Colaboremos juntos o no avanzaremos: narcotráfico, FBI y soberanía en México

*Por Odracir Espinoza Valdez

EMEEQUIS.– El caso de Ismael “El Mayo” Zambada volvió a colocar a México y Estados Unidos frente a una verdad incómoda: el narcotráfico se combate con cooperación, pero la cooperación sin reglas se convierte en abuso. Si se confirma que una agencia estadounidense participó en la extracción, traslado o aseguramiento de un capo desde territorio mexicano sin conocimiento ni autorización formal del Estado mexicano, no estaríamos ante un simple “golpe operativo”; estaríamos ante un problema jurídico, diplomático y constitucional de primer orden.

La presidenta Claudia Sheinbaum elevó el tono al exigir que Estados Unidos aclare la participación del FBI en el secuestro o traslado voluntario (ojo con eso) de Zambada, después de que se conociera que el avión usado en el traslado fue incorporado a una exhibición vinculada con el FBI. La mandataria preguntó: “¿quién miente aquí?”, en referencia a las versiones previas del exembajador Ken Salazar, quien negó participación de agencias estadounidenses. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, fue más directa: “Las versiones son contradictorias. Alguien mintió”, y sostuvo que una intervención extranjera no autorizada vulneraría la soberanía nacional y la ley mexicana, cuestión que sin duda si se materializa, cuidado con eso. 

Me enfoco a lo nuestro, la pregunta jurídica es algo sencillo de formular y posiblemente difícil de responder: ¿hasta dónde puede llegar Estados Unidos en la persecución de criminales mexicanos fuera de su territorio?

Lo hemos escrito y dicho en otras ocasiones, pero la respuesta formal debería ser: hasta donde lo permiten los tratados, la cooperación judicial, la extradición, la asistencia jurídica mutua y el consentimiento del Estado mexicano, No más allá. El Tratado de Asistencia Jurídica Mutua entre ambos países existe precisamente para obtener evidencia, información y testimonios en el extranjero con valor admisible en tribunales. El propio Departamento de Justicia estadounidense ha explicado que los MLAT famosos, permiten a autoridades y fiscales obtener evidencia fuera de su país en forma utilizable ante sus cortes. Además, el Tratado de Extradición México–Estados Unidos y su protocolo son la vía ordinaria para entregar personas reclamadas por delitos graves, insisto, no más allá. 

El meollo del asunto es pues, que los Estados Unidos Americanos tiene una larga historia de usar vías formales cuando le conviene y bordearlas cuando cree que el objetivo lo justifica. El caso más famoso es United States v. Alvarez-Machain. Les platico, en el año de 1990, un médico mexicano fue secuestrado en México y llevado a Estados Unidos por su presunta participación en el caso Camarena, la Suprema Corte estadounidense sostuvo en 1992 que esa “abducción” no impedía juzgarlo en Estados Unidos, al considerar que el tratado de extradición no prohibía expresamente ese tipo de captura. Esa decisión fue una bofetada jurídica para nuestro país, ya que el tribunal estadounidense permitió el juicio, pero debemos ser cuidadosos, eso no significa que la operación fuera legítima desde la perspectiva de soberanía o derecho internacional, incluso me atrevo a decir que debió ser considerada violatoria de derechos humanos.

Este antecedente no es único, esta incluso la famosa operación Casablanca, por si no la recuerdan, corría el año 1998, cuando el Servicio de Aduanas de Estados Unidos realizó una investigación encubierta de lavado de dinero que involucró bancos mexicanos, más o menos como lo que paso recientemente con el caso de Intercam, CI Banco y Vector; Washington la presumió tanto que la consideró como un gran éxito, mientras acá en nuestro país, la condenamos y protestamos por la forma en que agentes estadounidenses habrían operado en territorio nacional sin autorización, en posible violación de leyes mexicanas y acuerdos internacionales, pero no pasó de ahí una protesta diplomática, pero nada más. De igual forma, unos años más tarde a nivel Latinoamérica, Associated Press reveló otra operación denominada Money Badger, una operación encubierta que realizó la DEA contra funcionarios venezolanos que, según el propio memo citado por AP, se ejecutaría unilateralmente y sin avisar al gobierno venezolano, reconociendo desde el inicio que podía violar el derecho internacional, pero que la harían si o si, otro antecedente que se suma. 

