El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó una jornada de trabajo en Vícam Pueblo junto al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, y la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, con el objetivo de consolidar las acciones del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui. Durante el encuentro, se informó la inversión coordinada con la federación de más de 18 mil 356 millones de pesos en infraestructura hídrica, territorio y educación, destacando la restitución de más de 45 mil hectáreas a la etnia —incluyendo 239 hectáreas del Rancho La Matanza— y el avance de proyectos clave como el Acueducto Yaqui y la ampliación del Distrito de Riego 018. Asimismo, las autoridades inauguraron un módulo del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) en las instalaciones de la Universidad del Pueblo Yaqui
En un reflejo del severo ajuste que sacude a la economía mexicana, la agencia Moody’s Ratings mantuvo la calificación de Pemex en ‘B1’, hundiéndola en la categoría de "bono basura" altamente especulativo tras haber degradado previamente la nota soberana del país, de la CFE y de cinco de los principales bancos comerciales al último escalón del grado de inversión (Baa3). A pesar de que la petrolera arrastra una abultada deuda de 79 mil millones de dólares y una producción en mínimos históricos de 1.6 millones de barriles diarios, la calificadora le otorgó una perspectiva estable gracias al blindaje financiero y de liquidez garantizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 y al desahogo de pasivos derivado de la reforma de pensiones
La administración estadounidense endureció su postura frente a la revisión del T-MEC al condicionar la continuidad del trato arancelario preferencial a un estricto incremento del "contenido americano" en las cadenas de producción regionales, con especial presión sobre los sectores automotriz, manufacturero y de minerales críticos. En una estrategia de alta presión encabezada por el representante comercial Jamieson Greer—quien no descartó que las negociaciones se extiendan más allá del plazo crítico del 1 de julio de 2026—, Washington forzará un esquema de negociación inicialmente bilateral que excluye a Canadá y que arrancará formalmente en la Ciudad de México el próximo lunes 25 de mayo de 2026
México y la Unión Europea consolidaron una alianza estratégica global tras la firma del Acuerdo Global Modernizado por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y la líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, liberando de aranceles el acceso a un mercado de 450 millones de consumidores en 27 países. Este tratado de última generación no solo elimina barreras comerciales para la industria automotriz y productos agroalimentarios insignia —otorgando además protección legal a cinco denominaciones de origen mexicanas—, sino que establece un compromiso geopolítico sin precedentes en materia de seguridad, mediante el cual el bloque europeo se sumará al combate al crimen organizado transnacional respaldando formalmente el "Plan México". Con esta histórica ratificación, el gobierno mexicano proyecta incrementar en un 50% sus exportaciones hacia el viejo continente para el año 2030, diversificando sus lazos económicos de manera complementaria a las mesas de revisión del T-MEC programadas para la próxima semana con Estados Unidos.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó una jornada de trabajo en Vícam Pueblo junto al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, y la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, con el objetivo de consolidar las acciones del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui. Durante el encuentro, se informó la inversión coordinada con la federación de más de 18 mil 356 millones de pesos en infraestructura hídrica, territorio y educación, destacando la restitución de más de 45 mil hectáreas a la etnia —incluyendo 239 hectáreas del Rancho La Matanza— y el avance de proyectos clave como el Acueducto Yaqui y la ampliación del Distrito de Riego 018. Asimismo, las autoridades inauguraron un módulo del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) en las instalaciones de la Universidad del Pueblo Yaqui
En la Cámara de Diputados se estaba configurando un error político de grandes consecuencias. Los 360 votos a favor del desafuero contra López Obrador se toparían con la realidad, cuando el presidente Fox anunciara un viraje, aceptara la renuncia de Macedo de la Concha y archivara para siempre el asunto.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó una jornada de trabajo en Vícam Pueblo junto al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, y la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, con el objetivo de consolidar las acciones del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui. Durante el encuentro, se informó la inversión coordinada con la federación de más de 18 mil 356 millones de pesos en infraestructura hídrica, territorio y educación, destacando la restitución de más de 45 mil hectáreas a la etnia —incluyendo 239 hectáreas del Rancho La Matanza— y el avance de proyectos clave como el Acueducto Yaqui y la ampliación del Distrito de Riego 018. Asimismo, las autoridades inauguraron un módulo del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) en las instalaciones de la Universidad del Pueblo Yaqui
EMEEQUIS.–Hace 18 años le quitaron el fuero al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. El PAN y el PRI votaron en conjunto para hacer procedente la acusación de la PGR por el delito de la violación de una suspensión de amparo.
Un juez había ordenado frenar, desde agosto de 2001, la construcción de un camino en el predio El Encino que comunicaría con el Hospital ABC en Santa Fe y no le hicieron el menor caso en el viejo Palacio del Ayuntamiento.
El juzgador ordenó a la PGR actuar en contra de lo que consideró, entre otras cosas, un abuso de autoridad, y el 7 de abril de 2005 San Lázaro era un hervidero en el que se tomaría una de las decisiones políticas más trascendentes en décadas, ya que se abriría la puerta para proceder penalmente contra uno de los aspirantes a la Presidencia de la República.
Nueve horas duró la sesión de la Cámara de Diputados. Una lectura del Diario de los Debates muestra que no pocos de los ejes de la discusión pública se plantearon desde ese momento. Por un lado, la defensa de la legalidad y, por el otro, la pertinencia de la justicia.
