La caída histórica en las cifras de homicidios dolosos celebrada por el gobierno federal y los estados merece un análisis más profundo y menos triunfalismo político, advierte el autor, quien señala que una reducción estadística no equivale a derrotar la impunidad; detrás de este descenso podrían operar factores como la presión de la administración de Donald Trump contra los carteles, un reacomodo interno de las organizaciones criminales o la simple disciplina de grupos delictivos para evitar operativos, todo ello sumado a posibles discrepancias metodológicas entre las fiscalías y el INEGI que exigen prudencia antes de presumir resultados operativos definitivos
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en una defensa frontal de Andrés Manuel López Beltrán tras la revocación de su visa estadounidense, la cual calificó como un acto de evidente injerencia política al carecer de sustento probatorio ante las instituciones mexicanas y exigir la misma reciprocidad de pruebas que Washington demanda en casos de extradición, reprochando además que la narrativa opositora ignore el trabajo profundo y los resultados contundentes de su administración contra el huachicol fiscal; en tanto, la mandataria respaldó el deslinde de la Fiscalía General de la República (FGR) al reiterar que no existen indicios formales ni elementos sólidos contra el exdirigente partidista, un caso que mantiene alta tensión nacional tras las filtraciones de la defensa en el noticiero de Azucena Uresti y la tramitación de amparos federales para frenar cualquier intento de captura
La difusión de una lista de presuntos "desinformadores" por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal cruza la línea entre la legítima réplica gubernamental y el señalamiento desde el poder. Al identificar y exponer públicamente a periodistas y ciudadanos críticos, el Estado vulnera la protección de datos personales, intimida el ejercicio periodístico y atenta contra los límites constitucionales, transformando la crítica legítima en un blanco institucional que amenaza la libertad de expresión y la democracia. La opinión de @JulietDelrio
Un análisis de las declaraciones patrimoniales de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, revela un salto financiero que la llevó a reportar ingresos por casi 12 millones de pesos en 2025. Lejos de explicarse por su sueldo como mandataria estatal —el cual representó apenas el 15% de sus percepciones anuales—, el grueso de sus percepciones provino de la enajenación de bienes, destacando una casa adquirida en 2019 por 2 millones de pesos que fue vendida por 9.85 millones de pesos, un monto que representa casi cinco veces su valor de adquisición original en un lapso de aproximadamente cinco años.
La caída histórica en las cifras de homicidios dolosos celebrada por el gobierno federal y los estados merece un análisis más profundo y menos triunfalismo político, advierte el autor, quien señala que una reducción estadística no equivale a derrotar la impunidad; detrás de este descenso podrían operar factores como la presión de la administración de Donald Trump contra los carteles, un reacomodo interno de las organizaciones criminales o la simple disciplina de grupos delictivos para evitar operativos, todo ello sumado a posibles discrepancias metodológicas entre las fiscalías y el INEGI que exigen prudencia antes de presumir resultados operativos definitivos
La caída histórica en las cifras de homicidios dolosos celebrada por el gobierno federal y los estados merece un análisis más profundo y menos triunfalismo político, advierte el autor, quien señala que una reducción estadística no equivale a derrotar la impunidad; detrás de este descenso podrían operar factores como la presión de la administración de Donald Trump contra los carteles, un reacomodo interno de las organizaciones criminales o la simple disciplina de grupos delictivos para evitar operativos, todo ello sumado a posibles discrepancias metodológicas entre las fiscalías y el INEGI que exigen prudencia antes de presumir resultados operativos definitivos
La caída histórica en las cifras de homicidios dolosos celebrada por el gobierno federal y los estados merece un análisis más profundo y menos triunfalismo político, advierte el autor, quien señala que una reducción estadística no equivale a derrotar la impunidad; detrás de este descenso podrían operar factores como la presión de la administración de Donald Trump contra los carteles, un reacomodo interno de las organizaciones criminales o la simple disciplina de grupos delictivos para evitar operativos, todo ello sumado a posibles discrepancias metodológicas entre las fiscalías y el INEGI que exigen prudencia antes de presumir resultados operativos definitivos
EMEEQUIS.– El pasado 13 de agosto México registró 20 homicidios dolosos. La cifra más baja en muchos años. En Baja California se reportó solamente uno. Es una buena noticia. Cada asesinato que se evita significa una familia que no recibe la peor llamada de su vida. El problema empieza cuando, antes de entender qué está sucediendo, aparecen las matracas.
