URNA 2024

La difusión de una lista de presuntos "desinformadores" por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal cruza la línea entre la legítima réplica gubernamental y el señalamiento desde el poder. Al identificar y exponer públicamente a periodistas y ciudadanos críticos, el Estado vulnera la protección de datos personales, intimida el ejercicio periodístico y atenta contra los límites constitucionales, transformando la crítica legítima en un blanco institucional que amenaza la libertad de expresión y la democracia. La opinión de @JulietDelrio

Un análisis de las declaraciones patrimoniales de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, revela un salto financiero que la llevó a reportar ingresos por casi 12 millones de pesos en 2025. Lejos de explicarse por su sueldo como mandataria estatal —el cual representó apenas el 15% de sus percepciones anuales—, el grueso de sus percepciones provino de la enajenación de bienes, destacando una casa adquirida en 2019 por 2 millones de pesos que fue vendida por 9.85 millones de pesos, un monto que representa casi cinco veces su valor de adquisición original en un lapso de aproximadamente cinco años.

Mientras la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, atribuyó la opacidad de sus declaraciones patrimoniales a un supuesto fallo técnico en los servidores, un análisis jurídico de EMEEQUIS reveló que la Contraloría General del Estado emitió una negativa formal de acceso (oficio CGE/UT/522/2026) basada en un acuerdo de reserva fabricado fuera de tiempo y ajeno al trámite. La dependencia clasificó la información en su totalidad en lugar de entregar una versión pública con datos testados, incurriendo en violaciones a la ley de transparencia y omitiendo los criterios de la Suprema Corte sobre el escrutinio a funcionarios

El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, dejó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn tras tres meses de reclusión, luego de que se pospusiera indefinidamente su audiencia en medio de negociaciones avanzadas con la justicia estadounidense. Aunque no ha sido liberado, su salida de los registros penitenciarios apunta a un cambio de estatus bajo custodia federal para integrarse al programa de testigos colaboradores, convirtiéndose en el segundo exfuncionario sinaloense en buscar un acuerdo dentro de la macrocausa que investiga a la red de complicidades del Cártel de Sinaloa y a figuras de alto nivel en México