Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Xóchitl niega obligación de citar párrafos "prestados" en iniciativas
La senadora y representante del Frente Amplio por México dijo que muchas de sus propuestas retoman conceptos de política pública y no por ello son plagio. Afirmó que está próxima la resolución de la UNAM sobre su informe para titulación, y descartó cualquier riesgo de perder el título
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
EMEEQUIS. La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, virtual candidata del Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD), afirmó que en cuanto a propuestas legislativas no existe la consideración de plagio, y que los asambleístas no están obligados a citar la procedencia de datos o fuentes informativas de las que pueden extraer párrafos.
Cuestionada por EMEEQUIS al término de su gira en su estado natal, que culminó con un acto político en un salón de Pachuca organizado por las dirigencias de los tres partidos que la impulsan, la exjefa delegacional de Miguel Hidalgo sostuvo que no incurrió en falta al usar información de otros sin dar el crédito como parte de su trabajo cameral.
“En las iniciativas no hay párrafos que se vuelan, porque la verdad es que tú retomas conceptos de política pública; o sea, las iniciativas no son de plagio”, afirmó al ser inquirida sobre los párrafos extraídos, textuales o similares, de artículos y páginas de internet informativas, sin el respectivo crédito, como identificó este medio en tres iniciativas propuestas por la originaria de Tepatepec, Hidalgo.
–¿No es necesario poner la fuente de la información? –se le insistió.
–No. No es necesario. Es un concepto legislativo. Tú retomas alguna iniciativa, tú retomas párrafos de política pública –reiteró, aunque en el preámbulo de la pregunta se planteó que los elementos que incorporó, en una atribución de autor, eran parte de trabajos difundidos en medios de comunicación, así como también de artículos y –como ella mencionó– de otros planes nacionales en diversas materias.
El reportaje, autoría de Miguel Ángel Teposteco, refiere que, tras revisar 26 textos firmados por la senadora, en tres propuestas hay párrafos textuales copiados, sin citas y sin referencias. Entre ellas, ideas como “México convertido en fábrica de pobres que amenaza con agravarse”, e interpretaciones de carácter cuantitativo y cualitativo como “la desigualdad que afecta a la población indígena es crónica. Casi tres de cada cuatro personas indígenas son pobres (73%). Son 8 millones 536 mil. Es cerca del doble de la incidencia de pobreza que la población no indígena”, ambas publicadas por Alejandro Páez en La Crónica.
En la segunda referencia, Gálvez atribuyó las estadísticas, en el texto presentado en la colegisladora, al Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022, elaborado por la Comisión Económica para América y el Caribe (CEPAL).
Respecto a la comparecencia ante el Comité de Ética de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por acusaciones de plagio en el trabajo que presentó para obtener el título de Ingeniera, Gálvez aseveró: “Todo (estuvo) muy bien. Demostré que soy la creadora del concepto de edificios inteligentes. Pronto van a emitir un resolutivo”.
–¿Hay riesgo de que le puedan retirar su título profesional?
“No, porque soy la creadora del concepto de edificios inteligentes (…) Va a seguir la guerra sucia. He construido más de 200 edificios”, culminó.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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