Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
EMEEQUIS.– Con la intención de reducir los tiempos de espera y agilizar el traslado de estudiantes transfronterizos, el gobierno de Tijuana impulsó la implementación de un carril Fast Lane, el cual está disponible en las principales horas de afluencia.
Los estudiantes transfronterizos son aquellos alumnos que cruzan de un país a otro para acceder a oportunidades educativas. Estos estudiantes pueden matricularse en instituciones educativas en un país diferente al de su residencia o pueden participar en programas de intercambio transfronterizo.
En el caso de México, por ejemplo, hay estudiantes que se trasladan de manera diaria de Tijuana a California para acceder a servicios educativos. En su mayoría, se trata de estudiantes en niveles escolares primarios y secundarios.
La movilidad transfronteriza de estudiantes puede deberse a diversas razones, como la búsqueda de programas académicos específicos, oportunidades culturales o la participación en intercambios educativos internacionales.
TIJUANA IMPLEMENTA UN CARRIL FAST LINE
Ante esta situación el gobierno de Tijuana ha implementado un carril Fast Line, con la intención de disminuir los tiempos de traslado de los estudiantes.
Con esta nueva política, los tiempos de espera se reducen de 3 a 4 a horas a 20 a 30 minutos, lo cual facilita que los estudiantes y sus familiares, ya no tengan que levantarse a las dos de la mañana para lograr hacer en tiempo y forma el cruce. El carril está habilitado de 6:00 a 9:00 de la mañana de lunes a viernes.
La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, este 29 de febrero, lideró el lanzamiento del programa Fast Lane destinado a estudiantes transfronterizos. La iniciativa, les brinda la oportunidad de cruzar hacia los Estados Unidos mediante un carril preferente de cruce ágil, lo que resulta en una drástica reducción de sus tiempos de espera.
En la mañana de este jueves, fueron los primeros ciudadanos afiliados a este programa quienes cruzaron, marcando así el inicio de esta iniciativa impulsada por el XXI Ayuntamiento, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SEDETI).
Este proyecto tiene como objetivo principal beneficiar a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria que residen en Tijuana pero cursan sus estudios en el país vecino.
“Esta es una política pública encaminada a beneficiar a esas familias que tienen la labor tan difícil de levantarse a las dos de la mañana, muy temprano, para cruzar a Estados Unidos y llevar a sus hijos a la escuela; son familias que también trabajan y también merecen ser apoyados”, mencionó Caballero Ramírez.
CONVOCATORIA ABIERTA
POr su parte, Luis Cañedo Angulo, el secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, detalló que la convocatoria para unirse a este programa permanece abierta. En esta fase inicial, aspiran a alcanzar un máximo de 500 afiliados, con la meta de garantizar la eficacia continua del carril Fast Lane, primordialmente utilizado por usuarios de servicios médicos.
Asimismo, resaltó la positiva respuesta de la comunidad, indicando que actualmente se encuentran en proceso de análisis y revisión de documentos para entre 100 y 150 solicitudes de inscripción. Además, señaló que al menos 12 estudiantes y sus respectivas familias, ya han obtenido su tarjeta con código QR, permitiéndoles utilizar el carril Fast Lane bajo esta modalidad.
Es importante destacar que solo podrán solicitar la inscripción en este programa los estudiantes transfronterizos que sean ciudadanos estadounidenses con residencia en Tijuana y que estudien en California. Igualmente, aquellos ciudadanos mexicanos que cuenten con visas F-1 y M-1 para estudiantes de tiempo completo.
Para mayores detalles sobre este programa para estudiantes transfronterizos, requisitos y costos, los interesados pueden acudir a las oficinas de la SEDETI en Palacio Municipal o bien, consultar las bases de la convocatoria en la página sedeti.tijuana.gob.mx.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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