“Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país, no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras”, dice la reforma a la ley.
Michoacán, Jalisco y Guanajuato han registrado enfrentamientos que han incluido la quema de vehículos y comercios en varios municipios. El CJNG sería el responsable, pero sigue la incógnita sobre alguna posible captura.
Juez otorga a Silvano Aureoles protección provisional contra cualquier orden de aprehensión en su contra. Está prófugo desde el 1 de marzo.
La presencia de Francisco Herrera Franco en la boleta del Poder Judicial para competir para el cargo de juez penal federal en Michoacán ha encendido las alarmas de diferentes organizaciones civiles, y ahora también del presidente de la Cámara de Senadores.
“Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país, no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras”, dice la reforma a la ley.
La extorsión sólo es posible por las debilidades institucionales. Ocurre cuando no se tiene a quién acudir, porque las policías municipales o estatales están coludidas o son parte del crimen.
“Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país, no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras”, dice la reforma a la ley.
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Extorsión: ya no se resolvió en este sexenio. Análisis de Julián Andrade.
EMEEQUIS.– Como volar en círculos. Ese puede ser el resumen del gobierno que termina en materia de seguridad. Hay dos delitos con los que no se pudo: el homicidio y la extorsión.
De los primeros, las cifras son escandalosas y si se toma en cuenta el periodo que inició el 1 de diciembre de 2018 a la actualidad, ya son más de 190 mil las personas que perdieron la vida de modo violento.
Una parte sustancial de estos hechos está ligada a las rivalidades criminales. Es una historia conocida.
Pero las extorsiones también, y tienen un componente inquietante, porque muchas veces significa que los delincuentes de plano toquen a las puertas de los ciudadanos.
Este tipo de conductas no hay que confundirlas con el engaño telefónico, que también causa zozobra, pero que, por regla general, se queda en un fraude, cuando se obliga a las personas a depositar dinero a cambio de la supuesta liberación de un familiar.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de sobre la Seguridad Pública (2023) que realiza el INEGI, la extorsión es el tercer delito en frecuencia, sólo superado por el fraude (bancario y al consumidor) y el robo o asalto en calle o transporte público.
La extorsión está ligada a lo que conocemos como derecho de piso, la cuota que cobran las organizaciones criminales y que tiene sus expresiones más elevadas en lo que padecen los productores de limón y aguacate en Michoacán, por ejemplo.
Para los bandidos es una forma de apropiarse de las rentas y suple de algún modo la disminución de las ganancias en otro tipo de delitos, como los de la producción, trasiego y venta de mariguana o amapola.
Todo tiene una historia. Esta la podemos situar en Michoacán, cuando Los Zetas llegaron y establecieron toda una red de extorsión que en principio combatieron los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana, una guerra de diversos pliegues en la que siempre perdió, y lo sigue haciendo, la sociedad.
Es una situación que conoce quien será el jefe de oficina de la presidencia de la República, ya que Lázaro Cárdenas Batel, como gobernador, solicitó ayuda al presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006, con el objetivo de desmontar estructuras criminales que estaban afectando la vida cotidiana de la población.
Más allá de discusiones sobre la forma en que inició el operativo militar, lo que no se puede dejar de lado, es que existía la obligación de los gobiernos de todos los niveles para no dejar a los ciudadanos a merced de los lobos.
La extorsión sólo es posible por las debilidades institucionales. Ocurre cuando no se tiene a quién acudir, porque las policías municipales o estatales están coludidas o son parte del crimen.
Esto los bandidos lo saben y actúan en consecuencia, a sabiendas de que no habrá consecuencias.
Los ciudadanos terminan por pagar para que los protejan, porque no encuentran otra forma para darle continuidad a sus negocios.
El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, hace unas semanas reveló que los comerciantes están solicitando permisos para ampliar sus horarios y poder obtener los recursos que les solicitan los delincuentes para no atacarlos y dejarlos trabajar.
En Veracruz, a una escuela primaria, le pidieron 20 mil pesos mensuales para poder operar, “ya que son dos turnos”, así amagaron los extorsionadores. Sí, un centro educativo, con todo lo que ello implica para los alumnos, padres y maestros.
Hay que ponerse en los zapatos de quienes día conviven con miedo, porque no hay autoridad policial que haga algo al respecto. Los lobos son dueños de territorios, calles y comercios.
Algo se rompió en México y más vale reconocerlo y tomar cartas en el asunto. De qué tamaño será el problema, que hasta el presidente López Obrador, siempre reacio para admitir cualquier falla, reconoce que con la extorsión no se pudo.
@jandradej
“Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país, no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras”, dice la reforma a la ley.
Michoacán, Jalisco y Guanajuato han registrado enfrentamientos que han incluido la quema de vehículos y comercios en varios municipios. El CJNG sería el responsable, pero sigue la incógnita sobre alguna posible captura.
Juez otorga a Silvano Aureoles protección provisional contra cualquier orden de aprehensión en su contra. Está prófugo desde el 1 de marzo.
La presencia de Francisco Herrera Franco en la boleta del Poder Judicial para competir para el cargo de juez penal federal en Michoacán ha encendido las alarmas de diferentes organizaciones civiles, y ahora también del presidente de la Cámara de Senadores.
