La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
EMEEQUIS.– Donald Trump informó a través de Truth Social que un ataque de fuerzas gubernamentales mató a tres “narcoterroristas” en aguas internacionales. Este sería el tercer ataque contra embarcaciones que presuntamente transportaban droga a costas estadounidenses.
“Por mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realizaba narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de EE. UU. (USSOUTHCOM)”, escribió.
Según Trump, la inteligencia estadounidense “confirmó que el buque traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta de narcotráfico conocida rumbo a envenenar a los estadounidenses. El ataque mató a 3 narcoterroristas masculinos a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”.
ON VIDEO: U.S. Military Forces conducted a strike against a designated terrorist organization engaged in narcotrafficking. Intelligence confirmed the vessel was trafficking illicit narcotics and was en route to poison Americans. The strike killed three male narcoterrorists. pic.twitter.com/wjxRRMrxwB
En la publicación, el mandatario escribió con mayúsculas: “¡DEJEN DE VENDER FENTANILO, NARCÓTICOS Y DROGAS ILEGALES EN AMÉRICA, Y DE COMETER VIOLENCIA Y TERRORISMO CONTRA LOS ESTADOUNIDENSES!”
En esta ocasión, Trump no hizo referencia al Tren de Aragua o a alguna organización venezolana, ni dio detalles sobre la nacionalidad de la embarcación.
El pasado 15 de septiembre, Trump anunció un ataque contra la embarcación venezolana. En ese momento, el presidente de Estados aseguró que tenías pruebas de que el objetivo interceptado traficaba drogas:
“Bueno, tenemos pruebas, lo que tienen que hacer es mirar la carga que quedó esparcida por todo el océano: grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes; además, tenemos evidencia grabada de que se estaban yendo, hemos grabada una noticia, hemos sido muy cuidadosos porque sabemos que ustedes nos estarían persiguiendo (al referirse a los periodistas)”, dijo desde una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
La destrucción de un segundo navío se sumó a la acción del 2 de septiembre, cuando otro barco venezolano fue eliminado con saldo de 11 muertos, presuntamente miembros del grupo criminal Tren de Aragua. La Casa Blanca ha insistido en vincular directamente a este cártel con el gobierno de Nicolás Maduro, a quien acusa de ser cómplice en el tráfico de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos.
Las operaciones han generado tensiones diplomáticas en la región. El 15 de septiembre, Maduro respondió convocando a una conferencia de urgencia en el marco de la CELAC para defender la “soberanía y la paz en el Caribe”, al advertir que los ataques de Washington podrían escalar hacia un conflicto de mayores dimensiones. Mientras tanto, Trump ha mantenido un tono desafiante, advirtiendo que cualquier embarcación sospechosa será “cazada” si se le vincula con el traslado de drogas hacia su país.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
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