Estados Unidos tiene en la mira a ocho de las grandes organizaciones mexicanas. Algunas seguramente se debilitarán, otras se fragmentarán y alguna podrá desaparecer. Pero la culebra criminal tiene 175 cabezas. Cortar ocho no significa matarla.
La millonaria industria del aguacate, bajo asedio del crimen organizado. ¿Cómo revertir la situación? Inteligencia e investigación destacan en la estrategia de seguridad encabezada por Omar García Harfuch con la que se busca terminar de raíz con el problema.
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Estados Unidos tiene en la mira a ocho de las grandes organizaciones mexicanas. Algunas seguramente se debilitarán, otras se fragmentarán y alguna podrá desaparecer. Pero la culebra criminal tiene 175 cabezas. Cortar ocho no significa matarla.
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El aguacate significa ingresos para miles de familias en Michoacán. Foto: Cuartoscuro.
EMEEQUIS.– El aguacate mexicano conquistó el mercado estadounidense, generó una industria multimillonaria y convirtió a Michoacán en el corazón de uno de los negocios agrícolas más rentables del país. Sin embargo, el éxito del llamado “oro verde” también atrajo al crimen organizado, que encontró en su cadena productiva una nueva fuente de ingresos.
Entre las décadas de 1990 y 2000, el auge económico provocado por la apertura progresiva del mercado estadounidense comenzó a tener consecuencias. Al cambio ilegal de uso de suelo se sumó la creciente penetración del crimen organizado, que encontró en cada etapa de la producción una rentable fuente de ingresos mediante el cobro de piso y la extorsión a productores, empacadores y transportistas.
Desde entonces, el aguacate dejó de ser solamente un asunto agrícola y comercial para convertirse también en una prioridad en materia de seguridad para México, mientras su producción y valor en los mercados internacionales continuaban creciendo.
De acuerdo con información del Gobierno de México, la producción nacional pasó de 790 mil toneladas en 1996 a más de 2.4 millones en 2021. Del total, 45.9% se destina al mercado internacional, principalmente a Estados Unidos, mientras que 54.1% permanece para el consumo nacional.
Las exportaciones también tienen efectos en el mercado interno. A pesar de ser un producto ampliamente cultivado en el país, el consumidor mexicano compite indirectamente con compradores internacionales, a lo que se agregan los costos provocados por la extorsión y la violencia a lo largo de la cadena productiva.
Estados Unidos ocupa un lugar central en este negocio para México, pues aporta más del 84% de aguacate que ese país importa, cifra que permite dimensionar la importancia del producto para ambos mercados y explica por qué las condiciones de seguridad en Michoacán son de gran importancia para Washington.
La inseguridad volvió a impactar una de las principales actividades económicas de Michoacán. El pasado 4 de agosto, autoridades estadounidenses anunciaron la suspensión de las inspecciones necesarias para exportar aguacate debido a problemas de seguridad. No se trata de un hecho aislado: en febrero de 2022, una amenaza contra un funcionario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) provocó una medida similar, mientras que en junio de 2024 otro incidente relacionado con dos inspectores estadounidenses derivó en una nueva suspensión temporal.
Estos episodios evidencian un problema de fondo: México ha conseguido responder a las contingencias y restablecer las inspecciones, pero persiste el desafío de desarticular las estructuras criminales que durante años han encontrado en la cadena productiva del aguacate una fuente de financiamiento mediante la extorsión y el cobro de piso.
Ante la nueva crisis, la respuesta federal incluyó el despliegue de 1,500 efectivos para reforzar la seguridad en Michoacán, además de esto, la estrategia encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, cobra especial relevancia.
La apuesta por la inteligencia, la investigación y la coordinación institucional va más allá de reaccionar en un momento crítico, pretende la identificación de células delictivas, generadores de violencia, redes financieras y estructuras de protección para debilitar la capacidad operativa y económica de las organizaciones criminales y llevar a sus integrantes ante la justicia.
Es pronto para evaluar una estrategia planteada para todo el sexenio, sin embargo, el Gobierno Federal reporta avances importantes. El trabajo del Gabinete de Seguridad, en coordinación con las entidades federativas, suma más de 56 mil detenciones por delitos de alto impacto, además de acciones contra funcionarios y exfuncionarios presuntamente relacionados con hechos de corrupción o estructuras criminales.
Además de esto, la operación de García Harfuch registra un amplio respaldo entre la opinión pública. Mediciones recientes de Consulta Mitofsky le atribuyen 66% de aprobación frente a 18% de opiniones negativas. El desafío será mantener estos primeros resultados en una reducción sostenida de la capacidad del crimen organizado para controlar y obtener recursos de actividades estratégicas como la industria aguacatera de Michoacán.
@emeequis
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