La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
El presupuesto de la Secretaría de Salud CDMX se redujo en un 10.4% de 2023 a 2024, es decir, de 14,655 millones a 13,128 millones de pesos. Esto representa una disminución de 1,527 millones.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
EMEEQUIS.– Martí Batres se estrenó como jefe de Gobierno de la Ciudad de México con recortes significativos al presupuesto de salud. Y no estamos hablando de una cantidad menor, hablamos de casi 2 mil millones de pesos en un periodo de desabasto y retrocesos en el Sistema Nacional de Salud.
Según las últimas cifras del Coneval, el número de personas sin acceso a servicios de salud en México ha aumentado drásticamente, de 20.1 millones en 2018 a 50.4 millones en 2024.
Específicamente en la Ciudad de México, el porcentaje de población sin acceso a servicios de salud subió del 20.1% al 28.7%.
En este contexto, los recortes en salud no sólo son inoportunos, sino también peligrosamente insensibles.
Al inaugurar una estatua de Francisco Villa. Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro.com.
PRESUPUESTO DE SALUD CDMX EN 2024
En la exposición de motivos del Presupuesto 2024, el jefe de Gobierno expresa que “la salud es un asunto prioritario”, y que por ello “la atención médica y el acceso a medicamentos gratuitos está garantizado”. Los datos cuentan otra historia.
Comparando el presupuesto de salud de 2024 con el de 2023 y ajustando por inflación, vemos una disminución de 1,970 millones de pesos, lo que representa una reducción del 8.5%.
Específicamente, el presupuesto de la Secretaría de Salud se redujo en un 10.4%, es decir, de 14,655 millones a 13,128 millones de pesos. Esto representa una disminución de 1,527 millones.
El Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Pública también sufrió un recorte considerable, de 652 millones de pesos, lo que implica una reducción del 8.7%.
RECORTES EN LOS PROGRAMAS DE SALUD
Los principales programas de salud afectados incluyen “Servicios de Salud de Primer Nivel”, “Formación de Profesionales de la Salud”, “Atención Integral de la Salud para la Mujer”, “Prevención de Enfermedades”.
De estos, el Programa de Atención Integral de la Salud para la Mujer ha sufrido uno de los mayores recortes en porcentajes, con una disminución del 38%. Este programa es importantísimo, ya que brinda servicios esenciales para la detección temprana del cáncer cervicouterino y mamario, atención pregestacional, interrupción legal del embarazo y atención materna sexual y reproductiva.
En términos de números absolutos, el programa de Servicios de Salud del Primer Nivel enfrentó el recorte más grande, con 580 millones de pesos menos.
IMPACTO DE IMSS BIENESTAR EN CDMX
Cabe destacar que la reducción del presupuesto de salud en la Ciudad de México no está directamente relacionada con el programa IMSS Bienestar.
Aunque el Congreso aprobó una reforma para centralizar los recursos públicos de los estados con convenios con IMSS Bienestar, este cambio entró en vigor después de que el presupuesto de la Ciudad de México fuera aprobado.
Bajo los términos actuales, el convenio con IMSS Bienestar se limita a la colaboración en personal, infraestructura, equipamiento y medicamentos. La transferencia de recursos públicos se hace a través del Gobierno de la Ciudad de México, no directamente desde el Presupuesto Federal.
Por lo tanto, la decisión de implementar una política de austeridad en el sector de la salud en la Ciudad de México fue una decisión directa de la oficina del jefe de Gobierno, Martí Batres, avalada por el Congreso local.
Está claro que estos recortes no son solo números en un informe; son decisiones que golpean la vida de millones, justo en un momento donde la salud pasa una crisis nacional por las decisiones del Gobierno Federal.
Como sociedad tenemos que ser los vigilantes de esos recursos que, al final del día, salen de nuestros bolsillos. Es nuestra salud, nuestra vida y nuestro futuro lo que está en juego.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
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