Desde el gobierno del presidente Vicente Fox se argumentó sobre la necesidad de acatar la ley, tratado de esquivar el sentido político de la acusación y en la cancha de López Obrador haciendo énfasis en que todo giraba en torno a la disputa de la nación, obviando las responsabilidades de no sujetarse a lo que disponen las leyes.
Al paso del tiempo resulta absurdo negar que el sentido del desafuero era sacar al que sería el candidato del PRD de la boleta, pero de igual forma es inútil refutar que lo planteado en los expedientes estaba sustentado.
El representante de la PGR, Javier Vega Memije, presentó las líneas centrales de litigio: “estamos aquí porque se desafió y se desobedeció el mandato del Poder Judicial de la Federación”.
Experimentado, el colaborador del procurador Rafael Macedo de la Concha, señaló que, al no acatar la suspensión, “los gobernantes se colocan por encima de los gobernados, por encima de las leyes que los rigen y en prejuicio de la democracia y las libertades”.
López Obrador esbozó lo que se convertiría en uno de los ejes de su discurso y en el tema de sus campañas: “son ellos (PAN y PRI) los que tienen miedo de que el pueblo opte por el cambio verdadero, y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses”.
Y resaltó lo que para él resultaba el centro de la hipocresía: “ahora resulta que, en el país de la impunidad, en el país del Fobaproa, de los Amigos de Fox, del Pemexgate y de otros latrocinios, cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos”.
En efecto, siempre hay dudas sobre el actuar de la autoridad, antes y ahora.
Lo que se estaba configurando era un error político de grandes consecuencias. Los 360 votos en favor de que se procediera contra López Obrador se toparían con la realidad días después, cuando el presidente Fox anunciara un viraje, aceptara la renuncia de Macedo de la Concha y se archivara para siempre el archivo de El Encino.
Lo advirtieron Jesús González Schmal, Pablo Gómez y de modo destacado un priísta, Roberto Campa Cifrián, quien manifestó: “la pregunta que debemos respondernos es si es esta una manera legítima de resolver la elección, cancelando una de las opciones de nuestra democracia, diciendo al pueblo que no tiene el derecho a decidir.”
Pero Campa tampoco se engañaba. “Comparto plenamente la percepción de que López Obrador está muy lejos de tener los atributos que reclama un estadista. Es mesiánico, fundamentalista, siempre cuestionando a la ley y retando a las instituciones”.
A 18 años de aquellos días, una frase de López Obrador todavía está dibujada como una incógnita: “todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia”. En efecto.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó una jornada de trabajo en Vícam Pueblo junto al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, y la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, con el objetivo de consolidar las acciones del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui. Durante el encuentro, se informó la inversión coordinada con la federación de más de 18 mil 356 millones de pesos en infraestructura hídrica, territorio y educación, destacando la restitución de más de 45 mil hectáreas a la etnia —incluyendo 239 hectáreas del Rancho La Matanza— y el avance de proyectos clave como el Acueducto Yaqui y la ampliación del Distrito de Riego 018. Asimismo, las autoridades inauguraron un módulo del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) en las instalaciones de la Universidad del Pueblo Yaqui
En un reflejo del severo ajuste que sacude a la economía mexicana, la agencia Moody’s Ratings mantuvo la calificación de Pemex en ‘B1’, hundiéndola en la categoría de "bono basura" altamente especulativo tras haber degradado previamente la nota soberana del país, de la CFE y de cinco de los principales bancos comerciales al último escalón del grado de inversión (Baa3). A pesar de que la petrolera arrastra una abultada deuda de 79 mil millones de dólares y una producción en mínimos históricos de 1.6 millones de barriles diarios, la calificadora le otorgó una perspectiva estable gracias al blindaje financiero y de liquidez garantizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 y al desahogo de pasivos derivado de la reforma de pensiones
La administración estadounidense endureció su postura frente a la revisión del T-MEC al condicionar la continuidad del trato arancelario preferencial a un estricto incremento del "contenido americano" en las cadenas de producción regionales, con especial presión sobre los sectores automotriz, manufacturero y de minerales críticos. En una estrategia de alta presión encabezada por el representante comercial Jamieson Greer—quien no descartó que las negociaciones se extiendan más allá del plazo crítico del 1 de julio de 2026—, Washington forzará un esquema de negociación inicialmente bilateral que excluye a Canadá y que arrancará formalmente en la Ciudad de México el próximo lunes 25 de mayo de 2026
México y la Unión Europea consolidaron una alianza estratégica global tras la firma del Acuerdo Global Modernizado por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y la líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, liberando de aranceles el acceso a un mercado de 450 millones de consumidores en 27 países. Este tratado de última generación no solo elimina barreras comerciales para la industria automotriz y productos agroalimentarios insignia —otorgando además protección legal a cinco denominaciones de origen mexicanas—, sino que establece un compromiso geopolítico sin precedentes en materia de seguridad, mediante el cual el bloque europeo se sumará al combate al crimen organizado transnacional respaldando formalmente el "Plan México". Con esta histórica ratificación, el gobierno mexicano proyecta incrementar en un 50% sus exportaciones hacia el viejo continente para el año 2030, diversificando sus lazos económicos de manera complementaria a las mesas de revisión del T-MEC programadas para la próxima semana con Estados Unidos.
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