Maru Campos asegura que las investigaciones sobre la participación de elementos de la CIA en un operativo antidrogas siguen su marcha, luego de que la fiscal especial culpara al funcionario muerto en accidente.
Autoridades de la CDMX y del Estado de México le siguieron la pista a los presuntos homicidas desde la alcaldía Azcapotzalco hasta Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde fueron capturados. Uno de los implicados respondió a balazos y resultó herido. Los agresores aparentemente conocían a las víctimas.
Pemex admite en auditoría interna que “se detectaron incumplimientos a las especificaciones contractuales, al no instalarse componentes y accesorios previstos, y al suministrar equipos que no cumplen con las características técnicas pactadas”.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
Maru Campos asegura que las investigaciones sobre la participación de elementos de la CIA en un operativo antidrogas siguen su marcha, luego de que la fiscal especial culpara al funcionario muerto en accidente.
El caso por la muerte de Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Hernández en el festival Axe Ceremonia 2025 dio un giro decisivo: las empresas Ocesa y Seguridad Privada Lobo fueron finalmente imputadas por la Fiscalía capitalina. La familia de Citlali denunció que este reconocimiento se logró tras meses de resistencia institucional y acusó intentos de encubrimiento para proteger a las compañías. Con más de 30 pruebas presentadas, los deudos insisten en que la justicia debe avanzar sin privilegios, esclarecer completamente el crimen y sancionar a todos los responsables
Maru Campos asegura que las investigaciones sobre la participación de elementos de la CIA en un operativo antidrogas siguen su marcha, luego de que la fiscal especial culpara al funcionario muerto en accidente.
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EMEEQUIS.– El proceso judicial por la muerte de Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Hernández durante el festival Axe Ceremonia 2025 dio un giro contundente: las compañías Ocesa y Seguridad Privada Lobo fueron finalmente reconocidas como imputadas. La decisión, tomada el 14 de enero por la ministerio público Mercedes Karina Granados Peralta, marca un punto de inflexión en un caso que ha estado rodeado de denuncias de protección institucional hacia las empresas.
El padre de Citlali, Luis Raúl Giles, denunció que este reconocimiento se logró pese a intentos de frenar el proceso. Señaló que durante meses enfrentaron maniobras para revertir la suspensión definitiva que obligaba a reexaminar el caso. “Han pasado más de nueve meses por un infierno ministerial, luchando contra la violencia institucional y la denegación de justicia”, expresó con firmeza.
La familia aseguró haber entregado más de 30 pruebas contundentes que acreditaban la responsabilidad de las empresas en el accidente. Sin embargo, acusaron que las autoridades intentaron avanzar sin incluir a Ocesa y Seguridad Privada Lobo como imputadas formales. Para los deudos, este proceder fue inadmisible y reflejó un intento de encubrimiento.
En un comunicado, la familia denunció la existencia de personas que, con su falta de empatía, intentaron demeritar su lucha. Señalaron actos provocativos y maniobras para interferir en el proceso judicial, lo que refuerza la percepción de que la Fiscalía de la Ciudad de México ha buscado proteger a las empresas involucradas.
El 5 de abril de 2025, el festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario se convirtió en tragedia. Una estructura metálica colapsó por ráfagas de viento y cayó sobre los fotoperiodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, quienes murieron de inmediato. Pese a la gravedad, el evento continuó varias horas antes de ser suspendido oficialmente, lo que generó indignación y cuestionamientos sobre la reacción de los organizadores.
El accidente expuso las deficiencias en las medidas de seguridad y puso bajo escrutinio a las empresas responsables de la producción y la infraestructura. La imputación de Ocesa y Seguridad Privada Lobo abre la puerta a que se investigue su papel en la tragedia y se determine si hubo negligencia en el cumplimiento de protocolos básicos.
La muerte de los dos fotoperiodistas no solo sacudió al ámbito cultural, sino que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad empresarial. Para la familia, alcanzar justicia plena significa que las compañías enfrenten las consecuencias legales de sus actos y que se sienten precedentes para evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse.
El caso sigue en desarrollo. La familia insiste en que la justicia debe actuar con transparencia y sin privilegios, garantizando que las empresas imputadas respondan ante la ley. “La captura de responsables no basta; necesitamos verdad y sanción”, concluyó Luis Raúl Giles, dejando claro que la batalla por justicia apenas comienza.
@emeequis
Maru Campos asegura que las investigaciones sobre la participación de elementos de la CIA en un operativo antidrogas siguen su marcha, luego de que la fiscal especial culpara al funcionario muerto en accidente.
Autoridades de la CDMX y del Estado de México le siguieron la pista a los presuntos homicidas desde la alcaldía Azcapotzalco hasta Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde fueron capturados. Uno de los implicados respondió a balazos y resultó herido. Los agresores aparentemente conocían a las víctimas.
Pemex admite en auditoría interna que “se detectaron incumplimientos a las especificaciones contractuales, al no instalarse componentes y accesorios previstos, y al suministrar equipos que no cumplen con las características técnicas pactadas”.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