Durante los años que tuve responsabilidades de seguridad pública aprendí a desconfiar hasta de las buenas noticias. Cuando bajaban los homicidios mi primera pregunta era la misma. ¿Qué hicimos? ¿A quién detuvimos? ¿Qué célula desarticulamos? ¿Qué generador de violencia salió de circulación? Después volteaba hacia el otro lado. ¿Qué estaba ocurriendo entre los criminales? ¿Habían pactado? ¿Alguno se había impuesto? ¿Estaban reorganizándose?
La reducción que vive México merece mucho más análisis y bastante menos matraca.
Hay una disminución que no puede ignorarse. En Baja California el promedio oficial pasó de 7.1 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 3.7 en julio de este año. Una caída cercana al 48 por ciento. Extraordinaria si logra sostenerse. El detalle es que una estadística puede decirnos qué está ocurriendo, pero no necesariamente quién lo está provocando.
También hay que reconocer un cambio importante en la estrategia federal. El general Ricardo Trevilla y Omar García Harfuch encabezan una política mucho más activa contra las organizaciones criminales. Hay inteligencia, detenciones, decomisos y persecución de objetivos prioritarios. La diferencia respecto de buena parte del sexenio anterior es evidente. Negarlo sería injusto. Colgarles automáticamente la medalla por cada homicidio que deja de cometerse también sería demasiado fácil.
Existe otro jugador con enorme peso al que curiosamente le corresponden pocas matracas cuando se reparten los aplausos. Estados Unidos.
El regreso de Donald Trump cambió dramáticamente el costo de ser narcotraficante mexicano. Ocho organizaciones fueron designadas como terroristas. Aumentó la presión sobre dirigentes, operadores, finanzas y rutas. Se aceleraron extradiciones y entregas. Washington dejó claro que el narcotraficante mexicano ya no es solamente un asunto policiaco. Lo considera un problema de seguridad nacional.
Eso modifica conductas.
Un criminal puede seguir vendiendo droga y descubrir que organizar una masacre o convertir una ciudad en campo de batalla resulta pésimo para el negocio. Si hacer demasiado ruido aumenta las posibilidades de terminar perseguido por dos gobiernos, quizá convenga bajar el volumen. Menos homicidios no necesariamente significan menos crimen organizado. También pueden significar criminales más disciplinados.
Están además los reacomodos internos. La captura, muerte o debilitamiento de liderazgos puede desatar guerras, pero también terminarlas. Una organización que logra imponerse deja de necesitar diez homicidios diarios para demostrar quién manda. El territorio puede estar tranquilo porque llegó el Estado o porque ganó el delincuente. En la gráfica los dos escenarios se ven igualitos.
Por eso sorprende la facilidad con la que algunos gobiernos locales se cuelgan la medalla. ¿Dónde está el desarrollo institucional equivalente a una reducción del 40 o 50 por ciento? ¿Cuánto aumentó el esclarecimiento de homicidios? ¿Cuántas órdenes de aprehensión ejecutaron las fiscalías? ¿Cuántos homicidas fueron llevados ante un juez? ¿Cuánto disminuyó la impunidad?
También tenemos un asunto técnico que merece revisión. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las que posteriormente consolida el INEGI presentan diferencias importantes y se construyen con fuentes y metodologías distintas. Vale revisar cómo están clasificando las fiscalías los homicidios que terminan alimentando las estadísticas del Secretariado y si existen controles suficientes para garantizar que estamos contando lo mismo y de la misma manera a través del tiempo.
Ahí puede estar una parte importante de la historia. Un homicidio reclasificado, una carpeta registrada de manera distinta o criterios diferentes entre fiscalías pueden mover el resultado nacional. La explicación oficial podrá tener argumentos técnicos, pero también puede resultar bastante tramposa si la manera de clasificar termina ayudando a construir la cifra que políticamente conviene presumir. Antes de sacar las matracas habría que comparar periodos consolidados, criterios homogéneos y, sobre todo, esperar a ver qué termina diciendo el INEGI.
