“Lo ocurrido ayer es únicamente la confirmación de que necesitamos informar, organizarnos ante la inminente embestida a la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros, en particular de los Estados Unidos”, dice López Beltrán un día después de anunciar que le cancelaron la visa.
Experto advierte que el programa de Luisa María Alcalde no coincide con las atribuciones que tiene como consejera jurídica, por lo que estaría violando la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal al usar recursos públicos para una labor distinta.
“¿Estás disfrutando el show? Rellena las palomitas. Te gustará lo que sigue”. El posteo de Chris Landau se publica un día después de que el hijo de AMLO se quejara con el presidente Donald Trump por la revocación de su visa.
Persiste la esperanza de encontrar con vida a Mario Zapata y Brenda Flores, pues sus nombres aún no aparecen como hallados. La embajada mexicana en Colombia hace trámites para apoyar a la familia.
“Lo ocurrido ayer es únicamente la confirmación de que necesitamos informar, organizarnos ante la inminente embestida a la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros, en particular de los Estados Unidos”, dice López Beltrán un día después de anunciar que le cancelaron la visa.
“Lo ocurrido ayer es únicamente la confirmación de que necesitamos informar, organizarnos ante la inminente embestida a la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros, en particular de los Estados Unidos”, dice López Beltrán un día después de anunciar que le cancelaron la visa.
EMEEQUIS.– El Gobierno de la Ciudad de México anunció una estrategia contra el despojo de inmuebles que contempla un plazo de hasta 15 días para asegurar y restituir una propiedad cuando exista certeza documental sobre su legítimo dueño, así como 30 días para judicializar los casos.
La estrategia, presentada este 5 de agosto por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, incluye también la creación de una Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo, a cargo de la Consejería Jurídica, además de modificaciones en la atención ministerial y un protocolo de respuesta policial ante posibles invasiones.
De acuerdo con las cifras presentadas por el gobierno capitalino, el Gabinete Interinstitucional contra el Despojo ha atendido 1,032 casos durante sus primeros 13 meses de operación. De ellos, 388 fueron clasificados formalmente como despojo, mientras que 644 correspondieron a disputas civiles o familiares.
El gobierno reportó 317 restituciones y aseguramientos entre los casos clasificados como despojo, lo que representa, según sus propios datos, una efectividad de 82 por ciento.
La administración capitalina también señaló que la incidencia se ha mantenido entre 10 y 11 denuncias diarias desde 2019.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México concentrará las denuncias en la Fiscalía Especializada contra Delitos de Despojo y contará con personal especializado en las fiscalías territoriales de Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac e Iztapalapa.
La fiscal general, Bertha María Alcalde Luján, estableció como meta un plazo de 15 días para el aseguramiento y restitución de un inmueble y de 30 días para la judicialización, siempre que la documentación de propiedad se encuentre en orden.
Para ello, la Fiscalía contará con una Unidad de Análisis Criminal, una Agencia de Judicialización Rápida y una Agencia de Investigación Estratégica.
La primera estará enfocada en identificar patrones delictivos; la segunda atenderá casos con evidencias consideradas contundentes, como videos y escrituras; mientras que la tercera investigará posibles fraudes procesales, simulaciones de compraventa, grupos de choque y posibles actos de complicidad de notarios foráneos o servidores públicos.
También se anunció un Programa Emergente de Restitución de Inmuebles y mesas itinerantes para atender el rezago en investigaciones previas.
NUEVA DEFENSORÍA Y VIGILANCIA A SERVIDORES PÚBLICOS
Como parte de la estrategia, la Consejería Jurídica abrirá la Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo, que ofrecerá asesorías fijas y un esquema itinerante semanal en la Plaza de la Constitución.
La dependencia podrá asumir la representación legal en casos considerados prioritarios.
El gobierno capitalino también anunció la creación de un equipo especial de control interno en la Contraloría General para investigar y, en su caso, sancionar a servidores públicos que pudieran estar involucrados en actos de despojo.
En paralelo, el Poder Judicial de la Ciudad de México contará con una unidad especializada para atender estos casos.
La estrategia incluye además un plan de escrituración y regularización notarial en coordinación con el Colegio de Notarios.
POLICÍA TENDRÁ PROTOCOLO DE RESPUESTA
La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los reportes por posibles despojos podrán realizarse mediante el 911, el número 55 5345 8120 o a través del monitoreo de redes sociales.
Según el protocolo presentado, la policía de cuadrante deberá responder en un tiempo promedio menor a tres minutos para determinar si existe flagrancia, particularmente ante forzamiento de chapas o ingreso no autorizado.
Cuando no exista flagrancia, pero sí indicios de un posible delito, intervendrá una unidad especializada para realizar una valoración y, en su caso, acompañar al Ministerio Público.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, mencionó como ejemplo la detención de cuatro personas el pasado 30 de julio en la colonia Nativitas, alcaldía Benito Juárez, luego de que presuntamente forzaran las puertas de un predio.
El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, señaló que la estrategia tendrá tres líneas de acción: prevención mediante asambleas en territorio, reacción conjunta en campo y atención continua.
Para ello, se reforzaron dos grupos de trabajo. El primero se encargará de la valoración social y de los operativos de aseguramiento y restitución; el segundo realizará revisión documental y mantendrá coordinación con el Registro Público de la Propiedad, el Colegio de Notarios y el Poder Judicial.
La atención presencial se mantendrá en Plaza de la Constitución número 1 y mediante la línea 55 5345 8120.
Brugada Molina señaló durante la presentación que las medidas buscan acelerar la recuperación de inmuebles cuando exista documentación que permita acreditar la propiedad y evitar que continúen ocupaciones consideradas ilegales.
La estrategia también contempla penas de hasta 22 años de prisión para casos de despojo con agravantes, luego de las reformas al Código Penal promovidas por la administración capitalina.
“Lo ocurrido ayer es únicamente la confirmación de que necesitamos informar, organizarnos ante la inminente embestida a la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros, en particular de los Estados Unidos”, dice López Beltrán un día después de anunciar que le cancelaron la visa.
Experto advierte que el programa de Luisa María Alcalde no coincide con las atribuciones que tiene como consejera jurídica, por lo que estaría violando la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal al usar recursos públicos para una labor distinta.
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