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La captura del exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, señalado como uno de los criminales más buscados por el FBI, ha generado versiones encontradas entre autoridades mexicanas y estadounidenses. Mientras el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sostuvo que Wedding se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en México, declaraciones posteriores del director del FBI, Kash Patel, y el relato publicado en Vanity Fair apuntan a una operación conjunta en la que participaron agentes mexicanos y un equipo especial del FBI.

El caso por la muerte de Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Hernández en el festival Axe Ceremonia 2025 dio un giro decisivo: las empresas Ocesa y Seguridad Privada Lobo fueron finalmente imputadas por la Fiscalía capitalina. La familia de Citlali denunció que este reconocimiento se logró tras meses de resistencia institucional y acusó intentos de encubrimiento para proteger a las compañías. Con más de 30 pruebas presentadas, los deudos insisten en que la justicia debe avanzar sin privilegios, esclarecer completamente el crimen y sancionar a todos los responsables

El exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, señalado como uno de los capos más violentos del narcotráfico, fue detenido en México tras más de una década prófugo. El director del FBI, Kash Patel, confirmó que Wedding ya está siendo trasladado a Estados Unidos y lo describió como una “versión moderna de Pablo Escobar y de ‘El Chapo’ Guzmán”, responsable de una red que movía cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia y México hacia Norteamérica. Fue el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien precisó que el canadiense se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en México

Claudia Sheinbaum anunció que iniciará la credencialización del nuevo sistema de salud, con la idea de que cualquier persona pueda atenderse en la unidad pública más cercana, sin importar su afiliación previa. La medida busca mejorar las cifras de cobertura en la medición de pobreza, pero llega sin más recursos financieros, humanos ni de infraestructura, lo que abre el dilema: más derechos reconocidos en el papel, pero menos capacidad real de atención.