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Pero regresemos, entonces ¿cómo se hacen estas operaciones? No son películas de espías como vemos en las plataformas, aunque a veces sin duda si les parecen. Usan informantes (hoy concepto de moda en México), agentes encubiertos, empresas fachada, entregas controladas, grabaciones, pagos vigilados, cooperación de testigos, vigilancia financiera y coordinación con fiscales, todo en un engranaje que bien aceitado da estos resultados. Cabe señalar en este momento, que las guías del Departamento de Justicia para operaciones encubiertas del FBI regulan actividades donde un empleado oculta su relación con el Buró mediante identidad o cobertura, y prevén autorización especial cuando existen circunstancias sensibles. El problema no es que existan operaciones encubiertas; el problema es cuando cruzan una frontera sin permiso, ese sin duda es el problema.

Si un agente extranjero actúa en México sin autorización, la lectura constitucional mexicana es severa. La investigación de delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías bajo su conducción; no a las agencias extranjeras operando por cuenta propia, coordinadas si, por su cuenta no. No olvidemos, e insisto, los tratados celebrados por México son ley suprema de la Unión, por lo que no pueden ser sustituidos por acuerdos informales, “buenos oficios” o arreglos clandestinos. 

Ahora, tampoco debemos usar la soberanía como coartada para la ineptitud, cuidado con eso, y ¿la inteligencia Mexicana?. Pero regreso, Estados Unidos se equivoca si cree que puede secuestrar soberanía ajena en nombre del combate a los cárteles, a pesar de su legislación y de sus ordenes ejecutivas. Pero también aquí en México también sin duda se equivoca —y mucho— sobre todo si permite que el crimen organizado controle territorios, corrompa autoridades, infiltre aeropuertos clandestinos y luego lo más lamentable es que se indigna porque otro país actúa. La indignación mexicana insisto, debe venir acompañada de expedientes, detenciones, sanciones y limpieza institucional. Sin eso, la soberanía se vuelve discurso hueco y que terminará como en otros casos: una protesta diplomática.

El desgaste social y político ya es evidente. La sociedad mexicana ve dos gobiernos acusándose mientras el crimen organizado sigue cobrando vidas, desapareciendo personas y capturando instituciones. Washington presume resultados, pero alimenta la desconfianza regional con operaciones opacas. México denuncia injerencia, pero no termina de explicar cómo un supuesto capo pudo ser sustraído del país en una aeronave con irregularidades, localizador apagado y posibles vínculos con una cadena de hechos que incluyó la muerte del Sr. Héctor Cuén, como ha señalado la propia cronología pública. 

La Embajada de Estados Unidos en México y el Gobierno mexicano deben entender algo elemental: o se institucionaliza la cooperación o se normaliza el conflicto. No se puede combatir delincuencia organizada con secretos a medias, filtraciones, exhibiciones de museo y versiones contradictorias.

Cierro con tres conclusiones puntuales:

– Si el FBI o cualquier agencia estadounidense intervino en territorio mexicano sin autorización, México debe presentar nota diplomática formal, exigir expediente completo, pedir responsabilidades y revisar el marco de operación de agencias extranjeras en el país, esto es, sí o sí.

– Si México no quiere intervenciones, debe demostrar capacidad propia, investigar a fondo el caso, judicializar a quienes facilitaron el traslado, aclarar la muerte de Cuén y cerrar cualquier red de protección criminal, ya es tiempo de esto.

– Si ambos países deben construir una regla básica cooperación: sí, subordinación no; soberanía sí, impunidad tampoco. Porque el enemigo real NO olvidemos, no es el vecino, es la delincuencia organizada que aprovecha la soberbia de Washington y la debilidad institucional de México para seguir gobernando en las sombras.

Y ¿Si si colaboramos? Avanzaremos en conjunto en esta lucha, y ¿Si No? Perderemos una gran oportunidad.

*Mtro. Odracir Ricardo Espinoza Valdez. Abogado Penalista, Académico, Primer Fiscal Anticorrupción del País y Ex asesor Legal del Departamento de Justicia de EU en México.

@Odra__sir