La desarticulación de la jefatura policial de Zacapu destapó una grave red de traición institucional en Michoacán, luego de que la FGE capturara al comisario Raúl Fuerte Rodríguez y a su subdirector por su presunta coautoría en la emboscada que provocó la muerte de cinco elementos de la Guardia Civil en Nahuatzen. Las investigaciones de las autoridades estatales apuntan a que ambos mandos habrían orquestado el robo y desvío de las armas de cargo corporativas de la policía municipal con el objetivo de abastecer directamente a las células operativas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), revelando cómo el arsenal del propio Estado fue entregado al crimen organizado para ejecutar la masacre en la Meseta Purépecha
La FGR sumó un nuevo fracaso en el caso Agronitrogenados luego de que una jueza federal rechazara imponer prisión preventiva justificada a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, debido a que el Ministerio Público presentó datos desactualizados y obtuvo información financiera del Afore de la imputada sin autorización judicial. La juzgadora Nora Iliana García Peralta criticó duramente las deficiencias técnicas de la fiscalía —como basarse en notas periodísticas y alertas migratorias tardías—, por lo que determinó que Lozoya Austin, vinculada a proceso por lavado de dinero tras presuntamente triangular 3.4 millones de dólares de AHMSA, llevará su proceso en libertad provisional con el uso de un brazalete electrónico, mientras la FGR mantiene abiertas otras indagatorias que incluyen el caso Odebrecht
La detención del abogado Alejandro Álvarez Puga en Cancún propina un golpe letal a la red de protección del clan Gómez Mont, al ser asegurado por la FGR como el último operador financiero clave que permanecía en libertad. El imputado fue recluido en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México para responder por su coautoría en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos de la Segob mediante empresas "factureras" y 1,446 operaciones bancarias simuladas; una captura estratégica que congela los activos de la organización y deja a la conductora Inés Gómez Mont completamente aislada y como la última prófuga de este histórico fraude al erario
A pesar de la reciente localización con vida de tres adolescentes desaparecidos en la entidad, colectivos y registros estatales advierten que la maquinaria de reclutamiento forzado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) opera bajo el mismo modus operandi de falsas ofertas de empleo. A través de testimonios e investigaciones, se revela que la organización criminal continúa enganchando a jóvenes mediante redes sociales para someterlos a procesos de deshumanización y adiestramiento violento en zonas como Teuchitlán y Tala; un mecanismo criminal que ha sobrevivido a detenciones e incluso a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho". Ante un registro que ya supera las 16 mil personas desaparecidas en el estado, el texto cuestiona severamente la inacción de las autoridades, quienes, pese a conocer detalladamente las rutas, perfiles y métodos del cártel, siguen sin desarticular esta estructura de captación
La desarticulación de la jefatura policial de Zacapu destapó una grave red de traición institucional en Michoacán, luego de que la FGE capturara al comisario Raúl Fuerte Rodríguez y a su subdirector por su presunta coautoría en la emboscada que provocó la muerte de cinco elementos de la Guardia Civil en Nahuatzen. Las investigaciones de las autoridades estatales apuntan a que ambos mandos habrían orquestado el robo y desvío de las armas de cargo corporativas de la policía municipal con el objetivo de abastecer directamente a las células operativas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), revelando cómo el arsenal del propio Estado fue entregado al crimen organizado para ejecutar la masacre en la Meseta Purépecha
El titular de Sedena, Luis Cresencio Sandoval, le dio a un grupo de senadores de la Comisión de Defensa, el 10 de noviembre, una perspectiva interesante de los Guacamaya Leaks: lo hackeado representa una mínima parte de los archivos.
La desarticulación de la jefatura policial de Zacapu destapó una grave red de traición institucional en Michoacán, luego de que la FGE capturara al comisario Raúl Fuerte Rodríguez y a su subdirector por su presunta coautoría en la emboscada que provocó la muerte de cinco elementos de la Guardia Civil en Nahuatzen. Las investigaciones de las autoridades estatales apuntan a que ambos mandos habrían orquestado el robo y desvío de las armas de cargo corporativas de la policía municipal con el objetivo de abastecer directamente a las células operativas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), revelando cómo el arsenal del propio Estado fue entregado al crimen organizado para ejecutar la masacre en la Meseta Purépecha
EMEEQUIS.–En la Secretaría de la Defensa Nacional ya tienen un balance preliminar del daño que causó el hackeo de 6.8 terabytes de sus archivos. En términos generales, el ataque no implicó, hasta el momento, los estragos que se estimaron en un primer momento.
El general secretario, Luis Cresencio Sandoval, le dio, a un grupo de senadores de la Comisión de Defensa, el 10 de noviembre, una perspectiva interesante al precisar que los servidores del Ejército almacenan 5 mil terabytes y que el alcance de los Guacamaya Leaks representa el 0.13 por ciento de ese universo.
A decir del general Sandoval, se trata del sistema Zimbra, el que permite tareas colaborativas, con correos electrónicos, calendarios y documentos. Esta plataforma sigue siendo utilizada por diversas dependencias del gobierno de México. Una advertencia, por supuesto, y un riesgo por demás latente de ataques similares.
Higinio Martínez, Josefina Vázquez Mota, Manuel Añorve, Mónica Martínez, Noé Castañón, Israel Zamora, Elí Cervantes y Sergio Barrera, atestiguaron, a lo largo de cinco horas, una exposición de temas respecto a los que el general estuvo dispuesto a compartir impresiones y datos.
En la conversación estuvo también presente el jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. La cita se dio en un contexto de posposiciones e inclusive de reclamos porque el general Sandoval no acudió en su momento a la Cámara de Diputados.
