El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, ha frenado la detención provisional con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, argumentando una absoluta falta de evidencias y fundamentos que justifiquen la urgencia del pedimento estadounidense. Mientras la FGR exige a la Cancillería solicitar pruebas "contundentes" a Washington bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, voces críticas como la del embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet denuncian una falta de autoridad moral y jurídica del Gobierno de México, señalando que se busca una secrecía inexistente en los tratados y recordando la entrega previa de 92 presuntos delincuentes a Estados Unidos sin el debido apego a los marcos legales
Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
En la conferencia matutina del 1 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura de firme defensa de la soberanía nacional, rechazando cualquier subordinación ante las presiones de Estados Unidos derivadas de las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al afirmar que "en México decidimos los mexicanos", la mandataria desestimó encontrarse en una posición de debilidad y condicionó la actuación de su gobierno a la presentación de pruebas y al debido proceso de la Fiscalía General de la República, amparando a Rocha Moya bajo la presunción de inocencia. No obstante, este espaldarazo oficial ocurre en un clima de alta tensión diplomática y ante revelaciones periodísticas que señalan una presunta red financiera de la familia del gobernador que habría desviado cientos de millones de pesos en recursos públicos.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, ha frenado la detención provisional con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, argumentando una absoluta falta de evidencias y fundamentos que justifiquen la urgencia del pedimento estadounidense. Mientras la FGR exige a la Cancillería solicitar pruebas "contundentes" a Washington bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, voces críticas como la del embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet denuncian una falta de autoridad moral y jurídica del Gobierno de México, señalando que se busca una secrecía inexistente en los tratados y recordando la entrega previa de 92 presuntos delincuentes a Estados Unidos sin el debido apego a los marcos legales
Al paso que van, cuando lleguen los ministros de la Suprema Corte electos en urnas, tendrán mucho tiempo libre, si continúa el festín de reformas en las que se reducen sus atribuciones.
El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, ha frenado la detención provisional con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, argumentando una absoluta falta de evidencias y fundamentos que justifiquen la urgencia del pedimento estadounidense. Mientras la FGR exige a la Cancillería solicitar pruebas "contundentes" a Washington bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, voces críticas como la del embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet denuncian una falta de autoridad moral y jurídica del Gobierno de México, señalando que se busca una secrecía inexistente en los tratados y recordando la entrega previa de 92 presuntos delincuentes a Estados Unidos sin el debido apego a los marcos legales
Cada vez menos atribuciones para los ministros. Análisis de Julián Andrade.
CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– Los países se van degradando paulatinamente. No ocurre de un solo golpe, sino que van acumulando equívocos y contratiempos que, con el paso del tiempo, terminan por conformar escenarios que son ya difíciles de revertir.
Pero hay situaciones en la que se puede apreciar la profundidad del pozo desde sus linderos y la vocación de abismo que tienen algunos.
Un ejemplo de esto es la propuesta de adición al Artículo 1 de la Constitución que terminaría, de un plumazo, con el control de la convencionalidad.
Eran solo unas líneas, pero funestas: “en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad”.
La iniciativa la presentó el senador Adán Augusto López Hernández, líder de Morena. Inclusive subió a tribuna para dejar claro la importancia que le deba al hecho de colocar a la Constitución por encima de cualquier tratado internacional.
Terminar con el control que hacen los jueces de la convencionalidad podría significar, tarde o temprano, el abandonar inclusive el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y comprometer toda una serie de tratados y acuerdos, entre ellos lo que incluyen cláusulas democráticas, por cierto.
¿Por qué importa? Para decirlo sencillo es un instrumento que permite que la aplicación de la ley siempre se aplique en favor de las personas, donde prevalezca la disposición que encaje en ese principio y que muchas veces está expresada en acuerdos como la Convención Americana por los Derechos Humanos.
López Hernández no es un improvisado, por lo que no podría apelar a confusión alguna y más bien habría que tratar de dilucidar de dónde provino semejante idea.
Quien lo asesoró lo hizo mal y lo metió en un brete; lo delicado del asunto, sin embargo, es que lo intentó. Contaba con la complacencia de Ricardo Monreal, quien desde San Lázaro se ha convertido en una suerte de bulldozer contra el marco legal que considera neoliberal.
Sabemos que López Hernández no consultó en todos lados, o no lo hizo con la vehemencia debida en Palacio Nacional, porque le ordenaron dar marcha atrás en ese propósito.
Pero la sola posibilidad de dinamitar los avances en derechos humanos corrió como pólvora sobre todo en organizaciones que se dedican a su defensa, como el Centro Pro y Amnistía Internacional y de inmediato plantearon las objeciones respectivas.
Razones para la preocupación sobran, sobre todo porque sería un descalabro respecto a la reforma, esa sí coherente, garantista y progresiva, puesta en marcha en 2011.
Hasta el senador Javier Corral, quien hace algún tiempo era panista pero ya está sumado de tiempo completo a la 4T celebró “la sensibilidad” de López Hernández para retirar la iniciativa “de carácter regresivo”.
Y clarificó que “el fin práctico e inmediato de esa iniciativa de reforma –impedir que el propio Poder Judicial obstaculice la Reforma Judicial—no justifica el debilitamiento del sistema de Derechos Humanos que se ha construido en los últimos años y que se ha reconocido a nivel internacional.”
¿Corral habría votado en contra? Lo dudo, en Morena no se permiten esas debilidades y las proclamas solo se pueden lanzar cuando ya hay una línea definida, como es el caso, al menos por el momento.
Pero el que se haya dado marcha atrás es apenas un respiro, porque permanecen iniciativas que tienen por objeto hacer inoperante al Poder Judicial, como las que se refieren al amparo y a las restricciones que quieren imponerle.
Aquilatadas en conjunto, este tipo de iniciativas, puede ser el camino a soluciones nada democráticas, ya que van reduciendo las facultades de protección con las que todavía cuenta la Constitución.
Al paso que van, a mediados del próximo año, cuando lleguen los ministros de la Suprema Corte electos en urnas, tendrán mucho tiempo libre, sobre todo si continúa el festín de reformas en las que se reducen sus atribuciones.
El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, ha frenado la detención provisional con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, argumentando una absoluta falta de evidencias y fundamentos que justifiquen la urgencia del pedimento estadounidense. Mientras la FGR exige a la Cancillería solicitar pruebas "contundentes" a Washington bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, voces críticas como la del embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet denuncian una falta de autoridad moral y jurídica del Gobierno de México, señalando que se busca una secrecía inexistente en los tratados y recordando la entrega previa de 92 presuntos delincuentes a Estados Unidos sin el debido apego a los marcos legales
Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
En la conferencia matutina del 1 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura de firme defensa de la soberanía nacional, rechazando cualquier subordinación ante las presiones de Estados Unidos derivadas de las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al afirmar que "en México decidimos los mexicanos", la mandataria desestimó encontrarse en una posición de debilidad y condicionó la actuación de su gobierno a la presentación de pruebas y al debido proceso de la Fiscalía General de la República, amparando a Rocha Moya bajo la presunción de inocencia. No obstante, este espaldarazo oficial ocurre en un clima de alta tensión diplomática y ante revelaciones periodísticas que señalan una presunta red financiera de la familia del gobernador que habría desviado cientos de millones de pesos en recursos públicos.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
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