Luis Donaldo Colosio en el río revuelto

En Palacio Nacional les da igual lo que ocurrió en Tijuana hace 30 años, y más bien lo que pretenden es involucrar a Genaro García Luna en ese entuerto.

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17 DE JULIO DE 2024
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El expediente que continuará Sheinbaum. Análisis de Julián Andrade.

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– Entre las tareas que el presidente López Obrador le está dejando pendientes a Claudia Sheinbaum, quien será la titular del Poder Ejecutivo a partir del 1 de octubre, se encuentra la de despejar dudas en torno al asesinado de Luis Donaldo Colosio en 1994. 

Es una manzana envenenada, que no conducirá a nada en términos de esclarecimiento de un caso que está esclarecido y desde hace muchos años. 

La resurrección del asunto tiene motivaciones políticas, que en principio fueron de carácter electoral, las que no fructificaron, pero ahora son para ajustar cuentas con el pasado. 

Por eso la FGR solicitó una orden de captura, hace cuatro meses, en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega, un exagente del CISEN que habría efectuado, según las autoridades ministeriales, uno de los dos disparos que le quitaron la vida al candidato presidencial del PRI. 

La petición se encuentra en la fase de apelación ante un tribunal, pero si nos atenemos a las indagatorias, resulta evidente que no hay espacio para sustentar la participación de alguien más que el propio Mario Aburto.

En Palacio Nacional les da igual lo que ocurrió en Tijuana hace 30 años, y más bien lo que pretenden es involucrar a Genaro García Luna en ese entuerto.

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Bajo la nueva teoría de la Fiscalía, desde el CISEN ordenaron rescatar al agente emproblemado, y enviaron nada menos que a quien, con el paso de los años, se convertiría en secretario de Seguridad Pública.

Conviene precisar que, durante las últimas décadas, y al paso de diversos procuradores, nunca hubo elementos para pensar que existió un complot de esas dimensiones.

García Luna ingresó al área de inteligencia en lo que fueron las primeras fases de reclutamiento, cuando se estaba construyendo un área profesional de análisis, luego del desastre, inclusive delictivo, en el que se convirtió la Dirección Federal de Seguridad. 

Lo del segundo tirador tampoco es novedoso, ya que en su momento se detuvo a Othón Cortés, un ayudante del PRI en Tijuana, que a veces hizo de chofer del propio Colosio en sus viajes a la frontera cuando era presidente de su partido. 

Cortés compraba los diarios de la mañana y se aseguraba de que Colosio los tuviera temprano en la puerta de su habitación. Esa era su misión, además de otras tareas auxiliares, por las que estuvo en Lomas Taurinas.  

La infamia que Pablo Chapa Bezanilla, también encargado de indagar el asunto, cometió con Cortés, fue solo una más de toda una serie de despropósitos que tenían finalidades políticas. 

Chapa Bezanilla, como subprocurador de la PGR, quería encontrar autores intelectuales en la cúspide del poder, pero además no sustentar nada, lo que sí logró es enredar las investigaciones. Por eso, y por disparates cometidos en otra averiguación de alto impacto, la del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, terminó despedido y desacreditado, por el uso de brujas y videntes para suplir a los procedimientos científicos. 

La PGR hizo un estudio, en el año 2000, más que detallado sobre las trayectorias de las balas, concluyendo que era imposible probar, ministerial y pericialmente, la participación de otro tirador distinto al propio Aburto. 

Muchas de las telarañas que ahora imperan, se podrían despejar tan solo con acudir al trabajo que se realizó y que está documentado en diversos tomos de carácter público, entre ellos el de que se refiere al Entorno Político y Narcotráfico, todo un compendió sobre la clase política de aquel entonces, pero a la vez un estudio serio que despeja, si se lee, las dudas más recalcitrantes. 

En el río revuelto hay más de un pescador tratando de sacar tajada, pero lo grave es que con ello se alienta la desconfianza en las instituciones. 

Quizá sea la finalidad de desempolvar expedientes, pero tarde o temprano van a tener un efecto bumerán, porque la FGR requiere de al menos un mínimo de confianza social. 

@jandradej

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