A pesar de las tolvaneras, los encuentros de legisladores y militares son frecuentes: 26 reuniones de trabajo y 32 visitas a las instalaciones de la Defensa. La dinámica, además, se tendrá que intensificar, derivada de los acuerdos que hicieron posible la aprobación de la extensión de la participación de la Armada Permanente en tareas de seguridad pública hasta 2028.
Entre los múltiples temas a tratar, destacó el de Guacamaya Leaks por cuestiones y preocupaciones más que evidentes y acaso por ello, los militares hicieron hincapié en que se trata de información obtenida de fuentes abiertas y no trabajada bajo la perspectiva de la inteligencia y las corroboraciones que se requieren.
Es decir, muchos de los reportes son de campo, pistas e indicios que debieron servir o servirán para indagatorias más profundas y para elaboración de documentos y análisis que sirvan para las tareas que tienen encomendadas los soldados y para la toma de decisiones.
A pesar de ello, no deja de ser un asunto escabroso, por todo lo que ya se divulgó y por lo que estaría en posibilidades de conocerse. Sí, mucho de lo narrado en las últimas semanas no es nada venturoso, pero así son las cosas y se tienen que encarar de alguna manera, con responsabilidad institucional.
Sería absurdo negar la gravedad de lo ocurrido y en particular las fallas de seguridad nacional que permitieron la sustracción de los archivos, pero lo que el general Sandoval le precisó a los senadores abre una perspectiva de análisis que debe servir, inclusive, para el tratamiento de los documentos que se han dado a conocer y que se seguirán haciendo públicos, en la medida en que los trabajos periodísticos sigan encontrando ángulos de interés.
Los riesgos, sin embargo, siguen presentes, porque la información puede ser utilizada de modo diverso e inclusive por el crimen organizado, porque de lo divulgado se pueden establecer rutinas, comportamientos y hasta estrategias de las Fuerzas Armadas y de los elementos que están desplegados en terreno y muchas veces realizando tareas de orden confidencial.
Un asunto parece claro, la dimensión de los Guacamaya Leaks sólo se tendrá a partir de un análisis más profundo, de trabajos de perspectiva larga y del tratamiento de especialistas, porque el tamaño del bosque, no permite tener claridad del detalle de los árboles. Es tanto lo que hay, que se pierde en esa avalancha de datos e historias.
Con el tiempo sabremos si el diagnóstico que están haciendo en la Secretaría de la Defensa es certero, pero por lo pronto parece razonable.
Es una forma de enfrentar una crisis que también es de información, y que acaso lo que requiere es justamente de mayores explicaciones, con los parámetros de lo posible, por los temas en cuestión, pero con la apertura que sea necesaria.
Hay un viejo consejo que atañe a lo que está ocurriendo y que precisa que, “la mejor forma de controlar la información, es proporcionarla”.
La desarticulación de la jefatura policial de Zacapu destapó una grave red de traición institucional en Michoacán, luego de que la FGE capturara al comisario Raúl Fuerte Rodríguez y a su subdirector por su presunta coautoría en la emboscada que provocó la muerte de cinco elementos de la Guardia Civil en Nahuatzen. Las investigaciones de las autoridades estatales apuntan a que ambos mandos habrían orquestado el robo y desvío de las armas de cargo corporativas de la policía municipal con el objetivo de abastecer directamente a las células operativas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), revelando cómo el arsenal del propio Estado fue entregado al crimen organizado para ejecutar la masacre en la Meseta Purépecha
La FGR sumó un nuevo fracaso en el caso Agronitrogenados luego de que una jueza federal rechazara imponer prisión preventiva justificada a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, debido a que el Ministerio Público presentó datos desactualizados y obtuvo información financiera del Afore de la imputada sin autorización judicial. La juzgadora Nora Iliana García Peralta criticó duramente las deficiencias técnicas de la fiscalía —como basarse en notas periodísticas y alertas migratorias tardías—, por lo que determinó que Lozoya Austin, vinculada a proceso por lavado de dinero tras presuntamente triangular 3.4 millones de dólares de AHMSA, llevará su proceso en libertad provisional con el uso de un brazalete electrónico, mientras la FGR mantiene abiertas otras indagatorias que incluyen el caso Odebrecht
La detención del abogado Alejandro Álvarez Puga en Cancún propina un golpe letal a la red de protección del clan Gómez Mont, al ser asegurado por la FGR como el último operador financiero clave que permanecía en libertad. El imputado fue recluido en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México para responder por su coautoría en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos de la Segob mediante empresas "factureras" y 1,446 operaciones bancarias simuladas; una captura estratégica que congela los activos de la organización y deja a la conductora Inés Gómez Mont completamente aislada y como la última prófuga de este histórico fraude al erario
A pesar de la reciente localización con vida de tres adolescentes desaparecidos en la entidad, colectivos y registros estatales advierten que la maquinaria de reclutamiento forzado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) opera bajo el mismo modus operandi de falsas ofertas de empleo. A través de testimonios e investigaciones, se revela que la organización criminal continúa enganchando a jóvenes mediante redes sociales para someterlos a procesos de deshumanización y adiestramiento violento en zonas como Teuchitlán y Tala; un mecanismo criminal que ha sobrevivido a detenciones e incluso a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho". Ante un registro que ya supera las 16 mil personas desaparecidas en el estado, el texto cuestiona severamente la inacción de las autoridades, quienes, pese a conocer detalladamente las rutas, perfiles y métodos del cártel, siguen sin desarticular esta estructura de captación
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