Almanza se mantiene en su postura de inocencia y de negativa a entregarse a Estados Unidos. Se queda en dos la cifra de procesados en EU.
El cerco judicial estadounidense sobre la estructura de seguridad de Sinaloa sumó un nuevo eslabón con la entrega voluntaria de Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación del estado, quien es señalado por el Departamento de Justicia de EE. UU. de mantener presuntos nexos y facilitar el intercambio de información táctica con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El movimiento del exjefe policiaco representa un giro radical en su estrategia legal, ya que días antes había comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para rechazar categóricamente las acusaciones y asegurar que no se presentaría ante las cortes norteamericanas
El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, comparecerá este lunes 1 de junio de 2026 ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, marcando el primer careo formal de alto nivel dentro del llamado caso Rocha Moya. El exfuncionario de 66 años, quien se entregó voluntariamente en Arizona el pasado 11 de mayo, ya se declaró "no culpable" de cargos federales por conspiración para importar narcóticos y posesión de armamento; sin embargo, el Departamento de Justicia de EE.UU. sostiene que aprovechó su posición estratégica para recibir pagos ilícitos y realizar filtraciones sistemáticas de información confidencial para proteger a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa
En una proeza de velocidad que desafía cualquier ley de la física y la lectura comprensiva, los congresos estatales operaron a la velocidad de la luz para otorgar rango constitucional al polémico blindaje electoral de Morena y sus aliados en menos de 11 horas. Con el voto aprobatorio ultra exprés de 17 legislaturas locales para la reforma judicial electoral y 18 para la nulidad por intervención extranjera, el bloque oficialista consumó un agresivo rediseño del sistema político mexicano —que incluye el generoso "regalazo" de hasta 18 años en el cargo para los magistrados del TEPJF—, dejando listo el terreno para la declaratoria oficial en el Congreso de la Unión sin que los diputados locales se vieran en la penosa y tardada necesidad de leer las minutas
Almanza se mantiene en su postura de inocencia y de negativa a entregarse a Estados Unidos. Se queda en dos la cifra de procesados en EU.
Artículo 19 advirtió que en Puebla, de 2018 a 2024, se documentaron 22 procesos judiciales contra periodistas por su labor informativa. Un patrón que ahora se blinda con más leyes.
Almanza se mantiene en su postura de inocencia y de negativa a entregarse a Estados Unidos. Se queda en dos la cifra de procesados en EU.
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Son varios frentes donde Morena quiere apagar voces.
POR JUAN ORTIZ / LUPA LEGISLATIVA
EMEEQUIS.– El poder absoluto de Morena continúa mutando en un poder sin límites ni controles. En Puebla, el Congreso local aprobó modificaciones al Código Penal que podrían criminalizar la libertad de expresión.
La propuesta fue publicada al día siguiente por el gobernador Alejandro Armenta, convirtiendo en ley el riesgo de prisión para periodistas, activistas o críticos del poder.
El proyecto fue impulsado en 2024 por José Luis García Parra, entonces legislador local y hoy coordinador del gabinete estatal. Entre las nuevas figuras delictivas se encuentran el “ciberasedio” y el “espionaje digital”, vagamente definidos y peligrosamente aplicables.
Organismos como la Red Puebla de Periodistas y Artículo 19 lo advierten con claridad: el Artículo 480 sanciona con hasta tres años de cárcel a quien “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje de forma insistente”.
Es una redacción ambigua que deja abierta la puerta para castigar el disenso. Mientras que los artículos 479 (espionaje digital) y 258 Ter (usurpación de identidad) también padecen de redacción vaga, capaz de criminalizar el manejo profesional de información por periodistas.
Artículo 19 advirtió que en Puebla, de 2018 a 2024, se documentaron 22 procesos judiciales contra periodistas por su labor informativa. Un patrón que ahora se blinda con más leyes.
Y esto no se queda en Puebla.
En el Congreso federal rondan iniciativas del Ejecutivo federal que prometen seguridad y combate al crimen, pero esconden más control.