Políticamente hemos encontrado una coordinación admirable. Cuando aparece un día con 20 homicidios hay conferencia, gráfica, publicación y matraca. Cuando aparece un repunte diario o semanal, misteriosamente nadie encuentra la gráfica. Morena tiene razones evidentes para presumir la reducción y buena parte de los gobiernos de oposición también se subieron al barco. Finalmente encontramos algo capaz de unir a nuestra clase política.
No cuestiono que estén disminuyendo los homicidios. Lo celebro. Cuestiono que sepamos realmente por qué. Puede ser la presión estadounidense, el cambio operativo encabezado por Trevilla y Harfuch, el debilitamiento de organizaciones, los reacomodos criminales, las modificaciones en los mercados de drogas o una combinación de todo.
Lo que no podemos hacer es confundir menos cadáveres con más justicia. Una cosa es reducir homicidios y otra derrotar homicidas. Si nuestras fiscalías no demuestran que investigan, detienen y castigas mucho mejor que antes, tendremos menos asesinados, pero seguiremos asesinando la posibilidad de combatir la impunidad.
Una reducción cercana al 50 por ciento debería convertirnos en el nuevo crack mundial contra el crimen. Policías extranjeros haciendo fila para conocer la receta, universidades estudiando el milagro mexicano y gobiernos preguntándonos cómo demonios lo hicimos.
Curiosamente no sucede.
Aquí las matracas suenan fortísimo. Cruzando la frontera parece que nadie las escucha.
A lo mejor nuestras matracas todavía no hablan inglés.
O simplemente nos estamos haciendo tarugos solos, disfrazando números de buenos resultados operativos.
La caída histórica en las cifras de homicidios dolosos celebrada por el gobierno federal y los estados merece un análisis más profundo y menos triunfalismo político, advierte el autor, quien señala que una reducción estadística no equivale a derrotar la impunidad; detrás de este descenso podrían operar factores como la presión de la administración de Donald Trump contra los carteles, un reacomodo interno de las organizaciones criminales o la simple disciplina de grupos delictivos para evitar operativos, todo ello sumado a posibles discrepancias metodológicas entre las fiscalías y el INEGI que exigen prudencia antes de presumir resultados operativos definitivos
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en una defensa frontal de Andrés Manuel López Beltrán tras la revocación de su visa estadounidense, la cual calificó como un acto de evidente injerencia política al carecer de sustento probatorio ante las instituciones mexicanas y exigir la misma reciprocidad de pruebas que Washington demanda en casos de extradición, reprochando además que la narrativa opositora ignore el trabajo profundo y los resultados contundentes de su administración contra el huachicol fiscal; en tanto, la mandataria respaldó el deslinde de la Fiscalía General de la República (FGR) al reiterar que no existen indicios formales ni elementos sólidos contra el exdirigente partidista, un caso que mantiene alta tensión nacional tras las filtraciones de la defensa en el noticiero de Azucena Uresti y la tramitación de amparos federales para frenar cualquier intento de captura
La difusión de una lista de presuntos "desinformadores" por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal cruza la línea entre la legítima réplica gubernamental y el señalamiento desde el poder. Al identificar y exponer públicamente a periodistas y ciudadanos críticos, el Estado vulnera la protección de datos personales, intimida el ejercicio periodístico y atenta contra los límites constitucionales, transformando la crítica legítima en un blanco institucional que amenaza la libertad de expresión y la democracia. La opinión de @JulietDelrio
Un análisis de las declaraciones patrimoniales de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, revela un salto financiero que la llevó a reportar ingresos por casi 12 millones de pesos en 2025. Lejos de explicarse por su sueldo como mandataria estatal —el cual representó apenas el 15% de sus percepciones anuales—, el grueso de sus percepciones provino de la enajenación de bienes, destacando una casa adquirida en 2019 por 2 millones de pesos que fue vendida por 9.85 millones de pesos, un monto que representa casi cinco veces su valor de adquisición original en un lapso de aproximadamente cinco años.
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