El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, puso en marcha el Programa de Drenaje y Saneamiento de Nogales, una iniciativa estratégica respaldada por el gobierno federal y organismos internacionales que ejercerá una inversión superior a los 763 millones de pesos y 9.5 millones de dólares. Mediante la rehabilitación y ampliación de las plantas tratadoras Los Alisos, Puerta de Anza y Lomas de Anza, el proyecto busca elevar en un 36% la capacidad de saneamiento en la frontera, garantizando justicia social para las familias sonorenses y asegurando el cumplimiento de tratados binacionales al eliminar las descargas de aguas residuales hacia los arroyos transfronterizos.
En entrevista con EMEEQUIS, el diputado federal Mario Zamora Gastélum sentenció que la justicia de Estados Unidos está confirmando, mediante procesos de extradición y la intervención de un Gran Jurado, la trama delictiva que permitió el ascenso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa en 2021. El legislador priista denunció que el actual clima de violencia en el estado es consecuencia de haber ignorado la intervención del narcotráfico en las urnas —recordando la soledad política que enfrentó al impugnar la elección sin apoyo de abogados locales por miedo a represalias— y exigió a la administración de Claudia Sheinbaum que la FGR aclare el "montaje" en el asesinato de Héctor Melesio Cuén, advirtiendo que, ante la seriedad de las investigaciones internacionales y el retiro de visas a funcionarios, el gobierno mexicano debe actuar bajo la premisa de "tope donde tope"
El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, ha frenado la detención provisional con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, argumentando una absoluta falta de evidencias y fundamentos que justifiquen la urgencia del pedimento estadounidense. Mientras la FGR exige a la Cancillería solicitar pruebas "contundentes" a Washington bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, voces críticas como la del embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet denuncian una falta de autoridad moral y jurídica del Gobierno de México, señalando que se busca una secrecía inexistente en los tratados y recordando la entrega previa de 92 presuntos delincuentes a Estados Unidos sin el debido apego a los marcos legales
Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, puso en marcha el Programa de Drenaje y Saneamiento de Nogales, una iniciativa estratégica respaldada por el gobierno federal y organismos internacionales que ejercerá una inversión superior a los 763 millones de pesos y 9.5 millones de dólares. Mediante la rehabilitación y ampliación de las plantas tratadoras Los Alisos, Puerta de Anza y Lomas de Anza, el proyecto busca elevar en un 36% la capacidad de saneamiento en la frontera, garantizando justicia social para las familias sonorenses y asegurando el cumplimiento de tratados binacionales al eliminar las descargas de aguas residuales hacia los arroyos transfronterizos.
El Plan B para la Reforma Electoral sería un fraude directo a la Constitución. Pero como lo ha dicho alguna vez el presidente: “No me vengan con que la ley es la ley”. Lo ha hecho antes y lo puede hacer de nuevo.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, puso en marcha el Programa de Drenaje y Saneamiento de Nogales, una iniciativa estratégica respaldada por el gobierno federal y organismos internacionales que ejercerá una inversión superior a los 763 millones de pesos y 9.5 millones de dólares. Mediante la rehabilitación y ampliación de las plantas tratadoras Los Alisos, Puerta de Anza y Lomas de Anza, el proyecto busca elevar en un 36% la capacidad de saneamiento en la frontera, garantizando justicia social para las familias sonorenses y asegurando el cumplimiento de tratados binacionales al eliminar las descargas de aguas residuales hacia los arroyos transfronterizos.
EMEEQUIS.– Lo ocurrido el pasado 13 de noviembre sí tuvo efectos en Palacio Nacional, pese a los intentos de minimizarlo.
Fueron decenas de miles quienes salieron en defensa de la democracia y del Instituto Nacional Electoral (INE). Participaron más de 50 ciudades. No hubo entidad federativa en México sin una manifestación de apoyo.
En la conferencia matutina del 15 de noviembre, el presidente afirmó que prepara un Plan B para la Reforma Electoral. En caso de que no se apruebe antes del 15 de diciembre, se buscará materializarla con modificaciones a leyes secundarias.
Lamentablemente esta táctica no es nueva.
Tras el rechazo de la Reforma Eléctrica, de carácter constitucional, el Gobierno Federal replanteó su estrategia para lograr la aprobación de la Reforma de la Guardia Nacional, al carecer de capacidad de obtener la mayoría calificada en el Congreso.
