Hay preguntas que no han sido respondidas públicamente y que no pueden evadirse.
EMEEQUIS.– Han pasado 72 horas desde el operativo que el gobierno presentó como uno de los mayores logros en la lucha contra el crimen organizado: la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Pero mientras las conferencias oficiales se suceden, y los titulares celebran la caída del capo más buscado del país, hay preguntas que no han sido respondidas públicamente —y que no pueden evadirse si hablamos de verdad y de Estado de derecho.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Sedena han informado que la identificación del cuerpo de Oseguera está “bien corroborada” y que se ha hecho a través de peritajes genéticos, aunque no han detallado con qué muestras se realizó la comparación de ADN ni el protocolo exacto del cruce de datos.
Tampoco se han publicado o filtrado imágenes de su arresto, la misión original según las fuerzas armadas.
En un caso de esta naturaleza, la confirmación exige, por lógica forense y por ordenamientos como el Código Nacional de Procedimientos Penales, una certeza científica basada en referencia genética de un familiar directo, lo que, en este caso, implicaría un análisis comparable con un pariente cercano, como su hijo —quien, según registros públicos, se encuentra recluido en Estados Unidos— o de otro miembro de su núcleo familiar. 
En paralelo, no se ha difundido ningún documento oficial tras su levantamiento en la escena, detalles de sus heridas durante el traslado o datos clave de necropsia. Preguntas obvias surgen: si la identidad fue confirmada, ¿por qué no hay un registro oficial para certificar públicamente lo que se afirma? En otras investigaciones de alto impacto, las autoridades han publicado datos o fotografías que permiten a la ciudadanía contrastar la narrativa oficial con la evidencia física. Hasta ahora, eso no ha ocurrido.
Más aún, no conocemos formalmente la necropsia de ley. Un certificado de defunción, el protocolo de autopsia o incluso un informe preliminar con causas de muerte, tipo de heridas, calibre y trayectoria de los proyectiles debieron ser parte de la transparencia mínima en un caso que ha impactado a todo el país.
Tampoco se ha aclarado qué persona fue la que, en relación de parentesco, mandó a un abogado a reclamar el cuerpo, como acaba de informar la FGR.
El tiempo es clave ya que, según expertos forenses consultados, la FGR no cuenta con infraestructura independiente de necropsia ni cámaras frigoríficas adecuadas para preservar cadáveres de alta relevancia balística o criminalística. 
Pero las dudas no terminan ahí. Durante la conferencia del 23 de febrero, el secretario Omar García Harfuch mencionó que en el operativo murieron también dos hombres del círculo de seguridad del propio “Mencho”, sin ofrecer nombres, cargos o perfiles detallados de esos agentes o presuntos colaboradores.
Solo se mencionó de forma general el caso de “El Tuli”, otro operador que falleció en el enfrentamiento. ¿Quiénes eran estos individuos? ¿Tenían historial criminal? ¿Qué carga de información implicaban? Esa opacidad alimenta conjeturas.
Se habla de alrededor de 70 detenidos y siete integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) muertos, entre ellos, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, durante el operativo en Tapalpa, Jalisco, informó Defensa, pero más allá de esos datos, es poco lo que se sabe de ese traslado de Tapalpa a la Ciudad de México vía aérea.
La falta de información oficial se vuelve más notoria cuando se revisan, por ejemplo, los criterios de transparencia que rigen en casos de alto impacto criminal. El Artículo 105 de la Ley General de Salud y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que los cuerpos deben ser identificados, custodiados e incluso puestos a disposición de familiares e instituciones competentes bajo protocolos estrictos. Esta práctica no solo es técnica: es un deber del Estado para garantizar certeza jurídica y desmontar teorías de conspiración que suelen florecer en ausencia de datos abiertos.
Estamos ante una secuencia que ya ha dejado señales claras de que no basta con afirmar un hecho si no se explican sus fundamentos. Las dudas sobre la cadena de custodia, el manejo de evidencia, los reportes de inteligencia y el destino de restos mortales no son caprichos conspirativos: son exigencias mínimas en un Estado constitucional de derecho.
Que la identificación esté “bien corroborada” no nos dice cómo, con qué muestras, en qué laboratorio, con qué controles de calidad ni bajo qué marco independiente de verificación externa. Que no existan datos específicos de la muerte del capo genera preguntas legítimas: si se está seguro de algo, ¿qué se pierde con mostrarlo? La ausencia de necropsias públicas, de información sobre la causa de muerte y de la documentación forense pertinente deja un vacío que no ayuda a fortalecer la confianza ciudadana.
Y entre todas estas dudas de técnica y procedimiento, hay otra que pesa como rubro ético: si la autoridad pretende que los mexicanos acepten una narración oficial como definitiva, debe mostrar pruebas, mecanismos, controles y resultados, no solo declaraciones de prensa.
Porque más allá de la relevancia operativa de abatir a uno de los líderes criminales más buscados del mundo —por cierto, también enfrentado con la justicia estadounidense y objeto de recompensas—, el ejercicio de autoridad no se agota en una muerte anunciada. Se complejiza en la transparencia de sus fundamentos, en la certeza de sus procedimientos, y en la capacidad del Estado para legitimar sus acciones frente a la sociedad a través de evidencia verificada accesible a la ciudadanía.
Y en ese terreno, a 72 horas de lo ocurrido, quedan demasiadas preguntas sin respuesta.
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