En Bolivia el tribunal electo por el pueblo derivó en el exilio de Evo Morales. Análisis de Julián Andrade.
CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– La elección por voto popular de los integrantes del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Bolivia, no ha cambiado ni mejorado la justicia en aquel país, pero sí ha generado crisis políticas de proporciones mayores, una de ellas derivó en la renuncia de Evo Morales y su partida al exilio.
El modelo de integración del poder judicial se aplica desde el 2011. Hasta ahora, es el único lugar en el mundo que utiliza ese procedimiento, en lo que respecta a los cargos más elevados.
Es la referencia con la que contamos para tratar de dilucidar cómo serán las cosas en México luego de que se vote por ministros, magistrados y jueces en 2025. Las perspectivas no lucen nada bien, pero lo único seguro, entre toda la serie de inconvenientes que se presentarán, es la sujeción de los juzgadores al Poder Ejecutivo, ya que los listados terminarán armándose en algún despacho de Palacio Nacional.
En Bolivia, cinco días antes de la cita con las urnas en 2017, el TCP derogó una prohibición constitucional sobre los límites de los funcionarios para poder permanecer en los cargos.
Esta determinación abrió la puerta para que Morales se postulara, a la presidencia de la República en 2019, una vez más.
Esto contradecía los resultados del referéndum, realizado en 2016, en el que una mayoría ciudadana opinó que eso no era lo adecuado.
Por ello, en las votaciones para integrar el nuevo TCP, un 64% anuló su o votó en blanco, cifra relevante, aunque hay que considerar que el sufragar es obligatorio.
Pero en todo caso, resultó mensaje nítido sobre hartazgo contra la grilla de que eran presa los jueces y al control que el partido Movimiento al Socialismo (MAS) ejercía sobre ellos.
Morales volvió a ser candidato, ganó, pero no duró en el cargo y lo tuvo que rescatar, de ser detenido, un equipo del ejército y la Fuerza Aérea mexicana.
Pero el problema no terminó ni termina en lo que respecta a los jueces populares.
Desde diciembre pasado, el TCP aprobó una prórroga sobre su propio mandato, porque no hay condiciones para validar las listas, de candidatos a jueces constitucionales, en la Asamblea, ya que los integrantes del MAS están peleados entre los que apoyan al presidente Luis Arce y los que siguen respaldando a Morales. Esta situación hizo imposible que el oficialismo lograra los dos tercios de respaldo parlamentario para establecer quiénes irían en la boleta.
Un golpe a la Constitución, a la democracia y al Estado de Derecho, como señaló, en su momento, el expresidente y opositor, Carlos Mesa.
El propio Morales colocó en X un mensaje señalando que, a partir de enero de este 2024, habría un “órgano judicial y un TCP de facto”.
En efecto, las extravagancias jurídicas terminan por devorar a sus creadores, porque no responden más que a la lógica del poder.
Pero ya sabemos que nadie experimenta en cabeza ajena, y en nuestro país seremos testigos de un cambio radical en el sistema judicial, de un jalón y sin matices, sobre todo si no se hacen cambio en la iniciativa que presentó el presidente López Obrador desde el cinco de febrero, un día, por cierto, en el que prefirió no acudir a Querétaro a la ceremonia en la que se conmemora la promulgación de la Constitución de 1917.
Ese desplante era ya un mensaje sobre la agenda que se iba a impulsar, y que terminó siendo uno de los ejes de la propuesta de Morena en la pasada campaña electoral.
Antes de que termine el año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrá una integración de nueve ministros, los que deberán al cargo a quien los postuló, pero sobre todo a quienes hayan hecho el trabajo de buscarles apoyos y votos.
Ahora sí, el único límite para el Poder Ejecutivo será el que se imponga a sí mismo, y más con la ausencia de equilibrio en las legislaturas.
@jandradej
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