Una reforma constitucional requiere el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes. En el caso de que asistan 500 diputados, se necesitará el voto favorable de 334. Respecto al Senado, bastan 86 de 128 legisladores. Con el reciente rechazo del PRI a la Reforma Electoral, no alcanzan estas cifras.
Respecto a una reforma legal, que modifica leyes secundarias, se requiere solo mayoría simple: La mitad más uno de los presentes.
El 3 de septiembre, Morena presentó un paquete de reformas para modificar 4 leyes secundarias, a fin de que la Guardia Nacional pase a manos del Ejército. Los votos de los legisladores oficialistas bastaron para lograr la mayoría simple, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
La oposición presentó una acción de inconstitucionalidad semanas después, la cual está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para su análisis y resolución.
Sin embargo, es difícil contar con la SCJN. Por un lado, se maneja en sus propios tiempos. Incluso la ley no le impone plazos.
En junio de 2020, la diputada Laura Rojas, entonces presidenta de la Mesa Directiva, presentó una controversia constitucional contra un acuerdo presidencial sobre los criterios para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Hoy lleva 2 años y 5 meses en la congeladora.
Por el otro lado, para invalidar normas, se requiere el voto de 8 de 11 ministros. Hoy sólo podemos contar con 6 o 7 de ellos. El Presidente ha nombrado durante su mandato, mediante el Congreso, a cuatro: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Rios Farjat y Loretta Ortiz Ahlf.
También se suma el Ministro Presidente, Arturo Zaldívar, que en ocasiones juega a favor del Gobierno Federal, como ocurrió en la votación de la acción de inconstitucionalidad de la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Su complicidad en el conteo de votos de las y los ministros impidió que fuera invalidada por completo.
En síntesis. Si la Reforma Electoral no logra mayoría calificada, se buscará vía leyes secundarias. En caso de que la oposición la impugne, el oficialismo confía en los propios tiempos de la SCJN y que no alcance de mayoría calificada para invalidarla.
Este camino se trata de un fraude directo a la Constitución. Pero como lo ha dicho alguna vez el presidente: “No me vengan con que la ley es la ley”. Lo ha hecho antes, y lo puede hacer de nuevo.
Quizás la próxima marcha que convoque la ciudadanía sea para exigir a las y los ministros que actúen como verdaderos guardianes de la Constitución.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, puso en marcha el Programa de Drenaje y Saneamiento de Nogales, una iniciativa estratégica respaldada por el gobierno federal y organismos internacionales que ejercerá una inversión superior a los 763 millones de pesos y 9.5 millones de dólares. Mediante la rehabilitación y ampliación de las plantas tratadoras Los Alisos, Puerta de Anza y Lomas de Anza, el proyecto busca elevar en un 36% la capacidad de saneamiento en la frontera, garantizando justicia social para las familias sonorenses y asegurando el cumplimiento de tratados binacionales al eliminar las descargas de aguas residuales hacia los arroyos transfronterizos.
En entrevista con EMEEQUIS, el diputado federal Mario Zamora Gastélum sentenció que la justicia de Estados Unidos está confirmando, mediante procesos de extradición y la intervención de un Gran Jurado, la trama delictiva que permitió el ascenso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa en 2021. El legislador priista denunció que el actual clima de violencia en el estado es consecuencia de haber ignorado la intervención del narcotráfico en las urnas —recordando la soledad política que enfrentó al impugnar la elección sin apoyo de abogados locales por miedo a represalias— y exigió a la administración de Claudia Sheinbaum que la FGR aclare el "montaje" en el asesinato de Héctor Melesio Cuén, advirtiendo que, ante la seriedad de las investigaciones internacionales y el retiro de visas a funcionarios, el gobierno mexicano debe actuar bajo la premisa de "tope donde tope"
El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, ha frenado la detención provisional con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, argumentando una absoluta falta de evidencias y fundamentos que justifiquen la urgencia del pedimento estadounidense. Mientras la FGR exige a la Cancillería solicitar pruebas "contundentes" a Washington bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, voces críticas como la del embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet denuncian una falta de autoridad moral y jurídica del Gobierno de México, señalando que se busca una secrecía inexistente en los tratados y recordando la entrega previa de 92 presuntos delincuentes a Estados Unidos sin el debido apego a los marcos legales
Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
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