Dar rostro no es vileza: es periodismo (y al poder le incomoda)

Por Sandra Romandía #CuálEsLaHistoria

EMEEQUIS.– Hay mañanas en que la relación entre prensa y poder se tensa como un alambre demasiado estirado. La crítica desde el poder al trabajo de El Universal, por publicar fotografías de las víctimas del accidente del Tren Interoceánico, no es una anécdota: es una señal. Y no una menor. En esa descalificación de este martes por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum —envuelta en el lenguaje moralizante de la “humanidad” y la “vileza”— asoma una pretensión más profunda: dictar qué periodismo es aceptable cuando la tragedia exhibe fallas que el Estado preferiría administrar en silencio.

El tratamiento de El Universal fue irreprochable por una razón elemental: dar identidad a las víctimas no es morbo, es memoria. No son números ni daños colaterales; son biografías interrumpidas. Nombrarlas y mostrarlas devuelve densidad humana a un hecho que, de otro modo, quedaría encapsulado en comunicados y condolencias oficiales. Hannah Arendt lo advirtió con precisión quirúrgica: cuando se borra a la persona, se vacía el sentido de la responsabilidad. Sin rostro, la tragedia se vuelve estadística; sin nombre, nadie responde.

A esta crítica se sumó otra, igual de reveladora. La presidenta descalificó, en tono burlón, al diario Reforma por investigar informes previos y posibles fallas estructurales en las vías del Tren Interoceánico. “O el Reforma, que ya son especialistas en vías”, dijo. La frase no es un chascarrillo: encierra una tesis peligrosa. Sugiere que los periodistas solo pueden indagar aquello para lo que tengan una credencial técnica, como si el escrutinio público estuviera reservado a especialistas certificados por el propio sistema que debe ser vigilado.

La pregunta es inevitable —y profundamente incómoda—: ¿desde cuándo el periodismo necesita permiso técnico para investigar? ¿Desde cuándo revisar documentos oficiales, contrastar informes, consultar antecedentes y preguntar por omisiones exige ser ingeniero, perito o funcionario? Si ese criterio se aceptara, el periodismo de investigación desaparecería por decreto. Nadie podría investigar corrupción sin ser contador; nadie podría documentar violaciones a derechos humanos sin ser jurista; nadie podría cubrir una tragedia sanitaria sin ser médico.

La metodología periodística no compite con la técnica: la interpela. No reemplaza al experto, pero conecta puntos, cruza archivos, revela alertas ignoradas y pone en contexto lo que los especialistas —muchas veces— advirtieron y nadie quiso escuchar. Exigir “expertise” como condición para investigar no es una defensa del rigor; es una coartada para blindar decisiones públicas de cualquier escrutinio incómodo.

Lo inquietante, entonces, no es solo que el poder se incomode —eso ocurre incluso en democracias maduras—, sino que pontifique sobre cómo deben comportarse los periodistas. Si ese reproche prosperara, la cobertura de una catástrofe debería reducirse a boletines, anuncios de acciones paliativas y declaraciones de funcionarios que lamentan lo que no supieron —o no quisieron— prevenir. El periodismo quedaría confinado al papel de vocero; la sociedad, a la de espectadora pasiva.

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Conviene recordar que dar rostro a las víctimas y revisar antecedentes incómodos es una tradición central del periodismo moderno, no una excentricidad local. The New Yorker lo hizo en 1946 con Hiroshima: puso rostro a la tragedia en historias, un parteaguas ético que cambió la manera de narrar la guerra. The Guardian publicó retratos y relatos de las víctimas de Grenfell para evitar que la catástrofe se diluyera en un expediente técnico. The New York Times y The Washington Post han hecho lo propio al investigar fallas estructurales detrás de desastres evitables: humanizar para comprender, comprender para exigir cuentas.

Ahora bien, ¿qué dice la ley mexicana? No existe una regulación específica que prohíba, per se, la publicación de imágenes de víctimas mortales en contextos noticiosos ni la investigación periodística de documentos técnicos. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares parte del consentimiento como regla general, pero reconoce excepciones vinculadas al interés público y a las fuentes de acceso público. Esto no autoriza el espectáculo ni el abuso; obliga a la proporcionalidad. La discusión jurídica no se resuelve con el conjuro de la “ilegalidad”, sino con el análisis de contexto, finalidad informativa y trato digno.

La ética periodística internacional es clara y, al mismo tiempo, exigente. Los códigos no ordenan ocultar la realidad; ordenan minimizar el daño sin borrar el hecho. Respetar la dignidad, evitar el sensacionalismo, considerar a las personas vulnerables, verificar y contextualizar.

Para ordenar el debate, conviene fijar algunos puntos:

• El poder prefiere víctimas sin biografía y fallas sin contexto. Una cifra se administra; un rostro interpela. Un informe aislado se archiva; una investigación lo conecta.
• El interés público no se reduce al comunicado ni al dictamen técnico. Investigar antecedentes, documentar riesgos previos y mostrar consecuencias humanas es parte del contrapeso democrático.
• El poder en turno no puede dar clases de periodismo ni dictar qué es de interés de las audiencias y qué no.
• La legalidad no es un pretexto para moralizar ni para descalificar. En ausencia de prohibiciones expresas, el estándar es proporcionalidad, método y dignidad, no obediencia al poder.

Nada de esto ocurre en el vacío. Las declaraciones de la presidenta que descalifican a los medios se producen en un contexto particularmente sensible: en los últimos meses, la crítica periodística en México ha sido respondida no con argumentos, sino con procesos judiciales y mecanismos de intimidación. El caso del periodista Rafael León vinculado a proceso en Veracruz; el de Karla Estrella en Sonora; el del medio Guerrero Trends demandado por la alcaldesa de Acapulco; el de los procesos judiciales contra Héctor de Mauleon…. Y la lista sigue (como nunca antes). Distintos contextos, un mismo patrón: judicializar la palabra y enviar el mensaje de que investigar tiene costo.

Leídas en conjunto, estas expresiones no son frases sueltas ni exabruptos retóricos. Configuran un clima. Uno en el que el poder no solo se defiende de la crítica, sino que intenta fijar los límites del oficio: qué se puede investigar, quién puede hacerlo y con qué credenciales. Ese es el terreno donde la democracia empieza a erosionarse sin estridencia, pero con eficacia.

Nada de esto implica desconocer el dolor de las familias ni banalizarlo. Implica, precisamente, lo contrario: impedir que ese dolor sea administrado como un trámite y que las fallas queden encapsuladas en informes que nadie lee. La memoria pública —incómoda, a veces áspera— es un derecho de la sociedad y una obligación del periodismo. Paul Ricoeur advertía que sin memoria justa no hay responsabilidad política posible; borrar el rostro y desautorizar la indagación es el primer paso para diluir la culpa.

Por eso, el fondo del asunto no es una fotografía, un titular ni una burla sobre “expertos en trenes”. Es la tentación de convertir la ética en un látigo selectivo, la técnica en un muro y la humanidad en un argumento para desactivar preguntas. Esa reacción no es menor: es un exceso antidemocrático. Porque en una democracia, el poder no dicta cómo se mira ni cómo se investiga la tragedia; a lo sumo, aprende a rendir cuentas cuando alguien se atreve a mirarla —y a indagarla— de frente.

@Sandra_Romandia