Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Las relaciones entre Estados Unidos y México se tensan con temas clave como migración, seguridad e inversiones. La crisis en el Instituto Nacional de Migración y el deterioro en la colaboración en seguridad destacan la creciente desconfianza. Las reformas al Poder Judicial y el fentanilo son preocupaciones centrales para EEUU, que también teme por la inseguridad jurídica que afecta las inversiones
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
EMEEQUIS. Más allá de Ken Salazar, quien ha sido un aliado del presidente López Obrador, las cosas van cayendo por su propio peso.
Puede existir una buena amistad, pero los intereses terminan por imponerse, tarde o temprano.
Para los Estados Unidos hay temas centrales: la migración, la seguridad y las inversiones.
La primera está más o menos controlada, porque desde que gobernaba Donald Trump, las autoridades mexicanas militarizaron la frontera con Guatemala, conteniendo el paso de los migrantes, aunque a un costo humanitario elevado.
En la actualidad, la zona es un territorio de disputa de organizaciones criminales, donde el tráfico de personas es una de las actividades más redituables.
El Instituto Nacional de Migración está pasando por una de sus peores etapas. En marzo de 2023, 40 personas murieron calcinadas en Ciudad Juárez porque se quedaron encerradas en una jaula de una estación cerca de la frontera con El Paso, Texas. El responsable moral y político de esos hechos, Francisco Garduño, ni siquiera tuvo que renunciar al cargo, aunque está vinculado a proceso.
La seguridad es un tema pendiente y desigual. Desde que el general Salvador Cienfuegos fue detenido, de modo efímero, por la DEA en Los Ángeles, la colaboración entre agencias se redujo al mínimo.
Había razones para profundizar la desconfianza, porque las investigaciones contra el exsecretario de la Defensa Nacional eran insostenibles y sin pruebas.
Pero no colaborar con la DEA o con la CIA puede significar entrar en una zona de ceguera en términos de inteligencia, ya que ellos son los que pueden procesar con mayor calidad la información.
El secuestro y luego detención de Ismael “El Mayo” Zambada es un ejemplo de hasta dónde pueden llegar las cosas, al grado de que las áreas de seguridad mexicanas no tienen una idea precisa de lo que ocurrió y ahora no saben dónde anda Ovidio Guzmán, excarcelado de una prisión de alta seguridad dos días antes de la llegada de Zambada.
Pero el meollo del asunto es el combate al fentanilo, que para Washington es un asunto de seguridad nacional, pero que en México no se tomó con la seriedad debida, porque el presidente López Obrador no quería admitir que aquí se fabrica, más allá de que los insumos provengan de China.
Las inversiones son la joya de la corona. Ya había desconfianza en torno a diversos cambios legales, donde las inconformidades alrededor de la ley eléctrica fueron una de las más relevantes.
Pero ahora, con lo que se pretende hacer con el Poder Judicial, ya se encendieron todas las alarmas. No es que sean altruistas, sino que son realistas y saben lo que puede ocurrir con su dinero cuando ya no haya seguridad jurídica.
También les importa lo que eso puede significar en términos de la democracia misma, porque lo último que quieren es falta de gobernabilidad e incertidumbre.
Por eso el subsecretario para el hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian A. Nichols, señaló que “como socios y amigos, compartimos nuestras preocupaciones sobre las reformas constitucionales propuestas.”
Lo que más les preocupa es la elección popular de jueces, porque es evidente que eso no acabará con la corrupción e inclusive puede agravarla.
Nichols, de paso, dejó claro que lo dicho por Salazar, hace unos días, es la voz de La Casa Blanca.
La reacción de envolverse en el nacionalismo esta vez no será de mucha utilidad, porque hay responsabilidades compartidas que provienen del T-MEC.
Es imposible pretender obtener los beneficios del libre comercio sin ajustarse a normas acordadas, donde los aspectos judiciales y de control del poder son esenciales.
El amigo Ken lo quiso decir a su modo, contando lo que sabe de derecho, pero ahora el Departamento de Estado lo puso en blanco y negro.
Las piruetas retóricas, el llamado a la soberanía, no van a conmover a nadie al otro lado de la frontera.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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