal" de Alejandro López Caballero —quien posee un alto reconocimiento pero nulo margen de crecimiento y pesados negativos— contra la proyección estratégica de Flor Ayala, cuyo perfil en construcción le permite conectar con el robusto sector de votantes independientes. Mientras el exalcalde parece limitado por una historia política ya juzgada y un apoyo fraccionado, Ayala surge como una opción con margen de maniobra y capacidad de respuesta para un electorado crítico que, más allá de recuerdos, busca posibilidades reales de futuro.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
“El presidente se apoya en su autoridad política, más que en su autoridad jurídica”
“Al señor presidente le gusta que se hagan las cosas en el momento que él quiere y no esperar los tiempos de la legislación o la administración”, acusa el doctor en derecho Sergio Márquez Rábago, sobre el acuerdo que considera de “seguridad nacional” las obras del gobierno.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
EMEEQUIS.– El estilo personal de gobernar de AMLO choca con los tiempos legales y administrativos, plantea el doctor en derecho Sergio Márquez Rábago, a propósito del acuerdo dado a conocer por el Diario Oficial de la Federación, que considera las obras y proyectos del gobierno como “de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos”.
“Todas las autoridades y todos los poderes tienen sus tiempos”, señala el entrevistado, quien critica al presidente por basarse más en su autoridad política que jurídica para un acuerdo así.
El catedrático de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), experto en derecho constitucional y autor de libros sobre la materia, comenta: “Al señor presidente le gusta que se hagan las cosas en el momento que él quiere y no esperar los tiempos ni de la legislación ni de la administración”.
A través de la imposición de su jerarquía pretende evitar los trámites que se requieren para obtener las autorizaciones y permisos en materia ambiental, del Instituto de Antropología e Historia, o de cualquier otra dependencia.
Las premuras de la administración y la intención de que las obras que dicte la Presidencia se lleven a cabo sin obstáculos, normatividades o amparos que pudieran atrasarlas es, según el propio Andrés Manuel López Obrador, la razón por la cual se expidió un acuerdo el pasado 22 de noviembre, en el que se ordena a la administración pública federal autorice lo necesario para que las obras prioritarias del gobierno no se detengan.
El doctor en derecho Sergio Márquez Rábago piensa que el acuerdo, que más que un tema de democracia, es de Estado de derecho. Foto: Especial.
En opinión de Márquez Rábago, el acuerdo que expidió el presidente, más que un tema de democracia, concentra la problemática en el Estado de derecho. En un país donde prevalezca, “las funciones de todas las autoridades y todos los poderes tienen sus tiempos”, por lo que la decisión del presidente obedece a razones meramente políticas y no jurídicas.
“Para vivir en un Estado de derecho tiene que haber división de poderes y cada uno tiene que hacer lo que le corresponde de acuerdo con la ley”, sentencia el entrevistado.
La forma de gobernar en esta administración, más allá de que guste o no, resulta en un estilo muy autoritario, que choca con muchos aspectos de legalidad y de constitucionalidad. Se espera que las reacciones a este acuerdo presidencial se traduzcan en demandas y controversias constitucionales.
¿QUÉ SE PUEDE HACER?
Debido a que no se trata de un tratado internacional o una ley, sino que es un decreto administrativo, no procede una acción de inconstitucionalidad; puede ser cuestionado con juicios de amparo o una controversia constitucional, sin embargo, para que prospere tendría que demandarlo la Presidencia de la Cámara de Diputados o de Senadores.
Con la actual configuración del Congreso, esto resulta inviable, por la minoría que ocupa la oposición. También pudiera presentarse por la Consejería Jurídica, pero debido a las relaciones de amistad con el presidente de la República, es prácticamente improbable.
Lo mismo para el caso de la Comisión de Derechos Humanos: “el presidente se apoya en su autoridad política, más que en su autoridad jurídica”, explica el Dr. Márquez Rábago.
Es importante señalar que en cuanto al aspecto de “seguridad nacional” existen elementos que brinda la Suprema Corte. En este caso, las obras publicas que pretende proteger el presidente no están concluidas, tampoco están incorporadas al servicio público, por lo que todo esto puede ser cuestionado desde un punto de vista jurídico.
A pesar que durante la mañanera el presidente explicó que el decreto no tiene que ver con aspectos de transparencia, la realidad es que al ser determinados como parte de la seguridad nacional, la información podría quedar reservada. Ante esta posibilidad, el INAI, a través de sus redes sociales, informó que se encuentran analizando los alcances de esta determinación del ejecutivo.
Independientemente de quien tenga la razón, por el plazo que queda para terminar la administración, cualquier acción legal que se tomae puede llevarse el resto del tiempo que le queda al frente del Ejecutivo, por lo que mientras las instancias deciden la validez de la medida, el tiempo pasará y las acciones se concretarán como ha dispuesto el presidente.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.
La carrera por Hermosillo en 2027 plantea un dilema entre la nostalgia de lo conocido y el potencial de lo nuevo, enfrentando el "techo de cristal" de Alejandro López Caballero —quien posee un alto reconocimiento pero nulo margen de crecimiento y pesados negativos— contra la proyección estratégica de Flor Ayala, cuyo perfil en construcción le permite conectar con el robusto sector de votantes independientes. Mientras el exalcalde parece limitado por una historia política ya juzgada y un apoyo fraccionado, Ayala surge como una opción con margen de maniobra y capacidad de respuesta para un electorado crítico que, más allá de recuerdos, busca posibilidades reales de futuro.
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