El primer paquete es la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Bajo el pretexto de proteger a ciudadanos, buscan imponer registros obligatorios:
Modelos como RENAUT (Calderón) o PANAUT (AMLO) ya fallaron: no redujeron la delincuencia, pero sí violaron la privacidad y vulneraron datos. La Suprema Corte declaró inconstitucional al PANAUT en 2022. Regresan, sin lecciones.
Expertos de R3D, Artículo 19 y SocialTIC apuntan que estas leyes consolidan una infraestructura tecnológica autoritaria.
Permiten la vigilancia masiva, sin límites, sin controles. Van contra la privacidad, la libertad de expresión y los derechos humanos.
Y, paradójicamente, colocan a la población en mayor riesgo: no solo por el Estado, sino por la delincuencia que podría acceder a esas mismas bases de datos.
La respuesta oficial es “combatir el crimen”, pero nadie convence. R3D revela que no hay evidencia de que grabar líneas o centralizar biométricos reduzca delitos. Al contrario, sí hay evidencias de exclusión y abuso.
En el caso de la Ley de Telecomunicaciones se propone también:
Son herramientas más de censura que de control: sin transparencia ni regulación, todo puede ser vigilado sin freno.
Morena habla de combate a la corrupción y equidad. Y quién no estaría de acuerdo. Sin embargo, las herramientas que activa pueden usarse para otros fines: silenciar disidencia, disciplinar prensa, disciplinar ciudadanos.
El poder absoluto siempre tendrá la tentación de perseguir al mensaje incómodo y de convertir la centralización de datos en arma política.
Morena podría impulsar con sus mayorías reformas profundas al sistema de justicia para mejorar la labor de policías, ministerios públicos, juzgados y fiscalías, hoy sobrepasadas, saturadas y abandonadas. Sin embargo, amplía los controles digitales.
Mientras tanto, los mecanismos de justicia social continúan en segundo plano, velados tras discursos y aparatos jurídicos que se exhiben como progresistas.
La pregunta es inevitable: ¿quién vigila al que vigila?
No se trata de negar la necesidad de garantizar la seguridad. Pero siempre debe existir límites, reglas claras, contrapesos visibles. Caso contrario, lo que progresa es un poder sin freno.
Y donde no hay freno, sobra el autoritarismo.
@JuanOrtiz_MX
Almanza se mantiene en su postura de inocencia y de negativa a entregarse a Estados Unidos. Se queda en dos la cifra de procesados en EU.
El cerco judicial estadounidense sobre la estructura de seguridad de Sinaloa sumó un nuevo eslabón con la entrega voluntaria de Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación del estado, quien es señalado por el Departamento de Justicia de EE. UU. de mantener presuntos nexos y facilitar el intercambio de información táctica con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El movimiento del exjefe policiaco representa un giro radical en su estrategia legal, ya que días antes había comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para rechazar categóricamente las acusaciones y asegurar que no se presentaría ante las cortes norteamericanas
El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, comparecerá este lunes 1 de junio de 2026 ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, marcando el primer careo formal de alto nivel dentro del llamado caso Rocha Moya. El exfuncionario de 66 años, quien se entregó voluntariamente en Arizona el pasado 11 de mayo, ya se declaró "no culpable" de cargos federales por conspiración para importar narcóticos y posesión de armamento; sin embargo, el Departamento de Justicia de EE.UU. sostiene que aprovechó su posición estratégica para recibir pagos ilícitos y realizar filtraciones sistemáticas de información confidencial para proteger a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa
En una proeza de velocidad que desafía cualquier ley de la física y la lectura comprensiva, los congresos estatales operaron a la velocidad de la luz para otorgar rango constitucional al polémico blindaje electoral de Morena y sus aliados en menos de 11 horas. Con el voto aprobatorio ultra exprés de 17 legislaturas locales para la reforma judicial electoral y 18 para la nulidad por intervención extranjera, el bloque oficialista consumó un agresivo rediseño del sistema político mexicano —que incluye el generoso "regalazo" de hasta 18 años en el cargo para los magistrados del TEPJF—, dejando listo el terreno para la declaratoria oficial en el Congreso de la Unión sin que los diputados locales se vieran en la penosa y tardada necesidad de leer las minutas
